Conferencia de prensa de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD,para referirse al motín ocurrido en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León.
Angélica de la Peña Gómez (ADLPG):
Es en relación con lo acontecido en el estado de nuevo León, lo que aconteció en la madrugada el 11 de febrero en donde se inicia el fuego, la confrontación entre dos secciones, la C2 y la C3, que hoy resultado de esos enfrentamientos entre los internos del centro de privación de libertad de “Topo Chico”, da como resultado hasta ahora de 52 personas muertas y hay distintos datos respecto de cuántas personas son entre 9, 12 o menos personas que se encuentran lesionadas.
Es importante mencionar que este centro de internamiento de “Topo Chico” forma parte de una historia verdaderamente adversa de enfrentamientos en el país, enfrentamientos donde desde 1988 un enfrentamiento, en diciembre, dio como resultado 23 personas muertasy más de diez heridos en el penal de Tepic (Nayarit); luego en el 91, otra vez, 20 presos muertos en Matamoros; siguió el enfrentamiento en el 99 con once personas muertas en Villahermosa, Tabasco; en 2008, 19 personas también muertas en la cárcel de Tijuana.
Se trata de una dinámica que por desgracia vemos en los centros de privación de libertad del país, que se caracterizan por una cuestión, el autogobierno.
Hasta ahora en los distintos enfrentamientos en los centros de privación de libertad del país no se había tenido como resultado a tantas personas asesinadas, eso es muy grave; ahora, particularmente en el Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el caso concreto de “Topo Chico”, reiteradamente se ha estado señalando el grave problema resultado del autogobierno y son varias causas las que evidencia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en primerísimo lugar, la sobrepoblación.
Más allá de los ajustes respecto a la información que da la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de que albergan a 4 mil 585 personas privadas de su libertad, cuando es un centro para 3 mil 635 personas, el gobernador habla de menos de 4 mil, más allá de que se ajusten los datos, estamos frente a una sobrepoblación.
Dentro de los cinco rubros que se revisaron en este diagnóstico de la CNDH, se destacan, además de la sobrepoblación y el hacinamiento, también la inexistente separación entre hombres y mujeres en talleres, el área escolar y la visita íntima; las deficiencias en los servicios para mantener la salud de las y los internos: mobiliario, equipo médico, unidad odontológica, insuficiencia de personas.
Deficiencias en la supervisión del funcionamiento del centro por parte de quien ha estado permanentemente encargado como titular; y las deficiencias en la prevención y la atención de incidentes violentos.
Hay que agregar las deficiencias en la prevención de probables violaciones a los derechos humanos, que también tiene documentadas la CNDH, y por supuesto, las deficiencias en el procedimiento para la remisión de quejas de violación a los derechos humanos de las y de los internos ante la instancia competente cuando son presentadas.
Hay una permanente desatención a las condiciones en las que se encuentran los internos; es necesario señalar por ejemplo que hay deficiencias en la elaboración, distribución y consumo, cantidad y calidad de los alimentos; no hay un manual de procedimientos para el ingreso y traslado de los internos; para el uso de la fuerza; para solicitar audiencias con las autoridades; presentar quejas o la visita íntima, que es un desastre, entre otras cosas.
Es necesario señalar que hay una presencia clara de cobros por parte de custodios; cobros por parte de internos; y por supuesto, una falta de capacidad del personal penitenciario.
¿Qué es lo que deja este hecho? Simplemente estamos frente a una crónica anunciada; y es ahora “Topo Chico”, y como desde hace ya muchos años, lo hemos vistos en otros centros de privación de libertad, también se reitera este tipo de enfrentamientos derivados, hay que decirlo con claridad, del autogobierno.
Es totalmente injustificable, impresentable, la argumentación del gobernador de Nuevo León en el sentido de que hoy el desastre se deriva del cambio de titular, y que antes todo estaba bajo control porque tenía a una persona que viene del ámbito militar y que a partir de que deja la conducción de este centro de privación de libertad, se termina en un descontrol que lleva a la situación terrible que hoy estamos viendo, eso es mentira, más falso que un billete de tres pesos, más falso, porque parece que el gobernador no conoce su entidad, parece que el gobernador no sabe la situación que prevalece en “Topo Chico” y que descuidó.
Por eso es importante, en primer lugar, atender lo que ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde la Tercera Visitaduría, que ya está apersonada en “Topo Chico”, nos va a informar, que va a quedar otra vez, seguramente, evidenciado, como diagnóstico tras diagnóstico, siguen reiterando la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Es decir, no estamos ante una situación nueva, ahí es donde se equivoca el gobernador, no es una situación que ahora por el cambio de un titular que era militar y tenía el control, la situación se salió de control; el problema que se evidencia aquí es que al recurrir otra vez a militares, como pasa con el tema de seguridad pública, en lugar de resolver el problema de fondo de la autoridad civil que tiene que estar al frente de estos centros de privación de libertad, como pasa exactamente en el caso de seguridad, se tiene que recurrir a instancias, a elementos que vienen del ejército para poder tener el control, es decir, para mandar un mensaje de que hay mano dura, cuando lo que no se necesita es mano dura, sino simplemente cumplir con la Constitución, simplemente cumplir con la Constitución.
Es sentido común; si tienen en un centro de privación de libertad, autogobierno, se les va a salir de control en cualquier momento; el autogobierno significa que un cártel tenga el control y que otro cártel llegue a disputar el control; eso es lo que está detrás, el control de todo, de las visitas, de la renta de los espacios, de las sillas en las visitas familiares, de la venta de droga en las tienditas, etcétera, etcétera.
Es el control del autogobierno por parte de las mafias coludidas y con la aquiescencia de las autoridades administrativas, responsable de las consecuencias de lo que hoy estamos viendo.
En ese sentido, es necesario que hoy saquemos a relucir la importancia de que saquemos adelante algo que tenemos aquí en cartera desde hace mucho tiempo en el Senado de la República como Cámara de origen, la Ley, la única Ley General que tiene que normar a todos los centros de privación de libertad, federales y locales, por un mandato de la Constitución; la Ley de Ejecución Penal que pueda empezar a poner orden a partir de que se cumpla con la Constitución; la Constitución establece claramente que en los centros de privación de libertad se tiene que buscar la reinserción social, eso no es simplemente posible en lugares donde hay autogobiernos.
Y por lo tanto, necesitamos la protección judicial; necesitamos los tribunales de ejecución penal que deben tener jurisdicción sobre las autoridades encargadas del sistema penitenciario; quiero poner en relevancia esta situación para que los grupos parlamentarios que hoy estamos discutiendo este dictamen, pongamos en relevancia que este es el primer asunto que hay que resolver; ya quitémonos de las resistencias para evitar que esto que está en la Constitución, no se aplique y sigamos permitiendo que las autoridades administrativas no tengan el control que deben tener por parte del Poder Judicial, debemos buscar equilibrios.
Otra cuestión, los recursos administrativos y jurisdiccionales. Se deben, por lo tanto, regular los procedimientos administrativos y jurisdiccionales accesibles para resolver controversias sobre las condiciones dignas de internamiento, y quiero reiterarlo, porque parte del precepto fundamental de este principio de la reinserción social tiene que ver con esto, resolver controversias sobre condiciones dignas de internamiento, algo que no caracteriza a los centros de privación de libertad que son manejados por autogobierno.
Y tiene que ver con los traslados, con las sanciones internas, la definición del plan de actividades; tiene que ver con derechos de las y los visitantes, con defensores, con observadores, etcétera.
Y, por supuesto, un tercer elemento fundamental, la transparencia. La transparencia que tiene que favorecer el ingreso de integrantes de las organizaciones especialistas en derechos humanos; hay un prejuicio a no querer tener este control, es verdad, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿cuáles deben ser las características de estas organizaciones?, pero lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a que haya una supervisión respetuosa, coadyuvante, corresponsable, siempre apoyando a la autoridad cuando está haciendo las cosas bien, para que efectivamente pueda transparentarse de manera clara y precisa el funcionamiento de los funcionarios, la responsabilidad que tienen los funcionarios del Órgano Desconcentrado de Readaptación Social, que son los encargados de llevar el control, de garantizar que la autoridad se la que tenga “el sartén por el mango” de la gobernanza en los centros de privación de libertad.
Por eso el llamado que hacemos, no solamente el gobernador del estado de Nuevo León, a todos los gobernadores, a todas las autoridades es: ¿cuántos centros de privación de libertad que tienen autogobierno pueden seguir el camino de “Topo Chico”?
Pues como dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más del 60 por ciento de los centros de privación de libertad se encuentran en esas condiciones; de tal manera que tenemos en cada uno de ellos, bombas de tiempo, ollas de presión que nos van, tarde que temprano, otra vez, a llenar a los medios de comunicación, a todos, de todo tipo, con escenas terribles como las que estamos observando con los resultados de este enfrentamiento en “Topo Chico”.
Sesión de preguntas y respuestas
Pregunta.- ¿Entonces el gobernador, tendría que caer la responsabilidad en él o en sus funcionarios?, y segundo, cuando habla de resistencias para discutir la Ley de Ejecución Penal, ¿a quién se refiere? ¿del gobierno o de los propios grupos parlamentarios?
ADLPG: La primera. Tiene que ver ciertamente con una responsabilidad del gobernador; el gobernador es el responsable del gobierno de su estado, las y los funcionarios son sus empleados, están bajo su jurisdicción.
Entonces, no puede eludir el gobernador su responsabilidad; convendría que el señor gobernador de Nuevo León ande menos en campaña por todo el país, porque ya se ve en el 2018 como candidato independiente a la Presidencia de la República, y dedicarse más a atender los asuntos de la gobernanza de su estado. Eso respecto al caso de Nuevo León.
Y dos. Nos parece que tenemos ya mucho tiempo discutiendo la Ley de Ejecución Penal; no es la primera vez que ustedes me escuchan hablar de ese tema, tenemos prácticamente desde la Legislatura pasada y lo que llevamos hasta hoy, en donde ciertamente el llamado que hago es a que resolvamos las resistencias que todavía siguen encorchetadas porque no se quiere entender que hay que caminar y despejar en la ley, claramente, a partir de que definamos en sus preceptos que nuestra obligación es garantizar que el Sistema Penitenciario, en los dos órdenes de gobierno, deben tomar en consideración la reinserción social.
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Angélica de la Peña Gómez (ADLPG):
Es en relación con lo acontecido en el estado de nuevo León, lo que aconteció en la madrugada el 11 de febrero en donde se inicia el fuego, la confrontación entre dos secciones, la C2 y la C3, que hoy resultado de esos enfrentamientos entre los internos del centro de privación de libertad de “Topo Chico”, da como resultado hasta ahora de 52 personas muertas y hay distintos datos respecto de cuántas personas son entre 9, 12 o menos personas que se encuentran lesionadas.
Es importante mencionar que este centro de internamiento de “Topo Chico” forma parte de una historia verdaderamente adversa de enfrentamientos en el país, enfrentamientos donde desde 1988 un enfrentamiento, en diciembre, dio como resultado 23 personas muertasy más de diez heridos en el penal de Tepic (Nayarit); luego en el 91, otra vez, 20 presos muertos en Matamoros; siguió el enfrentamiento en el 99 con once personas muertas en Villahermosa, Tabasco; en 2008, 19 personas también muertas en la cárcel de Tijuana.
Se trata de una dinámica que por desgracia vemos en los centros de privación de libertad del país, que se caracterizan por una cuestión, el autogobierno.
Hasta ahora en los distintos enfrentamientos en los centros de privación de libertad del país no se había tenido como resultado a tantas personas asesinadas, eso es muy grave; ahora, particularmente en el Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el caso concreto de “Topo Chico”, reiteradamente se ha estado señalando el grave problema resultado del autogobierno y son varias causas las que evidencia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en primerísimo lugar, la sobrepoblación.
Más allá de los ajustes respecto a la información que da la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de que albergan a 4 mil 585 personas privadas de su libertad, cuando es un centro para 3 mil 635 personas, el gobernador habla de menos de 4 mil, más allá de que se ajusten los datos, estamos frente a una sobrepoblación.
Dentro de los cinco rubros que se revisaron en este diagnóstico de la CNDH, se destacan, además de la sobrepoblación y el hacinamiento, también la inexistente separación entre hombres y mujeres en talleres, el área escolar y la visita íntima; las deficiencias en los servicios para mantener la salud de las y los internos: mobiliario, equipo médico, unidad odontológica, insuficiencia de personas.
Deficiencias en la supervisión del funcionamiento del centro por parte de quien ha estado permanentemente encargado como titular; y las deficiencias en la prevención y la atención de incidentes violentos.
Hay que agregar las deficiencias en la prevención de probables violaciones a los derechos humanos, que también tiene documentadas la CNDH, y por supuesto, las deficiencias en el procedimiento para la remisión de quejas de violación a los derechos humanos de las y de los internos ante la instancia competente cuando son presentadas.
Hay una permanente desatención a las condiciones en las que se encuentran los internos; es necesario señalar por ejemplo que hay deficiencias en la elaboración, distribución y consumo, cantidad y calidad de los alimentos; no hay un manual de procedimientos para el ingreso y traslado de los internos; para el uso de la fuerza; para solicitar audiencias con las autoridades; presentar quejas o la visita íntima, que es un desastre, entre otras cosas.
Es necesario señalar que hay una presencia clara de cobros por parte de custodios; cobros por parte de internos; y por supuesto, una falta de capacidad del personal penitenciario.
¿Qué es lo que deja este hecho? Simplemente estamos frente a una crónica anunciada; y es ahora “Topo Chico”, y como desde hace ya muchos años, lo hemos vistos en otros centros de privación de libertad, también se reitera este tipo de enfrentamientos derivados, hay que decirlo con claridad, del autogobierno.
Es totalmente injustificable, impresentable, la argumentación del gobernador de Nuevo León en el sentido de que hoy el desastre se deriva del cambio de titular, y que antes todo estaba bajo control porque tenía a una persona que viene del ámbito militar y que a partir de que deja la conducción de este centro de privación de libertad, se termina en un descontrol que lleva a la situación terrible que hoy estamos viendo, eso es mentira, más falso que un billete de tres pesos, más falso, porque parece que el gobernador no conoce su entidad, parece que el gobernador no sabe la situación que prevalece en “Topo Chico” y que descuidó.
Por eso es importante, en primer lugar, atender lo que ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde la Tercera Visitaduría, que ya está apersonada en “Topo Chico”, nos va a informar, que va a quedar otra vez, seguramente, evidenciado, como diagnóstico tras diagnóstico, siguen reiterando la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Es decir, no estamos ante una situación nueva, ahí es donde se equivoca el gobernador, no es una situación que ahora por el cambio de un titular que era militar y tenía el control, la situación se salió de control; el problema que se evidencia aquí es que al recurrir otra vez a militares, como pasa con el tema de seguridad pública, en lugar de resolver el problema de fondo de la autoridad civil que tiene que estar al frente de estos centros de privación de libertad, como pasa exactamente en el caso de seguridad, se tiene que recurrir a instancias, a elementos que vienen del ejército para poder tener el control, es decir, para mandar un mensaje de que hay mano dura, cuando lo que no se necesita es mano dura, sino simplemente cumplir con la Constitución, simplemente cumplir con la Constitución.
Es sentido común; si tienen en un centro de privación de libertad, autogobierno, se les va a salir de control en cualquier momento; el autogobierno significa que un cártel tenga el control y que otro cártel llegue a disputar el control; eso es lo que está detrás, el control de todo, de las visitas, de la renta de los espacios, de las sillas en las visitas familiares, de la venta de droga en las tienditas, etcétera, etcétera.
Es el control del autogobierno por parte de las mafias coludidas y con la aquiescencia de las autoridades administrativas, responsable de las consecuencias de lo que hoy estamos viendo.
En ese sentido, es necesario que hoy saquemos a relucir la importancia de que saquemos adelante algo que tenemos aquí en cartera desde hace mucho tiempo en el Senado de la República como Cámara de origen, la Ley, la única Ley General que tiene que normar a todos los centros de privación de libertad, federales y locales, por un mandato de la Constitución; la Ley de Ejecución Penal que pueda empezar a poner orden a partir de que se cumpla con la Constitución; la Constitución establece claramente que en los centros de privación de libertad se tiene que buscar la reinserción social, eso no es simplemente posible en lugares donde hay autogobiernos.
Y por lo tanto, necesitamos la protección judicial; necesitamos los tribunales de ejecución penal que deben tener jurisdicción sobre las autoridades encargadas del sistema penitenciario; quiero poner en relevancia esta situación para que los grupos parlamentarios que hoy estamos discutiendo este dictamen, pongamos en relevancia que este es el primer asunto que hay que resolver; ya quitémonos de las resistencias para evitar que esto que está en la Constitución, no se aplique y sigamos permitiendo que las autoridades administrativas no tengan el control que deben tener por parte del Poder Judicial, debemos buscar equilibrios.
Otra cuestión, los recursos administrativos y jurisdiccionales. Se deben, por lo tanto, regular los procedimientos administrativos y jurisdiccionales accesibles para resolver controversias sobre las condiciones dignas de internamiento, y quiero reiterarlo, porque parte del precepto fundamental de este principio de la reinserción social tiene que ver con esto, resolver controversias sobre condiciones dignas de internamiento, algo que no caracteriza a los centros de privación de libertad que son manejados por autogobierno.
Y tiene que ver con los traslados, con las sanciones internas, la definición del plan de actividades; tiene que ver con derechos de las y los visitantes, con defensores, con observadores, etcétera.
Y, por supuesto, un tercer elemento fundamental, la transparencia. La transparencia que tiene que favorecer el ingreso de integrantes de las organizaciones especialistas en derechos humanos; hay un prejuicio a no querer tener este control, es verdad, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿cuáles deben ser las características de estas organizaciones?, pero lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a que haya una supervisión respetuosa, coadyuvante, corresponsable, siempre apoyando a la autoridad cuando está haciendo las cosas bien, para que efectivamente pueda transparentarse de manera clara y precisa el funcionamiento de los funcionarios, la responsabilidad que tienen los funcionarios del Órgano Desconcentrado de Readaptación Social, que son los encargados de llevar el control, de garantizar que la autoridad se la que tenga “el sartén por el mango” de la gobernanza en los centros de privación de libertad.
Por eso el llamado que hacemos, no solamente el gobernador del estado de Nuevo León, a todos los gobernadores, a todas las autoridades es: ¿cuántos centros de privación de libertad que tienen autogobierno pueden seguir el camino de “Topo Chico”?
Pues como dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más del 60 por ciento de los centros de privación de libertad se encuentran en esas condiciones; de tal manera que tenemos en cada uno de ellos, bombas de tiempo, ollas de presión que nos van, tarde que temprano, otra vez, a llenar a los medios de comunicación, a todos, de todo tipo, con escenas terribles como las que estamos observando con los resultados de este enfrentamiento en “Topo Chico”.
Sesión de preguntas y respuestas
Pregunta.- ¿Entonces el gobernador, tendría que caer la responsabilidad en él o en sus funcionarios?, y segundo, cuando habla de resistencias para discutir la Ley de Ejecución Penal, ¿a quién se refiere? ¿del gobierno o de los propios grupos parlamentarios?
ADLPG: La primera. Tiene que ver ciertamente con una responsabilidad del gobernador; el gobernador es el responsable del gobierno de su estado, las y los funcionarios son sus empleados, están bajo su jurisdicción.
Entonces, no puede eludir el gobernador su responsabilidad; convendría que el señor gobernador de Nuevo León ande menos en campaña por todo el país, porque ya se ve en el 2018 como candidato independiente a la Presidencia de la República, y dedicarse más a atender los asuntos de la gobernanza de su estado. Eso respecto al caso de Nuevo León.
Y dos. Nos parece que tenemos ya mucho tiempo discutiendo la Ley de Ejecución Penal; no es la primera vez que ustedes me escuchan hablar de ese tema, tenemos prácticamente desde la Legislatura pasada y lo que llevamos hasta hoy, en donde ciertamente el llamado que hago es a que resolvamos las resistencias que todavía siguen encorchetadas porque no se quiere entender que hay que caminar y despejar en la ley, claramente, a partir de que definamos en sus preceptos que nuestra obligación es garantizar que el Sistema Penitenciario, en los dos órdenes de gobierno, deben tomar en consideración la reinserción social.
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