El asesinato de la alcaldesa Gisela Mota el pasado 2 de enero no debe ser visto únicamente como un hecho de un municipio, Temixco, o de un estado, Morelos, pues revela los altos niveles de inseguridad que existen en diversas regiones del país y el control que en ellas tiene el crimen organizado.
Resulta evidente que el Gobierno federal ha abandonado la propuesta legislativa sobre seguridad pública que presentó el propio Presidente Peña el 1 de diciembre de 2014, en el llamado Decálogo sobre Seguridad. Se trató de un intento de respuesta gubernamental a la crisis de credibilidad que se instaló en la opinión pública nacional e internacional después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
También es verdad que después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, la propuesta de reforma a las policías estatales y municipales quedó rebasada ante la urgente necesidad de impulsar transformaciones sustanciales al Sistema Penitenciario, avanzar en la reestructuración del Sistema Policial Federal e, incluso, revisar y reformar el Sistema de Seguridad Nacional.
Por la vía de los hechos, la decisión del Gobierno federal fue impulsar en todo el país el Mando Único, figura que, por cierto, no les gustaba -basta recordar que la propuesta presidencial consistía en la formación de 32 policías únicas, una por cada estado, circunstancia diferente al Mando Único-.
El modelo de Mando Único supone que una parte o la totalidad de los policías municipales de una entidad federativa estén bajo el mando operativo del gobierno estatal.
El Mando Único no implica la disolución formal de las corporaciones municipales ni la desaparición de las atribuciones constitucionales de los municipios en materia de seguridad pública. Persiste la relación laboral de los policías con sus respectivos ayuntamientos, incluyendo el pago de salarios y otras prestaciones. El gobierno del estado puede proveer capacitación y equipamiento adicionales a los elementos municipales, pero no establece una relación laboral con estos.
El municipio continúa siendo responsable de la administración de los recursos locales y federales que le son asignados para seguridad pública, aunque puede convenir que una parte de éstos los ejerza el gobierno del estado, en cuyo caso se les considera responsables a ambos para fines de reporte y auditoría.
En la actualidad, el Mando Único no está regulado en una ley general aplicable en todo el territorio nacional, tampoco en leyes federales o estatales; fundamentalmente, su aplicación se basa en convenios celebrados entre los gobiernos estatales y municipales.
En términos de la Fracción VII del Artículo 115 Constitucional, los gobernadores podrán dar órdenes a las policías municipales sólo en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público. En consecuencia, es urgente regular en ley la figura de Mando Único, so riesgo de incurrir en violaciones de la autonomía municipal.
La decisión del gobernador de Morelos de decretar la figura de Mando Único en 15 municipios de ese estado fue pertinente, pero amerita hacerle notar la necesidad de promover una ley que regule este modelo policial, porque su decisión sólo se fundamenta en haber considerado la situación prevaleciente en esos municipios, incluido Cuernavaca, como de fuerza mayor o de alteración grave al orden público. Esto, en ejercicio de una atribución de carácter excepcional, limitada y estrictamente temporal, como ya lo consideró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver la controversia constitucional 92/2010,resuelta el 12 de mayo de 2014.
El Gobierno federal, los partidos políticos, sus bancadas en las Cámaras en el Congreso de la Unión, deben discutir y aprobar la urgente reforma constitucional en materia de seguridad pública que permita el diseño de un nuevo sistema policial federal, estatal y municipal, de un nuevo sistema penitenciario, así como la adecuación del modelo de seguridad nacional que dote al Estado de los elementos necesarios para combatir y vencer al crimen organizado. XXX Twitter @MBarbosaMX
ENTRESACADO: En la actualidad, el Mando Único no está regulado en una ley general aplicable en todo el territorio nacional, tampoco en leyes federales o estatales; fundamentalmente, su aplicación se basa en convenios celebrados entre los gobiernos estatales y municipales.
