El motín que se suscitó la madrugada del jueves pasado en el penal estatal de Topo Chico en Nuevo León, y que dejó como saldo 49 muertos y 12 heridos, revela una realidad insostenible para México, además de ser el primer gran desafío para el gobernador Jaime Rodríguez, El Bronco.
La tragedia en Topo Chico revela la grave situación por la que atraviesa nuestro sistema penitenciario, y se suma a una lista de varios casos similares. Sólo por mencionar algunos, en 2012, en la cárcel de Apodaca en Nuevo León y en Gómez Palacio en Durango, murieron 44 y 24 reos respectivamente, en ambos casos, en un intento de fuga masiva. Y en 2013, en el penal de La Pila, en San Luis Potosí, se registró una riña que dejó un saldo de 13 muertes y 65 heridos.
La violencia no sólo se vive en el interior de las cárceles estatales, sino que también se proyecta de adentro hacia afuera. El 50% de las extorsiones en el país proviene de llamadas telefónicas cuyo origen es un reclusorio.
Este escenario nos exige un análisis integral y no de coyuntura. Entre las condiciones que generan esta violencia por supuesto que está la corrupción; sin embargo hay problemas estructurales que debemos entender y enfrentar como sociedad.
En enero de 2013 se contabilizaron 242 mil 754 personas privadas de su libertad en el país, en un espacio total diseñado para 195 mil 278. Este dato indica sobrepoblación y hacinamiento de 24.3%, que se registra en 220 de 420 centros penitenciarios, según el estudio La cárcel en México, ¿para qué?, publicado por México Evalúa.
Una parte importante del fracaso de las cárceles, tiene que ver con el desempeño terrible de un sistema de justicia que castiga más la pobreza que la peligrosidad, a la par que vende impunidad a quien puede pagarla.
Nuestro sistema funciona así porque carece de capacidades para llevar a cabo investigaciones a fondo y trabajo policíaco profesional. De ahí que, de acuerdo con el citado estudio, 43% de los presos del fuero común estén acusados por el delito de robo, muchas veces por cosas como un encendedor o una lata de refresco.
Si bien es cierto que en el 2011 se diseñó un nuevo sistema de justicia penal, aún no contamos con abogados, investigadores ni Ministerios Públicos suficientemente capacitados e independientes en su actuar. Éste es el punto más delicado y menos trabajado en el país.
Por lo pronto, en el Senado de la República se discute la Ley Nacional de Ejecución de Sentencias. Deben respetarse las garantías del debido proceso a los reclusos e implementar un nuevo mecanismo de supervisión sobre el funcionamiento de los centros penitenciarios que sea independiente del Poder Ejecutivo.
Las cárceles son el desahogo final de una cadena donde todos los eslabones —seguridad, procuración e impartición de justicia— están colapsados.
Si queremos prevenir tragedias como la de Topo Chico, donde la justicia bronca le explotó en la cara a El Bronco, requerimos que el Estado mexicano, con todos sus componentes, recupere el control de sus centros penitenciarios.
En este sentido, El Bronco se equivocó. Con la intención de marcar un “nuevo estilo” en la administración del poder, decidió no renovar el convenio de colaboración con las fuerzas federales para resguardar los penales del estado.
No comparto los ataques encarnizados que las fuerzas políticas le hacen al gobernador neoleonés. Siento que son más una muestra del enojo que persiste por su derrota frente a un candidato independiente.
Sin embargo, Jaime Rodríguez debe entender la lección. Una cosa es el proceso electoral y la difusión mediática a la que busca aferrarse, y otra muy diferente es la responsabilidad de gobierno que requiere de coordinación con otras fuerzas del Estado mexicano, para garantizar seguridad y bienestar y respeto a todos sus ciudadanos.
APUNTE JAGUAR
Tenemos en puerta un ataque al Bosque de Chapultepec. Se trata del predio de Montes Apalaches 525, situado en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, donde la constructora Trepi pretende construir.
No permitamos la afectación del principal pulmón de la CDMX.
