- Busca armonizar Ley General de Salud con resoluciones de la SCJN sobre usos de la marihuana y derechos al desarrollo de la identidad
Con el propósito de reconocer a las personas consumidoras de marihuana como sujetos plenos de derechos y armonizar la regulación actual con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el derecho al desarrollo de la personalidad, la senadora Angélica de la Peña propuso modificaciones a Ley General de Salud y al Código Penal Federal.
Esta iniciativa, sostuvo la legisladora del PRD, es fundamental para los derechos y las libertades ciudadanas en nuestro país, pues busca romper con el paradigma prohibicionista y una postura estatal que transita del paternalismo a la criminalización en materia de consumo de drogas, particularmente de la cannabis.
Al presentar su propuesta ante el pleno del senado, la legisladora apuntó que desde que su origen, la llamada guerra contra las drogas ha generado más de 70 mil asesinatos, así como importantes afectaciones a la integridad, la libertad y la seguridad de millones de personas.
Asimismo, agregó que el empleo de la fuerza letal y la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública han dado resultados absolutamente cuestionables.
“Es necesario reconocer que se necesitan reformas en las políticas de drogas nacionales e internacionales que permitan cambiar el paradigma al respecto”, dijo.
Ene se sentido, la iniciativa propone reformas para erradicar la criminalización de las y los consumidores, dado que el paradigma actual los coloca en dos opciones: o son delincuentes o son enfermos.
“Tal estigmatización se ve agravada cuando los consumidores pertenecen a las clases sociales con menos recursos económicos ya que debido a su situación de vulnerabilidad se transforma en un obstáculo mayor para su acceso a los sistema de salud y educación sobre el consumo de sustancias psicoactivas”, añadió.
De la Peña Gómez destacó la importancia de establecer un catálogo mínimo de de derechos tanto para las personas consumidoras como para las personas con consumo problemático y que requieran de la atención de los servicios y centros públicos o privados para el acceso a los programas de prevención o de atención al consumo.
Al fundamentar su propuesta, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, apuntó que las resoluciones de la Corte evidencian que el marco regulatorio en la materia previsto en la Ley General de Salud impide a las personas ejercer el derecho a decidir qué tipo actividades recreativas o lúdicas desean realizar.
Por estas razones, apuntó, es preciso un ajuste al artículo 237, con la finalidad de eliminar del listado de sustancias de este artículo a la cannabis, con la finalidad de que se permita su siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo lúdico de la misma.
La senadora destacó la implementación de los Mecanismos Alternos de Justicia Terapéutica, cuyo fin será la reducción en el índice de delitos, la disminución en la recaída del consumo de drogas, menor población penitenciaria, eficiencia en el uso de los recursos: relación costo-beneficio, y la recuperación del individuo en la sociedad.
Con esta iniciativa, comentó, el Estado asume el control del proceso de producción de la cannabis y establece permisos para su cultivo al facultar a la Secretarías de Salud en coordinación con la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para emitir la normatividad correspondiente y defina las zonas donde se permitirá el cultivo de la misma.
De tal manera que el Estado deberá adquirir la totalidad de las cosechas por conducto de un solo intermediario y por tanto le corresponde almacenar existencias que no se encuentren en poder de fabricantes de productos medicinales derivado de la cannabis.
La iniciativa también plantea el establecimiento de los Clubes de Consumo Recreativo, los cuales operarán bajo estrictas condiciones para el otorgamiento de sus respectivas licencias que incluyen restricciones de edad para el acceso, el número de socios, la prohibición de la venta de otras sustancias psicoactivas y prohibiciones en la publicidad.
La Secretaría de Salud sería la encargada de autorizar el registro y funcionamiento de estos clubes, adonde no podrían ingresar los menores de 21 años
Por otro lado se plantea una modificación de la tabla de dosis máximas de consumo personal con criterios antropométricos para marihuana y cocaína.
Para el caso de la Mariguana se propone pasar de los cinco gramos que actualmente se permiten a una medida antropométrica de la cantidad que quepa en la cuenca de ambas manos del poseedor.
Y en tratándose de cocaína, en lugar de los 50 milígramos, se permita lo que contenga un sobre con los dobleces de un papel hasta de una pulgada del falange con la uña del dedo pulgar.
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