La discusión sobre la pertinencia o no del mando único policial ha recobrado interés a partir de la diatriba entre Cuauhtémoc Blanco, flamante presidente municipal de Cuernavaca, y el Gobernador del Estado de Morelos, Graco Ramírez; es una de las repercusiones del cruento asesinato perpetrado contra Gisela Raquel Mota quien también recién asumía como Alcaldesa de Temixco, la indignación general por el crimen ha dado la vuelta al mundo.
Los estragos de la delincuencia organizada contra quienes asumen el poder en el ámbito municipal cada vez es más evidente, con Gisela suman decenas de Alcaldes en funciones o candidatos asesinados en los últimos años.
Las amenazas, acosos y coartaciones y también las infiltraciones a los partidos políticos, en contra de quienes asumen un encargo municipal tiene como cometido controlar las secretarías o direcciones de seguridad pública y los ámbitos de obra pública principalmente; las primeras para garantizar el libre tránsito de las actuaciones de las mafias para el trasiego de la droga y su distribución; y los segundos espacios de poder son importantes para el lavado de dinero.
Para algunos funcionarios gubernamentales, los ayuntamientos y quienes los presiden poco o nada pueden hacer para repeler o evitar vincularse con estas mafias, las cuales además están en guerra permanente disputándose estas plazas; sostienen que una ruta para recobrar el control de los ámbitos policiales y de la seguridad pública es poner a las policías municipales bajo el mando del gobierno estatal.
La pretensión de la unificación de las policías municipales con la estatal con un mando único no es nueva, Felipe Calderón concretó esta forma de integración de la conducción en el C4 como se conoce en varias estados, con tanta diversidad como se caracterizan las propias entidades federativas; así hemos observado por ejemplo que el Estado de Aguascalientes (con 11 municipios y ninguna población indígena) fue el primero en integrar en un solo mando local la coordinación policial; el estado de Oaxaca que con cientos de municipios en donde dos tercios de ellos se rigen por sistemas normativos donde ser policía es un alto honor y no se recibe paga, impera un sistema de rotación permanente; o el Estado de Guerrero donde funcionan, con reconocimiento de la Constitución estatal, las guardias comunitarias. Lo cierto es que alrededor del 80% de los municipios cuentan con menos de 50 policías, 10% tienen más de 100, y en alrededor de 400 no hay ninguno.
Hay Alcaldes que no están de acuerdo con integrarse al mando único, como el caso de Nezahualcóyotl en el Estado de México, y con cifras demuestran que les ha funcionado mejor el control de la seguridad pública organizándola desde su propio ámbito, que cuando estuvieron integrados al mando estatal.
El Presidente Peña Nieto, después de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por parte de policías municipales de Iguala y de Cocula, envió una iniciativa de reforma constitucional todavía más drástica que la diseñada por Calderón; en esta propuesta el mando único no plantea una coordinación entre autoridades estatales y los municipios, sino que otorga control total al Gobierno estatal, y va más allá al establecer que cuando haya indicios de que un municipio ha sido infiltrado por el «crimen organizado», la federación no solamente asumirá la responsabilidad de la seguridad pública sino que podrá destituir a las autoridades municipales.
¿Cuáles son las dificultades que enfrenta la abrogación de la policial municipal? Definitivamente es complejo imponer un solo esquema de mando entre otras cuestiones por la diversidad histórica, sociológicas, políticas y culturales de cada una de las regiones que constituyen a nuestro país.
El funcionamiento desastroso de las policías de los tres ordenes de gobierno para enfrentar a la delincuencia organizada condujo a gobiernos como el de Calderón a sacar de sus cuarteles al ejército y a la marina armada para que asuman tareas de seguridad pública que no les corresponden y que ha derivado en señalamientos de violaciones a los derechos humanos.
Hay quienes piensan que ese es el camino para la destrucción o desaparición de la célula básica del Estado mexicano que es el Municipio, trastocando una de las características fundamentales de la Federación.
Otro señalamiento es que nada asegura que las policías federales o estatales funcionarán mejor que las municipales si antes no se resuelven los problemas estructurales de nuestras policías, que por cierto son añejos: la falta de profesionalización particularmente en técnicas criminalísticas del debido proceso legal, salarios dignos, incentivos por el buen desempeño, evaluación y controles internos y externos de las corporaciones.
Sin duda que con el asesinato de Gisela Mota se evidencia que la violencia y la inseguridad han llegado a situaciones que denotan una crisis en la gobernanza democrática. Al diagnóstico le falta, por cierto, el enfoque que se requiere para una solución estructural e integral de un concepto inscrito en la seguridad humana, el uso legítimo de las fuerzas públicas y el reconocimiento de que la militarización y el conflicto de las corporaciones policiacas con los derechos humanos ha llevado al país a una crisis por delitos por tortura, desaparición forzada y a pesar de los apoyos presupuestales, un deficiente funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Urge retomar en el Congreso de la Unión esta impostergable discusión nacional. XXX TWITTER: @angelicadelap.
