Los senadores del Grupo Parlamentario del PRD votarán en contra del dictamen correspondiente a la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, advirtió la senadora Dolores Padierna Luna.
En reunión de trabajo de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, la vicecoordinadora del PRD apuntó que las Asociaciones Público Privadas (APP) son presentadas en la minuta como mecanismos de financiamiento destinado a cubrir requerimientos de inversión pública.
“Pero en realidad se trata de quitar al Estado el control de la calidad de servicios para transferirlo al sector privado”, afirmó.
La senadora comentó que diversos organismos internacionales han mencionado que los efectos de las APP serían positivos únicamente si se evita la corrupción y el conflicto de intereses en todo proceso de asignación y supervisión de los proyectos de este tipo de asociaciones.
Sin embargo, señaló la senadora, la minuta no resuelve el problema de transparencia y tampoco establece el sistema de evaluación a este sistema de financiamiento, por lo que es necesaria una ley más efectiva.
Dolores Padierna destacó que este mecanismo de asociación se convierte en un endeudamiento importante para los estados y a la luz de los resultados de las APP que existen, es un endeudamiento paralelo, contingente el se está formando de manera peligrosa para el Estado mexicano.
“Este mecanismo se trata de un endeudamiento a largo plazo que genera fuertes intereses y altos riesgos”, agregó.
En ese sentido, el voto del PRD en el pleno sobre este dictamen será en contra y demostrará cómo al menos 100 APP han servido para desviar recursos y generar endeudamiento.
Por su parte, el senador Alejandro Encinas Rodríguez aseguró que la reforma propuesta contiene vicios de inconstitucionalidad, ya que pretende integrar como parte de las dependencias reguladas en la ley a los órganos reguladores coordinados en materia de energía.
“Desde mi punto de vista éstos son órganos que dictan normas, vigilan y supervisan el cumplimiento de la ley y no tienen ninguna facultad de carácter ejecutivo para establecer contratos o concesiones de los temas a los cuales deben regular”, mencionó
En la discusión, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, reconoció que existen experiencias exitosas, pero también desastrosas en la aplicación de la figura de contratos de asociación público privada.
“En donde ha habido éxito es en aquellos casos donde ha prevalecido el interés público y ha permitido el incremento de la infraestructura y del capital público en general”, explicó.
No obstante, dijo, en demérito de estas asociaciones ha habido contratos que han significado de manera grave y dolosa la manifestación de recursos y afectaciones al erario público.
Encinas Rodríguez adelantó que durante la discusión del dictamen en el Pleno presentará ejemplos de los dos casos y comprobara cómo el uso indebido de esta figura puede dañar severamente el interés público y los recursos de la nación, un estado o un municipio.
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