- La confianza aún no se restablece, porque falta fincar responsabilidades a la red de complicidades de los Abarca y su relación con la narcopolítica.
- Desaparición de los 43 normalistas dañó credibilidad de las instituciones del Estado mexicano.
El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, se pronunció por la permanencia en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y porque no exista impunidad y las autoridades actúen en contra de toda la red de complicidades de los ahora inculpados.
Respecto al GIEI dijo: “deben quedarse y continuar con su trabajo, porque su presencia favorece la credibilidad y ayuda a terminar con la impunidad”.
“Tal vez a algunas áreas del Gobierno les incomode su presencia, pero a los familiares de las víctimas y a sectores importantes de la sociedad, su presencia nos provoca confianza, por lo cual rechazamos su salida y consideramos que su estancia debe prorrogarse”, sostuvo Barbosa Huerta.
Además cuestionó: “¿Por qué las investigaciones sólo se han limitado a las autoridades municipales? ¿Por qué no se ha iniciado un proceso en contra de quien o quienes apoyaban o protegían a los Abarca? ¿Por qué no se investiga a todos los involucrados que actuaron o que fueron omisos en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014? La ausencia de respuesta a estas preguntas son lo que genera la percepción que en este caso se ha instalado la impunidad”.
Recordó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 nos lastimó como nación y este suceso dañó la credibilidad de las instituciones del Estado mexicano.
“Después de la desaparición de los 43 se cuestionó a nivel nacional e internacional el respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas. La confianza aún no se restablece, por eso la presencia del GIEI y sus puntos de vista resultan tan importantes”, insistió.
Miguel Barbosa Huerta dijo que mediante un acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos, se creó el GIEI y se establecieron las actividades principales: elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales.
Además, análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Señaló que los miembros del GIEI, designados por la CIDH, son Carlos Martín Beristain, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz, y Alejandro Valencia Villa, quienes son abogados, médicos, académicos y litigantes que desde hace años han trabajando en el ámbito de la justicia y los derechos humanos, con experiencia en varias partes del mundo, particularmente en Latinoamérica.
El coordinador parlamentario del PRD indicó que sería “altamente positivo” que el GIEI se quede y continúe haciendo su trabajo, “no debemos pasar por alto un hecho importante: el castigo a los responsables, pues hasta el momento sólo se han fincado responsabilidades a los policías y a las autoridades municipales”.
Refirió que en este sentido ha habido omisiones en el fincamiento de responsabilidades a la narcopolítica en el Estado de Guerrero, a la red de protección de los Abarca y los grupos del crimen organizado que operan en esa región del país.
Es por ello que la permanencia del GIEI es fundamental para contribuir a generar credibilidad y, sobre todo, que no exista impunidad, manifestó el senador Miguel Barbosa.
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