Lograr el reconocimiento pleno de los derechos de las personas mayores es una necesidad impostergable y un acto de justicia y equidad social: Raúl Morón


Intervención en tribuna del senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa para modificar la Ley de Vivienda y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

 

Raúl Morón Orozco, (RMO): Con su permiso, senador presidente.

 

Compañeras y compañeros senadores;

 

Acudo a esta Tribuna para presentar una iniciativa que considero, más que un deber moral, un acto de justicia social, una obligación inconmensurable en favor de quienes todo lo han sido y todo lo han dado por el progreso de este país, y me refiero por supuesto a nuestros queridos adultos mayores.

 

Impulsar y en su momento aprobar una iniciativa que reconozca el derecho de los adultos mayores a vivir en condiciones de absoluta dignidad, nos obliga a pensar en lo que con justicia reclaman millones de mexicanos y mexicanas, que hoy, a pesar de haber entregado sus mejores años, su capacidad productiva, su talento y su experiencia, al desarrollo de la sociedad del presente, no cuentan con una habitación cómoda, accesible y asequible a las condiciones de su edad, capacidades físicas y a veces hasta de su estado emocional.

 

A propósito de estas palabras, quiero referirme a la cita textual pronunciada en el marco de la presentación del Departamento de Bienestar Social en la Ponencia de las Juntas Generales de Guipúzcoa, que a la letra reza lo siguiente:

 

“Ocurre que la persona mayor sola en el domicilio se va apagando, va cayendo en sus propias limitaciones progresivamente, en silencio y sin conciencia de su falta de condiciones dignas.

 

Simplemente se adapta. Y es que no tiene contraste, nadie le motiva ni le fuerza a mantenerse y reconocerse en una red social.

 

Un día se deja de bañar, al siguiente no se viste, al siguiente se levanta del sofá sin saber si es la mañana o la tarde, y las instituciones podemos mirar o no hacerlo, porque la mayoría de esas personas no nos van a pedir nada”.

 

Finaliza de la cita.

 

Las instituciones de la República no podemos dejar simplemente de mirar y reconocer que la transición demográfica es un fenómeno por el que atraviesa la población de muy diversos países. En nuestro caso, nos obliga no sólo a voltear, sino a ocuparnos con mayor grado de sensibilidad y responsabilidad en la búsqueda de soluciones.

 

La dinámica del envejecimiento, que hoy es más que un hecho relevante en nuestro tiempo, se acelerará en las próximas décadas, y provocará que al llegar al año 2050, los adultos mayores constituyan poco más de la cuarta parte de los residentes de nuestro país, según las tendencias censales que se aprecian de los últimos 15 años.

 

Es cierto, sin embargo, que la vejez es un proceso fisiológico normal dentro de la vida de todos los seres humanos, a la que todos o muchos habremos de llegar en los próximos años, pero lo que no es normal, ni justo, es que en esta etapa caracterizada por un declive gradual del funcionamiento de todos los sistemas corporales, el Estado, muchas veces, se muestre indiferente y hasta indolente.

 

Ante esta situación debemos reflexionar: ¿qué significa para las familias mexicanas el hecho de que las sociedad está envejeciendo?, ¿qué medidas está adoptando el Estado para responder a esta realidad? y ¿en qué situación, con quiénes, en dónde y en qué condiciones viven las personas de edades avanzadas?

 

Cualquiera que sea la respuesta, estoy convencido, que por lo menos en el caso del Estado, no hemos realizado lo necesario para mejorar su situación personal y patrimonial en condiciones de mayor dignidad.

 

Por eso creo que este asunto no puede ni debe esperar más, nuestro país debe preparar las respuestas institucionales y sociales encaminadas a enfrentar exitosamente el fenómeno del envejecimiento demográfico, tal como lo ha asumido al signar diversos instrumentos internacionales.

 

Algunos de esos compromisos, tienen relación justamente con la adopción de medidas legislativas y administrativas adecuadas para garantizar a las personas mayores un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos, prohibiendo todos los tipos de discriminación en su contra.

 

En este contexto a los legisladores nos corresponde impulsar esas políticas y medidas legislativas, de corte humanista, que permitan promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas mayores.

 

Porque debemos reconocer también que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado mexicano en materia legislativa y administrativa, a la fecha, las limitaciones y exclusiones persisten, lo que afecta la calidad y dignidad de la vida de nuestros adultos mayores; tal es el caso de lo que acontece con relación al derecho que tienen las personas adultas mayores a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, no obstante que éste es un derecho reconocido ampliamente en la propia Constitución y en diversos instrumentos internacionales.

 

Compañeras y compañeros Senadores:

 

Para las personas de edad, la vivienda y el entorno, son factores particularmente importantes por la seguridad emocional y psicológica que les brinda el hogar.

 

Es un hecho reconocido que una vivienda satisfactoria y adecuada a las condiciones de cada persona y de cada familia, puede ser muy benéfica para la salud y el bienestar.

 

El hogar no es sólo un edificio o un espacio físico, es un ámbito en el que se proyectan emociones, apoyos, identidad, seguridad, por lo que es conveniente que su edificación sea acorde a las necesidades de las personas mayores, para permitirles que continúen con un desarrollo activo familiar y comunitario, y disminuir la dependencia que puedan tener de la ayuda externa.

 

Desafortunadamente en nuestro país, la mayoría de las viviendas que habitan las personas mayores en general no responden adecuadamente a sus necesidades de habitabilidad, seguridad y accesibilidad.

 

El desafío de una vivienda segura y propicia para las personas adultas mayores implica reconocer, por una parte, la diversidad de sus necesidades y preferencias, incluidos la opción y el derecho de «envejecer en casa» y, por otra, las situaciones de fragilidad que exigen cuidados y formas especiales de residencia.

 

En balance se observa que la relación entre tener un tipo de limitación funcional o disminución de las capacidades físicas y sufrir accidentes en el propio hogar es muy alta; lo que sin duda debe ser un factor para promover la modificación o adaptación de los puntos conflictivos en el hogar.

 

Estoy convencido en ese sentido, que la discapacidad de las personas mayores por la disminución de su capacidad funcional progresiva, debe abordarse desde el paradigma del modelo social, el cual ve la discapacidad no como un atributo inherente a la edad, sino como un producto del contexto social y el entorno, incluyendo su estructura física, el diseño de edificios, la adaptabilidad de las zonas habitacionales, los sistemas de transporte, y por supuesto, los accesos y condiciones de infraestructura de las viviendas.

 

Por tal motivo es que se propone mediante la presente reforma, impulsar por una parte la autonomía de las personas mayores,  como sujetos de pleno derecho con una vida independiente y de interacción con su entorno.

 

Asimismo, para armonizar el contenido de la Ley de  Vivienda y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el contenido de los instrumentos internacionales emitidos por la ONU y otros, como la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores con relación al tema de la vivienda digna.

 

Con estas adecuaciones legislativas, alcanzaremos el objetivo de incorporar el tema del envejecimiento en las políticas públicas de vivienda y generar las condiciones legales para que las autoridades administrativas competentes impulsen la construcción y adecuación de viviendas dignas, acordes y seguras, que le proporcionen a los adultos mayores cero riesgos, libre movilidad y envejecimiento activo con calidad de vida.

 

Lograr el reconocimiento pleno de los derechos de las personas mayores es una necesidad impostergable y un acto de justicia y equidad social.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

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