Intervención en tribuna del senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 85 y 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Benjamín Robles Montoya, (BRM): Muchísimas gracias, senadora presidenta.
Compañeras, compañeros legisladores.
Como todos sabemos una de las mayores responsabilidades que tenemos como legisladores es el seguimiento a la aplicación total de los recursos públicos a efecto, como también todos sabemos, de observar su debido cumplimiento de los ejercicios fiscales.
La vigilancia, entonces, al gasto público es, por ende, un imperativo categórico de cualquier legislador.
En este sentido, compañeras y compañeros, advertimos que uno de los focos rojos en la oportuna aplicación del gasto es la existencia de opacidad en el manejo de los recursos públicos, condición que debe ser analizada exhaustivamente con la finalidad de generar medidas destinadas a minimizar que esto siga ocurriendo, es decir, que haya subejercicios.
De esta manera, la presente propuesta, legisladoras, legisladores, tiene como finalidad crear mecanismos legales que enfrenten esta grave problemática que afecta negativamente la aplicación del gasto público.
En tal sentido, sabemos que la opacidad es generada, en gran medida, por los altos índices de corrupción, que a su vez inhibe el efecto social de la inversión pública en áreas estratégicas, fomentando así la agudización de la pobreza y de la propia marginación.
De tal suerte, senadora presidenta, compañeras y compañeros, que la existencia, desde el punto de vista de un servidor, la existencia de la opacidad en el manejo de recursos afecta el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas de los fondos y programas.
Y en virtud de lo anterior, me parece que es imprescindible procurar medidas que limiten las causas de este mal manejo del gasto público, que por el contrario debiese ser impecable.
Y es en este contexto, compañeras y compañeros, que planteo que la existencia de corrupción, entonces, se vuelve una verdadera problemática para las finanzas públicas en los tres niveles de gobierno, de ahí la imperiosa necesidad de establecer acciones que impidan la recurrencia de esta situación, que está dañando, obvio, significativamente a la sociedad mexicana.
Es así, que el impacto de opacidad en la gestión del gasto federalizado se manifiesta principalmente por las dificultades para la fiscalización de los recursos no ejercidos oportunamente, así como por la falta de certeza de que serán efectivamente ejercidos para los fines previstos y con observancia de la normatividad aplicable, cosa que no siempre sucede como todos sabemos.
Por lo tanto, como podrán notar, estamos ante una situación que lacera a nuestro país, ya que la opacidad en la gestión de los recursos públicos abre una gama muy amplia de posibilidades para que los servidores públicos cometan impunemente actos de corrupción.
Actos de corrupción, que hoy en día tienen a nuestro país sumido en el ostracismo internacional, corrupción que ha mermado profundamente la confianza de las y los mexicanos por sus instituciones, provocando una incertidumbre ciudadana que lastima gravemente a nuestra nación.
Y es por todo lo anterior, que planteamos una reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental con el objetivo de establecer sanciones penales severas a los servidores públicos que realicen transferencias de recursos a cuentas bancarias no autorizadas.
Necesitamos, compañeras y compañeros, establecer medidas eficaces pero también severas en lo que hace al manejo de los recursos públicos para que los funcionarios encargados de ejercer dicho dinero sepan claramente las consecuencias de hacer uso indebido de los recursos.
Y es por tales motivos, senadora presidenta, que presento esta iniciativa, confiando, por supuesto, que en un primer principio, mis compañeras y compañeros senadores respalden mi propuesta y después también en esta Cámara de Diputados.
Es cuanto.
0-0-0
