Por una cultura de la igualdad
El Estado mexicano no había tenido como prioridad el combate a la corrupción. La cooptación y el privilegio se convirtieron en la piedra fundamental del sistema político, lo que se ha traducido en una cultura de prepotencia y excepción.
Entre la fauna nociva de personajes que han hecho del privilegio y el abuso de lo público una forma de vida como prevaricadores, traficantes de influencias, gestores del bien público para beneficio propio, por mencionar algunos, hay una práctica que destaca por lo desafortunado que es más cotidiano y vulgar: el charoleo.
El término la charola, como aquella credencial o placa que identifica a un funcionario público, a la cual suele dársele el uso equívoco de infundir respeto y temor, un despliegue de poder, atribuible únicamente al estatus que otorga el ser empleado gubernamental.
Quien charolea es aquél que por ejercer una función pública presume que tiene una posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás ciudadanos, por lo que merece un trato privilegiado.
Y es que es bien conocida la famosa leyenda: “agradecemos a todas las autoridades civiles y militares, las facilidades que otorguen para la realización de las actividades del servidor público, portador de esta credencial”; asimismo, es necesario que las frases como “solicitar la atención”, “¿no sabe quién soy?”, “sólo por esta vez”, “reciba un saludo del jefe”, salgan de la cotidianeidad de nuestra sociedad.
Constituyen un picaporte para lograr beneficios, fuera de la ley, la ética y también de la estética. Se define como el acto de usar una placa —legal o falsa— con logotipos oficiales para ostentarse como servidor público y obtener beneficios o protección.
Desafortunadamente la práctica del charoleo surge en los años sesenta, cuando los diputados comenzaron a pedir identificaciones para sus colaboradores más cercanos, convirtiéndolos en un sinónimo de personas con conectes, lo cual sería adoptado por todos los organismos públicos.
Hasta hoy esta desafortunada práctica no cuenta con una sanción. Frente a esta situación, hace unos días presenté ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y adiciona el artículo 221 bis al Código Penal Federal.
Con esta iniciativa se pretende desincentivar la cultura de el charolazo que tanto ha dañado la imagen de nuestras instituciones, en manos de funcionarios públicos irresponsables. Los privilegios y las diferencias son odiosos, generan desprestigio y animadversión; una democracia no puede funcionar sobre la base de una sociedad diferenciada. El servicio público obliga, no libera de responsabilidad. El servicio público es para servir, no para servirse.
Lo que plantea esta propuesta es que a quienes hagan uso de su nombramiento en cualquier institución de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y soliciten atención especial o trato diferenciado del común de la sociedad, fuera del ámbito estricto de sus funciones, se hará acreedor a una sanción, que podrá ir desde una amonestación hasta una sanción económica. Con esto se podrá inhibir la prepotencia y valentía que les concede el cargo público.
Las modificaciones que se proponen en el Código Penal se refieren a la aplicación de una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (siete mil trescientos cuatro pesos), a todos los servidores públicos que, en ostentación de su cargo, presuman o se acrediten frente a otros servidores públicos, con el objetivo de solicitar excepciones, privilegios, quebrantar cualquier tipo de normatividad, evitar una sanción, tener una posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás ciudadanos, o cualquiera que le haga obtener beneficios a causa de su cargo.
De aprobarse, sería de gran utilidad y beneficio para el país, ya que con estas acciones se abona a una cultura de la igualdad, pero también necesitamos aprender a rechazarlo y denunciarlo al hashtag#NoAlCharoleo.
@LuisHFernandez
Senador de la República
