Gobierno federal podrá decir misión cumplida cuando Moreira, familiares y socios expliquen el desvío de recursos en Coahuila.
- PGR y Procuraduría de justicia de ese estado deben reabrir el expediente y determinar su responsabilidad en el daño patrimonial estatal.
En el caso Humberto Moreira, las autoridades mexicanas no han cumplido con su misión, sólo cuando este personaje, sus familiares y socios expliquen el desvío de recursos en Coahuila y se deslinden responsabilidades, el gobierno tendrá cara para afirmar que se ha cumplido, sostuvo el senador Miguel Barbosa Huerta.
El coordinador de los senadores del PRD aseguró que este asunto “no se circunscribe a la transferencia de algunos miles de euros a su cuenta en España para sus gastos personales durante su estancia en Barcelona, sino a la determinación de sus responsabilidades en el desvío de recursos públicos durante su gestión al frente del gobierno de Coahuila”.
Aseveró que el hecho de que la justicia española haya decidido otorgar la libertad condicional a Moreira, “no elimina los cargos de los cuales se le acusa. Ahora el Gobierno Federal tiene la obligación de ir a fondo en la investigación de quien fue uno de sus gobernadores y presidentes del PRI más polémico”.
Dijo que si un sistema de justicia posee la fuerza para presentar ante los tribunales a una de la infantas para que responda por supuestos hechos de corrupción, “por supuesto que tiene la posibilidad de llegar a fondo en la investigación” de Moreira Valdés.
Miguel Barbosa Huerta reiteró que es necesario saber quiénes le permitieron a esta persona gozar de impunidad; conocer a sus protectores, socios y a aquellos que se beneficiaron dentro y fuera del país por sus acciones como gobernador de Coahuila.
El senador del PRD señaló que del futuro de esta detención se determinará la capacidad o incapacidad de las autoridades mexicanas para procesar a personajes como éste, que gozan de una amplia red de relaciones políticas y económicas en nuestro territorio.
Barbosa Huerta indicó que la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila deben reabrir el expediente Moreira y determinar su responsabilidad en los hechos que dañaron el patrimonio de esa entidad federativa.
Este tema da un giro a la imperiosa necesidad de poner un alto a la impunidad y de la creación a la brevedad de la Fiscalía Anticorrupción, la cual para que cumpla verdaderamente con su cometido deberá de gozar de autonomía del poder, indicó.
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