Intervención en tribuna de la senadora Alejandra Roldán Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen, en sentido negativo, sobre el proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración.
Alejandra Roldán Benítez, (ARB): Con su permiso presidenta.
Sin duda la argumentación que dio la compañera senadora Angélica (inaudible).
Compañeras y compañeros Senadores de la República.
Los jornaleros son uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, entre las múltiples carencias que presentan está el incumplimiento de los derechos laborales mínimos, la falta de una política de atención integral y sus malas condiciones de vida en general.
Viven hacinados en galeras y cuarterías, no cuentan con muchos de los servicios básicos y carecen de protecciones indispensables contra los agroquímicos, exposición al sol y accidentes que suelen ser frecuentes en los campos.
Todos estos problemas los sufren de manera destacada los jornaleros migrantes y los indígenas.
Según la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009 y 2010, que es el último instrumento específico para medir los problemas de este grupo marginado, todos y cada una de las carencias que presentan se agravan entre migrantes y se empeoran entre los indígenas.
Hay una, entre estas particulares, muy importante que destaca entre las mencionadas; y que es la condición indispensable para la reproducción del ciclo de pobreza, se trata bajo el nivel de instrucción.
Me gustaría citar al respecto algunos de los datos de un reciente estudio que los investigadores Rodolfo Ramírez Raymundo y Francisco Rodríguez que hicieron para el Instituto Belisario Domínguez de este Senado, de los jornaleros agrícolas; es decir, de los jornaleros agrícolas subordinados y remunerados mayores de 15 años.
Alrededor del 60 por ciento solamente cuentan con una educación primaria o menos, su promedio de escolaridad es de 6.8 años, contra el 9.1 del promedio nacional -estos son datos del Inegi de 2015-.
Sin duda, el problema del rezago se agudiza muy claramente por tratarse de la población específica marginada, el drama de esta situación se aprecia mejor si tomamos en cuenta sólo a los menores de 30 años que representan el 40 por ciento total.
Éstos, nos dice el estudio, ya han vivido un periodo en el que la educación primaria se consideraba prácticamente universal, la secundaria ya era obligatoria desde el año 1993; aún así concentran menores de instrucción en comparación los trabajadores subordinados y remunerados y no agropecuarios.
El 60 por ciento cuenta solamente con una educación primaria completa o menos, mientras que el 22 por ciento de los trabajadores de los sectores no agropecuarios está en esa condición.
Es una diferencia abismal que, repito, constituye una condición evidente de la reproducción de la pobreza. Todas las condiciones materiales de vida favorecen que este problema siga reproduciéndose entre los más pequeños.
Hay miles de niños que trabajan en el sector agropecuario, más de 700 mil según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; mucho ayudan a los padres que los acompañan mientras ellos trabaja.
Compañeros y compañeras, se trata no sólo de números entre las consecuencias que viven los niños en los campos agrícolas, están no sólo la menor instrucción, sino mayor estrés y depresión; así como a la muerte asociada con las condiciones del terreno.
Ya sea atropellados por camiones o tractores, ahogados en los pozos sin señalizaciones, envenenados por beber agua con plaguicida, calcinados en incendios o por enfermedades curables.
Todo eso es inaceptable en un país que ha puesto entre sus principios constitucionales el interés superior de la niñez. Que el Estado tome cartas en el asunto no es opcional. No hacerlo es frívolo por decir lo menos, empezar por el asunto de la instrucción sería una muy buena señal.
El dictamen que discutimos este día debería ser positivo. Si el gobierno no soluciona el problema de las políticas públicas, la única opción que queda a esta Soberanía es incluir las disposiciones necesarias en cada ley correspondiente.
Es transparente que ese era el espíritu de proponer que hubiera un modelo integral de inclusión educativa para hijos de jornaleros migrantes.
Los argumentos que se utilizan para rechazar la propuesta caen en lo ridículo. Ahora resulta que bastan las disposiciones abstractas, que no es necesario guiarse por disposiciones específicas porque las dependencias saben ya que tienen que guiarse por el interés superior de la niñez.
Siguiendo la lógica de este dictamen, el país debería estar muy bien, pues todas las disposiciones oficiales bastarían para hacer una buen gobierno.
Compañeros y compañeras senadores, la realidad desmiente esa alegre suposición.
Ni el Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, ni el Programa Binacional de Educación Migrante cumplen con los objetivos que se trazan.
Esto denuncia que falta una estrategia integral, justamente la que la comisión correspondiente está negando a los niños jornaleros.
Por eso nuestro voto es en contra.
Que la SEP diseñe un modelo integral de inclusión educativa para hijos de jornaleros agrícolas migrantes es necesario y es evidente que no sólo no lo está haciendo.
Un segundo paso debería de ser una disposición similar para combatir el analfabetismo y rezago en los adultos, y el INEA tampoco parece estar haciendo nada relevante.
Tanta negligencia no debería ser posible y, desde luego, es absolutamente inaceptable.
Es cuanto, presidente.
