Con el objetivo de combatir la corrupción mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana, el senador Benjamín Robles Montoya propuso facultar a las contralorías sociales para verificar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la Ley de Desarrollo Social y a las reglas de operación que afecten directamente a pueblos y comunidades indígenas.
Al fundamentar una iniciativa que adiciona una fracción al artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, el senador del PRD advirtió la necesidad de sumar en la construcción de mecanismos de participación ciudadana mediante el fortalecimiento de las instancias participativas existentes en las instituciones.
El senador del PRD explicó que la finalidad de su propuesta es otorgar a la sociedad civil la facultad para incidir como un elemento de evaluación en la gestión pública: la contraloría ciudadana y de esta forma combatir la corrupción.
“La contraloría social resulta un mecanismo que promueve la rendición de cuentas a través de la activación de grupos de ciudadanos a efecto de vigilar y controlar el quehacer público con estricto apego a la legalidad, en consecuencia se logra que los servidores públicos asuman la responsabilidad de sus acciones”, destacó.
Benjamín Robles señaló que a lo largo de los años los mexicanos han sido testigos del desarrollo paulatino de la corrupción, entendiéndola, como una conducta derivada de una responsabilidad formal de un rol público, que a partir de una consideración privada o personal genera ganancias pecuniarias violando normas legales.
“De modo que, advertimos que esta conducta gira alrededor de lo público, es decir, encuentra su margen de acción entorno al ejercicio del poder público”, apuntó.
En ese sentido, agregó, las contralorías sociales fueron creadas como un mecanismo de participación ciudadana dirigido a resolver conductas que constituyen actos de corrupción que han permeado en gran medida las estructuras de la administración pública en nuestro país.
No obstante, aseguró, las funciones de éstas no se encuentra claramente definidas por lo que su propuesta pretende precisar la función y otorgar más elementos a las contralorías sociales que se prevén en la ley General de Desarrollo Social
Y de ese modo, también fortalecer el papel de los beneficiarios de un programa de desarrollo a efecto de que su participación activa en el seguimiento, evaluación y vigilancia cobre mayor relevancia
El oaxaqueño planteó definir “el papel de la contraloría social, incluyendo desde el precepto secundario más elementos que conformen su funcionamiento, organización y atribuciones e integrar de manera clara la concurrencia de este mecanismo en las comunidades indígenas”.
Robles Montoya recordó que el derecho a la Participación Ciudadana está incluido en el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, donde establece que las manifestaciones de este derecho son la participación directa en la conducción de los asuntos públicos y el acceso en condiciones de igualdad a la función pública.
El integrante de la Primera Comisión de Trabajo de Comisión Permanente agregó que de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, la participación ciudadana es el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República para su análisis y posterior dictamen.
