- Desnaturaliza la esencia del Sistema Nacional Anticorrupción y se lleva todo al control de la Secretaría de la Función Pública
Conferencia de prensa ofrecida por los senadores del Grupo Parlamentario del PRD, encabezados por el coordinador Miguel Barbosa Huerta, para fijar una posición respecto al tema anticorrupción.
Miguel Barbosa Huerta, (MBH): Buenos días, en este día de duelo acá en el Senado de la República por el fallecimiento de nuestra compañera Mónica Arriola.
Los hemos convocado para fijar una posición respecto al avance, al arranque, al empiezo de la discusión sobre los dictámenes, sobre el arranque del proceso legislativo del andamiaje legal del Sistema Anticorrupción.
Efectivamente, la semana pasada la Comisión Anticorrupción, su presidente, distribuyó un documento al que llamó “Primer documento de trabajo con rumbo a un dictamen”.
Yo como coordinador del Grupo Parlamentario le respondí por escrito, diciéndole que no podría considerarse ese documento un primer, lo que él distribuyo, un primer proyecto o documento de trabajo, porque sólo refería a la propuesta legislativa que presentó él a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que por cierto, son documentos –lo que ellos presentaron- elaborados desde el Gobierno Federal. Es la propuesta del Gobierno Federal sobre el andamiaje legal del Sistema Anticorrupción.
Siempre el primer documento del arranque de un proceso de discusión lo constituye aquel cuadro comparativo frente a las propuestas que estén ya presentadas en la Cámara donde va ser la discusión y, en su momento, el dictamen correspondiente. Siempre es así.
El día de hoy hemos puesto a disposición de ustedes, a disposición de todos, -entiendo que ya lo tienen todos-, sendas cuadros comparativos de las 4 leyes que ahorita conforman la discusión en este tema.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley general de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos y de particulares vinculados a hechos de corrupción, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la nueva ley o reformas a la Ley del Sistema Nacional de Fiscalización que fortalece a la Auditoría Superior de la Federación.
Anteponiendo esos documentos, ustedes encontraran otro documento a cada cuadro comparativo, donde el PRD establece sus irreductibles -como les hemos llamado-, los irreductibles por lo cual no estableceríamos ninguna negociación.
No echaríamos para atrás nuestra propuesta bajo ninguna circunstancia, son documentos que a ustedes les pueden servir si es que los consideran necesario para ver cuál es el contraste de las propuestas de los grupos parlamentarios y cuáles son los puntos que para el PRD son puntos irreductibles.
Debo decirles que del análisis primero de la propuesta del gobierno federal, así la voy a llamar: “La propuesta del Gobierno Federal”, no la del Verde o la del PRI, es del gobierno federal.
En el análisis de esa propuesta encontramos, sí, el achicamiento de los propósitos y los alcances que están contenidos en la reforma constitucional; es cierto.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción la reducen en los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación institucional de las autoridades encargadas, de prevenir, de investigar y de perseguir los delitos de los servidores públicos o de hechos vinculados a asuntos de corrupción.
Y llevan todas las facultades de este asunto, del Sistema Nacional Anticorrupción, a facultades de la secretaría de control interno, la hoy Secretaría de la Función Pública, vean nada más.
Desnaturalizan la esencia de los que se identifica como el Sistema Nacional Anticorrupción y llevan todo al control de la Secretaría que ellos defendieron, porque es la Secretaría que se controla desde la Administración Pública Federal y que solamente cambia de nombre de control interno, haciendo a un lado, por el de la Función Pública.
En los temas de Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, tratan de manera muy protectora al servidor público, muchos de los supuestos, de las conductas que deben ser consideradas como faltas administrativas graves, para la propuesta del Gobierno Federal son faltas administrativas no graves y por tanto de la competencia para imponer sanciones sólo a cargo de la secretaría de control Interno o de la secretarías o de los entes de control interno de cada institución federal que se replica a nivel de los estados en ese mismo escrito.
No hacen obligatoria en la Ley General de Responsabilidades que propone al Gobierno Federal la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, -este ya es una figura constitucional, es el último párrafo del 108 de la Constitución-.
Lo que tiene que establecerse en estas leyes generales, en esta ley general, es la regulación de cada declaración: la patrimonial, la fiscal y la de conflicto de intereses y la obligación del servidor público, ya ni siquiera que fuera la obligación, ya establecer la obligación en la ley que deben ser públicas dichas declaraciones para la propuesta del gobierno, sigue siendo una potestad del servidor público, una potestad para decidir si se hace pública o si no se hace pública.
Las plataformas que destaca el presidente de la Comisión Anticorrupción como avances, son obligaciones constitucionales, están previstas en la Constitución, no hay forma de evitarlas, las plataformas para hacer pública estas declaraciones u otras cosas, registro de servidores públicos, registro de servidores públicos sancionados, un conjunto de circunstancias para que esté al alcance de la ciudadanía toda esta información.
También, lo entiendo perfectamente, y así lo estoy diciendo, que es la propuesta del Gobierno Federal la que circulo en ese llamado primer documento, y ese primer documento elimina lo que para nosotros es irreductible, que son las faltas administrativas de los legisladores en el asunto de los moches, las faltas administrativas en la representación de intereses de litigios, es decir, quienes litigan desde el cargo público, e inclusive litigan en contra de los intereses del Estado.
En el caso de la Auditoría, por ejemplo, en el caso de la Auditoría Superior eliminan, le dan la vuelta, a la posibilidad de la auditoría en tiempo real y para asuntos concluidos del mismo periodo fiscal aún no terminado, eliminan eso.
No alcanza eso que fue tan importante para que la Auditoria Superior de la Federación pudiera auditar el ejercicio de recursos donde se están gastando, no cuando se terminaron ya de gastar.
Y en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, lo dejan funcionando como está, pero más aún le ponen una carga enorme, de acuerdo con la reforma constitucional, este tribunal tendrá una sección especial encargada de los asuntos relacionados con sancionar faltas administrativas o hechos de corrupción.
Aquí hacen que el tribunal se vuelva un juzgado donde se debe de substanciar todo el procedimiento, que volvería al tribunal de verdad una autoridad judicial del nivel de cualquier juzgado de causas del fuero común.
Cuando este tribunal sólo debiera estar resolviendo expedientes que ya están substanciados a donde la Auditoría Superior de la Federación, o en su defecto en la Secretaría de Control Interno, o las instancias de control interno en este último paso cuando se trate de faltas administrativas no graves, y cuando se trate de faltas administrativas graves por la Auditoría Superior.
Podemos compartirles el día de mañana un documento que haga una expresión de especial referencia de cada una de las propuestas del Gobierno Federal, para que ustedes tengan elementos, retomamos la palabra a las organizaciones sociales, para que en el proceso legislativo, estos asuntos se hagan a la vista de cualquiera.
No sé si por Periscope, porque si fuera así tendríamos que contratar a la Delegada de Miguel Hidalgo, pero sí para que por cualquier elemento tecnológico se pueda difundir sobre todo por el Canal del Congreso, cada uno de las reuniones de trabajo relacionadas con este asunto de construir el andamiaje legal de combate a la corrupción.
No porque hagamos reuniones en lo oscurito, porque eso también yo no lo aceptaría nunca, pero para que se difunda, para que funcione lo que se ha llamado parlamento abierto para ese asunto, claro que sí.
Estamos a favor de fortalecer la transparencia en todos los asuntos del Senado mexicano y del Congreso mexicano, y vamos a ir dando la información de todo.
Por eso repito, ya tienen en sus correos de todos ustedes todos los cuadros comparativos de las leyes y un documento por cada ley que refiere a los irreductibles de nosotros y en algunos casos hasta lo que puede ser negociable, ahí están nuestros irreductibles.
El día de mañana tendrá también en sus correos el documento para poder hacer observaciones, opiniones sobre la propuesta del Gobierno Federal
Entonces vamos a estar dando información sobre los avances de la negociación. De nuestra parte los negociadores: el senador Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, y él juega un papel muy importante en esto, como Grupo Parlamentario; el senador Zoé Robledo, el senador Luis Humberto Fernández y el viajero Armando Ríos Piter.
Y para el tema de Sistema Nacional de Auditoría o de Fiscalización, es la parte que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, la senadora Dolores Padierna.
Es la información que queremos darles y compartírselas, porque vamos a estar avanzando y vamos a estar dando información.
Entonces, gracias por habernos atendido.
Sesión de preguntas y respuestas
Pregunta, (P): Sí, les quisiera preguntar, específicamente, usted dice que la propuesta o el planteamiento que están haciendo como documento inicial pues achica totalmente la reforma constitucional que se aprobó.
Yo quisiera preguntarles si eventualmente, si éste fuera el documento sobre el que se trabajara, ustedes definitivamente estarían votando contra esto o están exigiendo que incluyan las cinco iniciativas que presentaron ustedes más la de 3 de 3, es decir, ¿cuál sería finalmente la postura en torno a la votación, digamos, votarían en contra ustedes de esto.
MBH: No, no podemos en este momento anunciar un voto en contra porque está arrancando el proceso legislativo correspondiente. Lo que sí seremos es inflexibles para asuntos que deben de caracterizar estas leyes.
Y desde luego no aceptaremos el achicamiento (inaudible) en la reforma constitucional, ya te fijé los elementos de achicamiento, el Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia de coordinación institucional de autoridades que se encargan de perseguir, de prevenir, investigar y perseguir las faltas administrativas y hechos de corrupción.
¿De aquí se lo lleva adónde? A facultades de las Secretaría de Control Interno, hoy Secretaría de la Función Pública.
En la figura de responsabilidades no aparece la obligación de que sean públicas las declaraciones; y en el caso de nosotros es muy importante que esté previsto el tema de los moches y el tema del tráfico de influencias que se desarrolla ante autoridades básicamente judiciales o ante autoridades que son no judiciales pero que tienen que ver con gestión pública.
Y así te puedo ir refiriendo en qué consistió el achicamiento, no es porque estas leyes sean contra los servidores públicos, yo no compartiría eso, pero tampoco provocar un esquema de protección que signifique un “no pasó nada”.
Entonces no vamos a anunciar un voto en contra, sino vamos a decir una participación muy activa, decirle que estaremos muy atentos aún cuando por lo tiempos la iniciativa ciudadana, después de que sea presentada acá, que puede ser presentada por lo visto en cualquier momento porque ya están reunidas las firmas, tendrá que ir al INE hasta por 30 días naturales y cuando eso ocurra aquí ya va haber dictamen.
Entonces aún cuando esa iniciativa llegara más tarde o fuera de los plazos, nosotros la vamos a defender porque está contenida en nuestra propuesta.
Nuestra propuesta todavía va mucho más allá. Lo digo también por las columnas que luego salen, “que los partidos políticos, que el cinismo de los partidos políticos”, de dónde sacan eso, de verdad deberían revisar el contenido de la propuesta del PRD, debería de revisarse para ver que realmente tiene alcances muy importante, que no inclusive es de achicamiento, sino que es de expansión, de expansión a lo que se establece en la reforma electoral.
P: Senador, nada más era entonces, precisar, la propuesta como está es como una simulación, o sea es regresar o dejar las cosas exactamente como están o maquillar otra vez el asunto de la corrupción y que no pase nada, ¿así lo perciben ustedes?
MBH: Yo calificaría que esta propuesta no es aceptable porque achica los alcances de la reforma constitucional, así lo diría en este momento y por eso no admitimos como primer documento a debate la pura iniciativa del Gobierno federal, por favor.
Un trabajo de procesos legislativo arranca con el contraste de las propuestas, el contraste son los cuadros comparativos, no se han hecho en la Comisión, ya los hicimos nosotros, se los hicimos llegar ya al presidente de la Comisión y los ponemos a disposición de ustedes.
P: Buenas tardes, senadores. Senador Barbosa, preguntarle justamente sobre este tema que usted habla, las asociaciones que formaron, que impulsaron la Ley 3 de 3 están preocupados justamente por los tiempos y pedían que el Congreso presionara al INE para poder hacer esta verificación de las firmas.
Preguntarle, usted considera que no habrá tiempo para poder incluir 3 de 3 en el dictamen.
Y saber, bueno, finalmente se reunieron 120 mil firmas de ciudadanos que están exigiendo algo y es acabar con la corrupción, una opinión al respecto.
MBH: A ver, yo creo que contigo es con quien tengo que hablar también.
Nuestra propuesta de Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos desarrolla la obligación constitucional de que los servidores públicos hagan tres declaraciones, no es algo que está surgiendo de una propuesta ciudadana, es algo que ya es parte de una reforma constitucional.
Y ahora la propuesta de Ley General que presentan ciudadanos es bienvenida, ayuda, da opinión general de la sociedad, pero no es que nos estén imponiendo algo que no esté previsto en nuestras propuestas, de verdad.
Lean nuestra propuesta, la del PAN también lo tienen; hoy la propuesta del Gobierno, lo que hace es, todavía deja como facultad potestativa del servidor público que se hagan públicas o no.
No, en nuestra propuesta, en la del PAN, en la ciudadana, se establece como obligación, como obligación, así es que claro que nosotros atendemos los planteamientos de 120 mil ciudadanos, pero atendemos los planteamientos de 120 millones de mexicanos.
¿De acuerdo? Como para que ya no tengan esa circunstancia de que nos están imponiendo una ley que nosotros no tenemos prevista.
P: Senador, entonces prácticamente esa iniciativa 3 de 3 puede quedar en el dictamen ya que están las propuestas de ustedes y del PAN, ¿qué otra cosa sería lo más grave que ustedes ven?
Y la posibilidad, el riesgo, quiero preguntarle el riesgo de que el PRI como en otras ocasiones se alíe con el PAN para sacar esta reforma incompleta.
MBH: Mira, ésta es de las leyes que tienen que salir con un gran consenso. Yo no veo al Gobierno federal y al PRI imponiendo una ley o leyes en medio de una votación dividida, ésta tiene que ser de gran consenso.
Ayuda toda la participación ciudadana, que haya opiniones desde todos los sectores de la sociedad, esto es impotante.
Nosotros asumimos, cuando construimos nuestra propuesta, la construimos también a partir de la propuesta ciudadana, también, fue material de trabajo, pero nos fuimos más adelante, mucho más adelante en los temas.
Así es que para nosotros es inaceptable que se reduzcan los avances de la reforma constitucional, repito, si tú revisas el documento más tarde, que te enviamos, vas a encontrar cuáles son las conductas que nuestra propuesta prevé como faltas administrativas gravas y cuáles son las que ellos consideran que para nosotros son graves, para ellos son leves.
En suma, se crea un confort, se mantiene el confort del servidor público en la propuesta del gobierno federal y se establece pues, el control de todo este tipo de circunstancias ¿sí? a facultades de una secretaria que depende de un mando político que es la Secretaría de Control y que depende del mando político que es el Presidente de la República.
Por cierto, un elemento que está todavía por no resolverse, son las facultades de una figura esencial en esto, la del Fiscal Especial de Combate a la Corrupción. Viene previsto en la Ley General de la fiscalía, en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, así se llama, pero viene con facultades mínimas, viene dependiendo de la titularidad de la fiscalía general cuando se llame así, entonces necesitamos reponer ese dictamen que nos llegó de Cámara de Diputados para devolverlo con una figura fortalecida y autónoma, con autonomía real.
P: Senador, por cierto, en la propuesta del gobierno se mantiene la Secretaría de la Función Pública, pese a que la vi en la propuesta de desaparecer, la que hizo el propio Peña.
MBH: No. Es constitucional, el nombre se elimina por Secretaría de Control Interno, así se llamará a nivel federal y a nivel local: Secretaría de Control Interno. Y lo que hace es, el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una instancia ¿sí? lo debilitan, simplemente no le dan facultades y ejerce todas las facultades la Secretaría de Control Interno y con ello, repito, las decisiones de esa secretaría dependerán en gran medida del control político que se tenga desde arriba.
P: Buenas tardes, preguntarle si en esta revisión de la Ley Anticorrupción también han tomado en cuenta la figura de los comisionados sindicales que, muchos señalan, que precisamente es una figura de corrupción muy grande que se da en las dependencias con los sindicatos del gobierno federal y de los gobiernos en todos sentidos.
MBH: Bueno, recuerda que las leyes son disposiciones generales. No pueden referirse específicamente al fenómeno de corrupción que existe en una materia como en el caso de los sindicatos, pero sin duda que los diferentes supuestos legales sobre faltas administrativas graves, ahí está el tema de los sindicatos.
P: Senador, buenas tardes. Sobre este tema de la Ley de Anticorrupción le quería preguntar si mantendrían la intención de que esté vinculada a la negociación de Mando Único, porque mencionaba que mientras no haya un sistema que prevenga a policías corruptos pues no podría discutirse este otro tema.
Y, le quisiera pedir su opinión también sobre, en otro tema, sobre esta pues corrupción que hay en el gobierno de Puebla que ha propiciado que el Río Atoyac pues esté haciendo contaminado porque las empresas, aunque se han acusado de que están vertiendo desechos pues no ha ocurrido una limpieza de este río.
Usted que es de Puebla y conoce.
Gracias.
MBH: Yo soy de Tehuacán, por cierto.
Mira, primero.
Nosotros nunca hemos vinculado una ley a otra. Quien ha puesto ese escenario es el PAN, decir, primero anticorrupción y después Mando Único.
Debo decirles que yo vi al Secretario de Gobernación, para que no digan que lo vi en lo oscurito, y le planteé mi preocupación, se la planteé al gobierno federal para que resolvamos las dos cosas.
Para nosotros siguen siendo, deben de correr en paralelo. ¿Qué no nos damos cuenta que falta un mes de este periodo y después vienen elecciones? Y si se trata de corrupción, el plazo vence el 26 de mayo. O los sacamos en cuatro semanas, porque nos vamos el martes y regresamos después de semana santa y después nos queda solamente abril. Cuatro semanas aproximadamente.
¿Entonces qué ocurre? Ocurre que tienen que caminar al mismo tiempo. No son instrumentos legales fáciles, son complejos, son complejos. Entonces para nosotros es importante que caminen las dos al mismo tiempo.
Vean el tema de los magistrados, véanlo ¿por qué no sale? Porque hay desacuerdos internos en el PAN, porque hay conflicto de intereses en el PAN para el tema de magistrados. El tema de los nombramientos diplomáticos que nos llegaron, ¿por qué ni siquiera los han comenzado a citar? Eso pregúntenselo al PAN.
Entonces, para nosotros deben caminar en paralelo.
Y respecto al Río Atoyac, bueno se están haciendo ya cosas. Sin duda, que los cauces de los ríos en México son cauces que son utilizados para verter desechos industriales, desechos agropecuarios y así se ha contaminado todo el país en lo que es el cauce de los ríos.
Debe de haber una posición muy, muy exigente de parte de la autoridad federal y de las autoridades estatales para este y todos los temas similares; y me pronuncio para que cualquiera que vierta hechos tóxicos, industriales, agropecuarios en los ríos, el Atoyac y otros, sean sancionados pero que su cauce sea recuperado.
Es tiempo de hacer las cosas bien, comencemos ya.
P: Senador, cuando mencionaba que habló con el secretario de Gobernación ¿cuál sería la respuesta del funcionario?
MBH: Me dijo que estaba en la posición de que se arrancara la discusión, porque aquí no está pasando nada, acá no está pasando nada en el Senado. Llevamos ya dos meses y no ha pasado nada.
Ya necesitan ustedes más acción ¿verdad?, ¿sí o no? Nada más los veo y las veo, cómo andan buscando noticias y no encuentran y no encuentran.
P: ¿Y qué conflictos de interés trae el PAN para que…?
MBH: No sé, pero ellos no se ponen de acuerdo.
P: Usted dijo conflicto de interés (Inaudible).
MBH: El conflicto de interés radica en el hecho de que unos proponen a uno y otros proponen a otro.
P: Pero, algún negocio…
MBH: Ah, no, no, no. Yo no me meto en esas cosas.
P: O sea, es diferencia de opiniones…
MBH: Sí, a lo mejor es quién les cae bien y quién les cae mal o quién les cae mejor, o quién se los recomienda ¿no?
El PRD apoyará a los que tuvieron un mejor desempeño en sus comparecencias, esa es la regla del PRD. Vamos a apoyar a la mejor o al mejor aspirante en sus comparecencias, no al que venga de un cálculo político, como lo están haciendo en otros grupos parlamentarios. Se los digo más claro, así de simple.
P: Senador Encinas, con esta situación que se ha presentado en torno al borrador ¿se modificaría la ruta crítica para no votarlo hacia el 12 de abril?
AER: El calendario que se dio a conocer se apega estrictamente a la disposición constitucional en la cual todo el entramado jurídico del sistema nacional anticorrupción tiene que estar concluido antes de la segunda quincena de mayo. Entonces, está apegado justamente a esa disposición, a fin de que haya tiempo de que lo dictamine la Cámara de Diputados posteriormente. Estrictamente a eso se ciñe el calendario, y debe de cumplirse.
P: Gracias, senador.
P: Bueno, yo quisiera preguntarle al senador Barbosa.
Oiga, senador. Hay también versiones de que el consejero jurídico de la presidencia está interviniendo en el asunto de los nombramientos de magistrados, sobre todo en el de Toluca y el de Nuevo León, pero en este caso, ¿eso ha, todavía complicado más la discusión?
Y quisiera saber si en los nombramientos diplomáticos habría por ahí también la posibilidad de que negociaran por debajo del agua algo, algunos grupos parlamentarios.
MBH: Mira, todo pasa por la Consejería Jurídica del Gobierno federal, todo, hasta el tema de las propuestas en materia diplomática, porque así está la ley, tiene que pasar por ahí (inaudible). Todo.
P: (Inaudible)
MBH: (Inaudible)
P: Pero entonces está interviniendo o no el Consejero jurídico en la negociación de (inaudible)
MBH: No he hablado con él, pero sí sé que tiene preferidos, sí sé que tiene por lo menos una preferida.
P: (Inaudible)
MBH: No lo sé. Sí sé que tiene preferidos.
Gracias.
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