Con el objetivo de garantizar el acceso efectivo al derecho a la salud de los pueblos y comunidades indígenas, el senador Isidro Pedraza Chávez propuso integrar intérpretes y traductores de lenguas indígenas en los hospitales generales, regionales, centros de salud, campañas y brigadas de salud.
Mediante una iniciativa que busca reformar el artículo 51 bis de la Ley General de Salud, el legislador afirmó que el personal de los hospitales no está capacitado ni sensibilizado para la atención a dicho sector de la población.
“La falta de traductores en los hospitales genera una gran incertidumbre en los pacientes y acompañantes de no saber qué es lo que requiere su enfermo y a dónde tienen que trasladarlo, y sobre todo, no saber cómo conseguir alojamiento”, aseguró.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, Pedraza apuntó que se estima una población de 15.7 millones de personas indígenas en México.
El representante por el estado de Hidalgo reiteró que la población indígena de México se caracteriza por vivir en altos niveles de pobreza y en una situación de significativa desventaja para el mejor desarrollo humano.
Asimismo, enlistó los obstáculos que enfrentan los pueblos originarios de México, como lo es el acceso a los servicios de atención médica general o especializada, la escasa cobertura de la infraestructura hospitalaria en las regiones indígenas y la falta de información clara, oportuna y veraz.
“Se ha observado que cuando la población indígena acude a los centros urbanos para ser atendidos, los sienten muy agredidos y le resulta una experiencia difícil en muchos aspectos”, indicó.
El hidalguense comentó que a pesar de que en la Ley General de Salud se establece que los usuarios de salud tienen derecho a recibir información clara, incluidos los usuarios de pueblos indígenas, la ley no contempla alguna herramienta que permita garantizar este derecho.
Lo anterior, implica una grave afectación para el acceso a los servicios de salud de las comunidades indígenas, lo que genera diversos actos discriminativos en este sector de la población.
Ejemplificó el caso del estado de Oaxaca, donde mujeres indígenas son sometidas por el personal médico en las clínicas comunitarias y hospitales a tratos discriminatorios durante el control del embarazo y una falta de atención de parto.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos para su posterior análisis y dictamen.
