El Gobierno federal volvió a abandonar el interés por que se resuelva en el Congreso una reforma constitucional en materia de seguridad pública, advirtió el senador Miguel Barbosa Huerta.
En el marco del foro discusión Mandos Únicos a debate, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado apuntó que cuando se abrió este periodo de sesiones, se hablaba de la necesaria y rápida resolución de la reforma constitucional en la materia, incluso él mismo consideró que sería un asunto de 30 días.
“Así nos emplazamos los coordinadores parlamentarios, hoy nuevamente le digo al Gobierno federal que volvió a abandonar el interés sobre que se resuelva en el Senado, en el Congreso, una reforma constitucional en materia de seguridad pública, la que resulte”, afirmó.
En ese sentido, aseguró que la reforma que resulte del proceso legislativo, ya sea que incluya las 32 policías estatales únicas o no, pero que sea producto de las mayorías que puedan alcanzarse, habrá que asumirla como una reforma constitucional para desarrollarse en leyes secundarias en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Porque si hablamos de una reforma al sistema policial, necesitamos una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, agregó.
Barbosa Huerta señaló que hoy la Ley General del Sistema Nacional de seguridad Pública tiene una visión política, que se replica en todas las leyes estatales donde existe manejo del sistema policial y de la seguridad pública por parte de Consejo integrado por el Presidente de la República y por los gobernadores.
El coordinador parlamentario reiteró que a partir del 1 de diciembre del año 2014, tras presentar su decálogo el Ejecutivo abandonó dicha propuesta.
“No es cierto que los legisladores no estemos en condiciones de ponernos de acuerdo, como se nos llama y se nos dice y se nos reclama. Eso no es cierto porque el control del proceso legislativo en México a nivel federal lo ejerce el Poder Ejecutivo a través de sus bancadas mayoritarias”, sostuvo.
De igual forma, en los congresos locales, el control del proceso legislativo lo tiene el gobernador, a través del control político.
“Por eso cuando la Conago nos dice ‘pónganse de acuerdo’, la respuesta que yo les di es ‘a ver, señores, ustedes hacen lo mismo en sus estados, tienen el control del proceso legislativo y determinan qué camina y qué no camina’”, concluyó.
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