Con el objetivo de combatir la corrupción, el senador Benjamín Robles Montoya propuso facultar a las contralorías sociales para verificar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la Ley de Desarrollo Social y a las reglas de operación que afecten directamente a pueblos y comunidades indígenas.
Mediante una iniciativa para reformar el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, el senador del PRD advirtió “la necesidad de sumar en la construcción de mecanismos de participación ciudadana mediante el fortalecimiento de las instancias participativas existentes en nuestras instituciones”.
En ese sentido, argumentó que la finalidad de su propuesta es la de incorporar acotes sociales a la esfera de lo público como una estrategia de lucha en contra de conductas de corrupción a fin de fortalecer las instituciones y la democracia misma.
Al fundamentar su propuesta Robles Montoya recalcó que se debe precisar la función y otorgar más elementos a las contralorías sociales que se prevén en la Ley, a fin de que se fortalezca el papel de los beneficiarios de un programa de desarrollo a efecto de que su participación activa en el seguimiento, evaluación y vigilancia cobre mayor relevancia.
El representante por Oaxaca comentó que la contraloría social es un mecanismo de participación ciudadana dirigido a resolver conductas que constituyen actos de corrupción que han permeado en gran medida las estructuras de la administración pública en nuestro país.
Señaló que la contraloría busca posibilitar a los ciudadanos para que vigilen de manera constante la gestión de los funcionarios públicos para exigir que los recursos públicos se ejerzan con los fines para los que fueron destinados.
El oaxaqueño planteó definir “el papel de la contraloría social, incluyendo desde el precepto secundario más elementos que conformen su funcionamiento, organización y atribuciones e integrar de manera clara la concurrencia de este mecanismo en las comunidades indígenas”.
El senador recordó que el derecho a la Participación Ciudadana está incluido en el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, donde establece que las manifestaciones del derecho a la participación son la participación directa en la conducción de los asuntos públicos y el acceso en condiciones de igualdad a la función pública.
El integrante de la Primera Comisión de la Permanente agregó que de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, la participación ciudadana es el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social.
“La contraloría social resulta un mecanismo que promueve la rendición de cuentas a través de la activación de grupos de ciudadanos a efecto de vigilar y controlar el quehacer público con estricto apego a la legalidad, en consecuencia se logra que los servidores públicos asuman la responsabilidad de sus acciones”, concluyó Robles Montoya.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores para su análisis y posterior dictamen.
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