Es lamentable que el gobierno mexicano evada una visita de seguimiento por parte del relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, y con displicencia argumente una cuestión de agenda y un estricto apego a los protocolos establecidos para que expertos de la ONU realicen diagnósticos en nuestro país.
No puede continuar negando que la práctica de la tortura es cotidiana y ocurre en los tres órdenes de gobierno, porque así lo demuestran estudios y denuncias de organizaciones de la sociedad, organismos internacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La postura de las autoridades federales resulta contradictoria, pues en el discurso se dice abierto al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, pero en los hechos rechaza las críticas y no acata las recomendaciones que se le han hecho en materia de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Negar la crisis de derechos humanos sólo ha conducido a que ésta se profundice aún más y se observe de manera inaudita que un gobierno como el de Veracruz se sostenga a pesar de que está documentado que autoridades estatales y municipales son copartícipes de la delincuencia organizada en crímenes como tortura y desaparición forzada de personas.
Aún no está resuelto el caso de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca y ya hay una denuncia por la desaparición de otros tres jóvenes que en el norte de Veracruz fueron detenidos por elementos policiacos de Papantla, quienes les cubrieron el rostro, los subieron a las patrullas y se los llevaron.
Pero la visita del relator especial sobre Tortura de Naciones Unidas es sólo un eslabón de la equivocada política exterior en materia de derechos humanos que está implementado el gobierno de México.
Hoy, la decisión de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluya su investigación es simplemente una incoherencia, porque fue el Estado mexicano quien solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se comprometió a colaborar sin cortapisas en una investigación seria, profesional y acorde con estándares internacionales.
El secretario de Gobernación ha declarado que no habrá una nueva prórroga para la estadía del GIEI en México porque éste no ha aportado nueva información que dé con el paradero de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Esto produce la sensación de que las autoridades están empeñadas en conducir al Grupo a una situación imposible, pues por una parte le exigen resultados, pero por la otra, obstruyen la investigación al negarle peticiones para allegarse de información imprescindible.
No se debe interrumpir ni apresurar la conclusión de una investigación que es un compromiso con los familiares de los jóvenes estudiantes desaparecidos y con organismos y tratados internacionales, lo que debe hacerse es proporcionar todo lo solicitado por el GIEI para que concluya en tiempo y forma su misión.
La ponderación que haga el gobierno mexicano debe ser como Estado y no sólo como Poder Ejecutivo, porque el país lo que necesita es paz y tranquilidad, las posturas necias e irreductibles sobran.
Cerrarse a las observaciones y recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos ha tenido un alto costo para el gobierno, ha resultado en una calificación a escala internacional no muy buena.
Este tipo de actitudes sólo nos conducirán a confrontarnos con el derecho internacional, con los organismos internacionales, y yo creo que es una táctica totalmente equivocada por parte del gobierno mexicano. No es tiempo de caminar como cangrejo.
No debemos seguir ocultando nuestros problemas, tarde o temprano van a salir a la superficie y ahogarnos. Lo que tenemos que hacer es enfrentarlos, asumir sus consecuencias, tomar las decisiones que debamos para resolverlos y así llegar a la verdad y la justicia.
@angelicadelap
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República.
