El senador Luis Humberto Fernández Fuentes propuso establecer los procesos de evaluación de control de confianza para los juzgadores y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, a fin de determinar la idoneidad de su perfil y probidad al momento de su ingreso, permanencia y desarrollo dentro de la carrera judicial.
A través de una iniciativa para modificar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, argumentó que es necesario restituir la credibilidad y reposicionar la reputación del Poder Judicial de la Federación y abatir la corrupción ante la exigencia de brindar certeza jurídica y confianza frente a la ciudadanía.
“Los instrumentos actuales son obviamente insuficientes, los magros resultados del Consejo de la Judicatura como órgano de control, muestran la falta de herramientas para hacer un trabajo más efectivo. Si a eso le sumamos que de los pocos sancionados, un porcentaje importante ha sido reinstalado”, apuntó.
El perredista aseguró que el país vive una situación delicada pues la corrupción y la infiltración del crimen organizado en los diferentes niveles del Estado Mexicano, se ha traducido en una menor potencia, credibilidad y seguridad.
De acuerdo con una encuesta de Parametría, el 40 por ciento de la población entrevistada no confía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que un porcentaje similar (39 por ciento) desaprueba la forma en que realiza su trabajo.
Señaló que el aparato de control actual es insuficiente e inoperante, ya que no se presentan de manera clara y con total transparencia, las sanciones que se han impuesto a Magistrados, Jueces y personal de carrera del Poder Judicial de la Federación.
Además, precisó que el Poder Judicial es el único que no tiene un control democrático y no está sujeto a la auditoría ciudadana ni a una elección posterior.
“Es sano para la República que quienes tienen en sus manos asuntos de tal complejidad e importancia como la libertad o el patrimonio de las personas, cuenten con un control de confianza, con absoluto respeto a sus derechos humanos, pero que genere mayor confianza en las instituciones, por parte de la sociedad”, resaltó.
Fernández Fuentes externó que dar obligatoriedad a los procesos de evaluación de control de confianza, atendiendo a la objetividad de criterios señalados en el artículo 97 de la Constitución, responde a la necesidad de dar mayor legalidad y combatir la corrupción.
Además, responde al objetivo de reconocer la honradez y rectitud de los servidores públicos, así como la indudable confiabilidad que la ciudadanía ha dejado de percibir por casos aislados.
“Queda claro que es necesario que los juzgadores sean sometidos a exámenes de control de confianza, en total respeto a la dignidad, autonomía y derechos humanos de magistrados, jueces y personal de carrera judicial, como una medida que potenciaría al Poder Judicial de la Federación, no lo mermaría”, declaró.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Senado de la República para su análisis y posterior dictamen.
0-0-0
