Tragedia de Topo Chico pudo haberse evitado:Angélica de la Peña


  • Seis de cada diez centros de privación de libertad en el país son bombas de tiempo
  • Sobrepoblación, corrupción, ingobernabilidad y autogobierno, principales problemáticas

 

Los hechos ocurridos en Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, en Monterrey,  Nuevo León, demuestran una vez más que el sistema penitenciario nacional está rebasado por la sobrepoblación y las problemáticas derivadas de la misma, como el autogobierno y la corrupción, y tragedias como la ocurrida esta madrugada serán continuas sin una Ley de Ejecución Penal, advirtió la senadora Angélica de la Peña.

 

Señaló que la responsabilidad del motín en el penal es del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “él es el titular del gobierno, él debe saber lo que ocurre en su estado, a los funcionarios los designó él y están bajo su jurisdicción; más que eludir su responsabilidad, convendría que el señor gobernador se dedique a los asuntos de la gobernanza de su estado y no a estar en campaña en todo el país”, añadió.

 

La senadora del PRD apuntó que si el gobierno de Nuevo León hubiera atendido las recomendaciones que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Diagnóstico “Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios en la República Mexicana 2015”, donde destacan sobrepoblación, corrupción, falta de control e ingobernabilidad, hoy no tendríamos la tragedia que implica la pérdida de 52 vidas.

 

Dijoque Topo Chico era una crónica anunciada, tal y como ocurre con el sesenta por ciento de los centros de privación de libertad como ha alertado la CNDH, “la crisis de los centros penitenciarios no es nueva, es un problema que comenzó a crecer décadas atrás ante la falta de control y transparencia sobre las autoridades administrativas del Órgano Desconcentrado de Readaptación Social”, comentó.

 

Urgió a los grupos parlamentarios en el Senado de la República a destrabar el debate de la Ley de Ejecución Penal, porque es inaplazable normar el funcionamiento de los centros de privación de libertad -estatales y federales- a fin de que se cumpla el mandato constitucional de buscar la reinserción social de las personas que trasgreden la ley penal, la cual es imposible si existe autogobierno, sobrepoblación y no se respetan los derechos humanos.

 

Finalmente, la senadora Angélica de la Peña dijo que los resultados del Diagnóstico de la CNDH son escalofriantes, pues seis de cada diez cárceles en el país son bombas de tiempo que, tarde o temprano, van a explotar;ante ello es necesario que las autoridades estatales y federales reconozcan la gravedad de la situación y acaten las recomendaciones de la CNDH en la materia a fin de prevenir nuevas tragedias.

 

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