El senador Alejandro Encinas Rodríguez aseguró que la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley General de Archivos forman un paquete que permitirá modificar los mecanismos de ejercicio de derecho en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales.
“Soy partidario de que hagamos una ley muy concreta, muy accesible, porque si la hacemos muy abigarrada va a generar confusión, discrecionalidad, problemas en su interpretación”, apuntó.
Durante la reunión de las comisiones de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, con la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública para el análisis de Ley General de Protección de Datos Personales, indicó es importante coordinar el ejercicio de los distintos derechos como el acceso a la información y el de la privacidad e intimidad de las personas.
En materia de archivos, aseguró que la Ley General debe cumplir con el derecho a la memoria y a la verdad, además mencionó que no debe existir el concepto de información histórica confidencial, por lo que llamó a definir el concepto de confidencialidad con precisión para delimitar sus alcances y componentes.
“En el caso de servidores públicos, la impunidad no debe ser hereditaria, sino que debe aclararse con toda precisión todos los hechos derivados de actos cometidos durante la apreciación de alguna función en el servicio público”, resaltó Encinas Rodríguez.
Con la implementación de las nuevas leyes, subrayó el senador, existen grandes problemas como la administración de recursos para los órganos garantes y el de la resistencia de los sujetos obligados al cumplimiento de la ley.
El legislador mexiquense apuntó que de aprobarse un fondo de transparencia existiría resistencia por parte del Ejecutivo federal, por lo que se debe hacer un planteamiento de carácter integral que permita crear instrumentos para garantizar la financiación del desarrollo de las actividades de los órganos garantes en el país.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, comentó que la situación económica actual en la que se encuentra el país no debe ser un argumento para limitar los recursos en el ejercicio de las responsabilidades constitucionales en materia de transparencia.
Consideró que se deben revisar los planteamientos para no caer en términos generales que propicien el agravio a la libertad de expresión, por lo que deben establecerse las limitaciones y prohibiciones de los sujetos obligados al resguardo y cuidado de la información personal.
“Hay que recordar que hay un catálogo de obligaciones muy amplio en la Ley General y también en la Ley Federal de información que debe estar, que no es limitativa, sino es la información mínima que debe estar en los portales de internet”, declaró.
Alejandro Encinas mencionó que de manera preventiva, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información debe definir los ámbitos y expedientes de información que no deben publicarse sobre los ciudadanos.
Finalmente, expresó que una de las debilidades de la reforma es la ausencia de pesos y contrapesos, además de la fiscalización de órganos autónomos, y agregó que debe haber otro tipo de controles políticos y legislativos.
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