El senador Luis Humberto Fernández Fuentes propuso reclasificar las figuras penales y endurecer las sanciones administrativas por portación, posesión, almacenamiento, compraventa, tráfico, transportación, uso y destino de armas de fuego, explosivos y accesorios sin permiso
Mediante una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el legislador del PRD pretende disminuir y transparentar la aplicación de los criterios en el otorgamiento de licencias y permisos de posesión o portación de armas de fuego.
Al fundamentar su propuesta, Fernández Fuentes aseveró que la legislación actual es laxa y limitada, pues permite portar armas de hasta 9mm sin mayor problema y, aún con armas de mayor peligrosidad, la sanción es una multa, sin pena corporal; “únicamente tiene consecuencias como agravante, no como delito por sí mismo”, apunto.
Aseguró que la deficiencia de la norma pone en riesgo bienes jurídicos tutelados por el Estado como la vida, el patrimonio, la paz, la salud y la seguridad nacional, además de que merma la capacidad del Estado para perseguir delitos y sancionar criminales.
“La falta de sanción es un incentivo que contribuye a elevar los niveles de inseguridad en nuestro país, crea un clima propicio para que las familias mexicanas sean víctimas de delitos, la gran mayoría relacionados con el uso de armas de fuego enajenadas o adquiridas ilícitamente”, destacó.
Para ilustrar el tamaño del problema, explicó Fernández Fuentes, las multas por la violación del reglamento de tránsito federal son equivalentes a la de la portación sin permiso de un arma: “la sanción económica por exceder los límites de velocidad permitidos es de $5,112.8 a $7,304 pesos; mientras que por posesión ilegal de armas es de 1,460.8 a 7,304.00”.
Además, dijo, la legislación con criterios discrecionales en su aplicación permite el incremento de dotación de armamento al crimen organizado, sofisticando las redes de corrupción y la economía del crimen.
En este sentido, aclaró, la iniciativa no pretende limitar el derecho constitucional a la portación de armas, sino sancionar de manera más efectiva su portación ilegal.
“No se proponen nuevos delitos, únicamente darle eficacia a la sanción de los que ya existen”, enfatizó.
El documento presentado al Pleno del Senado plantea que en el caso de portación, fabricación, importación o acopio de armas sin un fin lícito que puedan ser utilizadas para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se incremente de siete a quince años la pena, y de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso de la mismas.
“Además La propuesta contiene criterios más específicos para el otorgamiento de los permisos que en la actualidad son ambiguos e insuficientes”, apuntó.
La propuesta amplía los requisitos que solicitará la Secretaría de la Defensa Nacional para la portación legal de armas y endurece las sanciones para la portación, posesión y tráfico ilegal.
Luis Humberto Fernández enfatizó que las armas son el elemento fundamental que fomenta la violencia y la actividad delictiva; y dadas las condiciones de México, que se considera un país armado donde circulan ilegalmente cerca de 20 millones de armas de fuego, urgió a su pares a armonizar el marco jurídico para busca lograr un control más efectivo de las armas.
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