Sin pausa, pero sin PRIsa / Excélsior


En los próximos días, en el interior del Senado de la República, se van a decidir tres cosas que están interrelacionadas, y que resultan centrales para saber si el combate a la corrupción va en serio o no.

En primer lugar, se decidirá si el proceso legislativo para crear las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se hará en verdad de la mano de la ciudadanía; con apertura total a los especialistas mejor calificados, a las ONG y a los ciudadanos de a pie que también tienen ganas de participar. Los procesos colaborativos y transparentes son buenos instrumentos para combatir la corrupción; por ello, si se quiere construir el mejor sistema anticorrupción posible para México, uno esperaría que la respuesta a esta primera interrogante fuera un SÍ absoluto.

De ahí vendrá una segunda decisión. Junto con los representantes de las ONG más reconocidas en la materia, debe elaborase un calendario sensato de trabajo, una ruta crítica que no sucumba ante las prisas políticas de ningún partido, pero que tampoco detenga el ritmo que ya han alcanzado las negociaciones.

En el armado del calendario para la discusión de las leyes del SNA se debe privilegiar un debate sin mezquindades políticas de por medio. El país no soportará algo distinto.

Finalmente, la tercera decisión es cuándo y cómo abrir los mecanismos de enlace en tiempo real con los ciudadanos para realizar un ejercicio de Parlamento Abierto durante los debates. Este ejercicio consiste en crear una ley juntos, ciudadanos y legisladores, y es una práctica encaminada a alcanzar gobiernos más abiertos y corresponsables.

Si como clase política aspiramos a recuperar legitimidad y credibilidad, es imperativo garantizar un proceso transparente e incluyente, con la máxima publicidad y difusión, tanto de los documentos, iniciativas, minutas y demás materiales de trabajo, como de los propios ejercicios de análisis y discusión entre las diversas fuerzas políticas, sociedad civil y especialistas.

En este último punto ya tenemos avances importantes, tanto en fijación de posicionamiento público como en acercamientos con algunas de las ONG más activas en la materia, en coordinación con otras compañeras y compañeros legisladores.

Es importante insistir en que no sólo debemos garantizar un trabajo conjunto de parlamento abierto con los representantes de la sociedad civil organizada para realizar estudios técnicos sobre temas específicos, sino que tenemos la obligación de invitar abiertamente e incorporar a la ciudadanía en general. Sobre todo en estos momentos en los que nos acaba de mandar un mensaje claro y fuerte de su deseo de participar.

En un ejercicio de activismo ciudadano sin precedente, la gente ha demostrado, con una acción propositiva, su hartazgo e indignación frente a la corrupción e impunidad. Frente a la recolección de más de 300 mil firmas para respaldar la iniciativa llamada Ley 3 de 3 que, entre otras cosas, busca obligar a todo funcionario a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, de forma pública y periódica, es imperativo responder con mecanismos flexibles e innovadores de diálogo e interacción, y aprovechar el uso de las tecnologías y las redes sociales.

La vigilancia y participación directa de la sociedad son necesarias desde el arranque de esta siguiente fase del proceso legislativo, para fortalecer y brindar certeza a una reforma que es central para nuestro futuro.

Como lo he sostenido desde hace un año, y repetido constantemente, el SNA debe estar presidido de forma permanente por una figura ciudadana, dado que, en último término, la ciudadanía es la dueña del dinero público y la que tiene el mayor interés en verificar que sea utilizado de forma eficiente y transparente.

Un verdadero sistema de combate a la corrupción debe ser capaz de terminar con el perverso sistema de acuerdos que existe hoy entre sectores de la clase política, la clase empresarial y hasta el crimen organizado. Para ello, la participación y liderazgo de la sociedad civil son vitales.