La iniciativa del senador Luis Humberto Fernández para tipificar los actos de corrupción como delincuencia organizada con el fin de generar sanciones efectivas que desincentiven la participación en redes de corrupción avanzó al ser aprobada por la Comisión de Justicia.
En reunión ordinaria de la Comisión de Justicia del Senado de la República, se aprobó reformar los artículos 164 y 212 del Código Penal Federal; 2 y 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y el artículo 194 Código Federal de Procedimientos Penales.
Durante la discusión del dictamen, la legisladora Angélica de la Peña afirmó que el combate a la corrupción es un reclamo social que debe ser atendido con seriedad y en el cual se deben tomar medidas para desincentivar que los servidores públicos incurran en este tipo de prácticas.
Destacó que el objetivo de la reforma se encuentra en combatir la corrupción atacando las redes que vulneran el Estado de derecho, la democracia y el libre mercado y que constituyen una industria integrada, que cubre desde la planeación, la operación, el manejo financiero, el blindaje jurídico, hasta la cobertura política.
El dictamen plantea fortalecer a las fiscalías responsables de sancionar este tipo de conductas y ser un instrumento legal para desarticular las redes de corrupción y no atacar hechos aislados únicamente.
Establece que cuando un miembro de una organización o banda delictiva sea servidor público se le imponga la destitución de su cargo, prisión de 10 a 15 años y 150 días de multa, además de inhabilitarlo por tres años o de forma permanente en el servicio público.
En caso de pertenecer a las Fuerzas Armadas Mexicanas, serán sancionados con la inhabilitación de entre cinco años y hasta de forma permanente para desempeñar cargo o comisión públicos.
El documento que aún está pendiente de ser aprobado por la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, destaca que con las reformas y adiciones propuestas por el senador del PRD se abre la posibilidad de investigar, perseguir y procesar a los servidores públicos que participen en el delito de asociación delictuosa previsto por el artículo 164 del Código Penal Federal como miembros de la delincuencia organizada.
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