El Senador Armando Ríos Piter presentó una petición para que se exhorte al Poder Ejecutivo Federal a dar respuesta pronta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la masacre de 11 personas y otros hechos violatorios de derechos humanos, ocurridos en 1998, en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero.
Ríos Piter en su proposición con Punto de Acuerdo, refirió que el plazo otorgado al Estado mexicano para presentar la respuesta a la demanda de los peticionarios de justicia en el caso de El Charco, venció desde el mes de agosto de 2015.
El plazo otorgado fue de tres meses, mismos que concluyeron sin que se haya recibido respuesta, a través de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Procuraduría General de la República y las autoridades del Estado de Guerrero.
En julio de 2012, después de que las víctimas recorrieran todo el entramado legal en búsqueda de justicia restaurativa para las víctimas, se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para solicitar su admisibilidad como un caso de violaciones graves a derechos humanos, en la modalidad de ejecución sumaria.
En mayo del 2015, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A. C. (RSDCIAC) –quien presentó el caso- fue notificada por la CIDH de que el caso había sido considerado para su litigio ante la propia comisión y que se habían trasladado al Estado mexicano para solicitar respuesta a la demanda de los peticionarios.
Sobre los hechos, se detalla en la solicitud que de acuerdo con el expediente del caso, los días 6 y 7 de junio de 1998, en la Comunidad de El Charco en el municipio de Ayutla, Estado de Guerrero, elementos del Ejército Mexicano, sitiaron la Escuela Primaria “Caritino Maldonado Pérez” durante los trabajos de la organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT).
Según testimonios de los sobrevivientes, elementos militares dispararon en contra de 42 personas que se encontraban en las aulas de dicha escuela; al terminar la refriega, 11 personas habían sido asesinadas, cinco heridas y 22 fueron detenidas y llevadas a la Novena Región Militar de Cumbres de Llano Largo, en Acapulco.
Como antecedente, precisó que actualmente existen seis sentencias de la CIDH, cuatro de las cuales se refieren a violaciones de derechos humanos cometidas en el Estado de Guerrero: Caso Rosendo Radilla Pacheco por desaparición forzada; caso Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel por tortura; caso Valentina Rosendo Cantú por violación y tortura sexual; y Caso Inés Fernández por violación y tortura sexual. Subrayó que la respuesta del Estado mexicano ante estas sentencias –aunque ha intentado atender las recomendaciones- ha sido limitada.
El legislador por Guerrero, expresó que es importante que el gobierno mexicano responda a la demanda de los peticionarios sobre el caso de El Charco de manera urgente, porque la impunidad permite que se reproduzcan hechos similares, y uno de los compromisos del gobierno federal, ha sido la generación de acciones para que existan garantías de no repetición.
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