La sobrepoblación en los centros de privación de libertad, federales y estatales, obedece principalmente al endurecimiento de las penas, el incremento de los delitos considerados graves y de aquellos relacionados con drogas, la lentitud para el desahogo de los procesos judiciales, la ausencia de medidas alternativas, pero también a la práctica de la tortura con el fin de obtener declaraciones autoinculpatorias que en la gran mayoría de los casos son la única prueba que las autoridades presentan a los jueces, indicó la senadora Angélica de la Peña.
Recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha informado que de 2006 a 2014 recibió 4 mil 404 quejas por tratos crueles, degradantes o inhumanos, a lo que debe agregarse las cifras negras, es decir, aquellos casos que nunca son denunciados, lo cual permite atisbar un escenario catastrófico del sistema de imparticición de justicia.
La senadora del PRD apuntó que el reducido número de denuncias no solamente es resultado del terror causado a las víctimas, sino a las formas invisibles de tortura –especialmente la sicológica- que no son reconocidas como tales, por ejemplo, los insultos, el apuntar con armas, o la sola proximidad de helicópteros, operativos con camiones que transportan personal policíaco o militar.
Recordó que Amnistía Internacional, en su informe “Promesas en el Papel, Impunidad Diaria: La Epidemia de Tortura en México Continúa”, alertó que el número de denuncias por esta práctica ha aumentado más del doble entre 2013 y 2014, pasando de mil 165 a 2 mil 403, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR).
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado comentó que la gravedad de la tortura como práctica cotidiana ha sido señalada por diversos organismos internacionales, entre ellos, el Sr. Juan Méndez, Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, quien visitó México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, y quien expuso en su reciente informe a Naciones Unidas que la tortura es generalizada en México y ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación.
De la Peña Gómez presentó el pasado mes de octubre una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,señalando que para eliminar la práctica de la tortura en nuestro país, lo primero es reconocer su existencia.
La senadora Angélica de la Peña explicó que el análisis, dictaminación y aprobación de una Ley General que prevenga, sancione y erradique la tortura, incluirá la opinión y participación de especialistas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, a fin de que la legislación cumpla con los estándares que exige el derecho internacional en la materia y con el que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir.
Por ello, el día de mañana, martes, 16 de febrero, a las 16:00 hrs., se llevarán a cabo las AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, en el Salón de la Comisión Permanente.
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