El senador Armando Ríos Piter propuso expedir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción con el fin de reglamentar la integración, objetivos, funciones, atribuciones y mecánicas de interlocución entre los diferentes órganos que componen el Sistema Nacional Anticorrupción.
“Si la corrupción hoy nos está matando, y si la corrupción hoy está al descubierto que ha llegado a los más altos niveles de la vida pública, entonces garantizar la conformación de un verdadero sistema anticorrupción es fundamental para poder volver a tener viabilidad como nación”, aseveró.
Al fundamentar su propuesta, el legislador por el estado de Guerrero explicó que su iniciativa destaca dos pilares fundamentales en la ley general: primero, la ciudadanía como eje central y protagonista del Sistema, y el segundo, sólidos incentivos para el desempeño eficaz e independiente de los servidores públicos
del Sistema.
“Se coloca a la ciudadanía como protagonista del Sistema en esta nueva dinámica institucional, al ser una poderosa palanca de presión y transformación de los sistemas políticos”, apuntó.
La propuesta crea un verdadero sistema ciudadanizado al depositar la titularidad del Sistema en la persona que encabece el Comité de Participación Ciudadana. Aunado a ello, se establece un sistema novedoso de elección de los integrantes de dicho comité, que es conducido y determinado por ciudadanos.
“Los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana deberán demostrar su autonomía e independencia de intereses y fuerzas políticas. Asimismo, deberán comprobar que gozan de una buena reputación y que cuentan con una trayectoria personal y profesional íntegra”, detalló el guerrerense.
Además se establece un instrumento transversal para agrupar y fortalecer los esfuerzos de combate a la corrupción. Se plantea que la Política Nacional para el Combate a la Corrupción sea evaluada y actualizada anualmente y que cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión la analicen y emitan un pronunciamiento al respecto.
Armando Ríos Piter también propuso coordinar el trabajo de los sistemas nacionales Anticorrupción, de transparencia y de Fiscalización, mediante un Supra Sistema Controlador de la Función Pública, capaz de promover el buen gobierno desde un aspecto multidisciplinario.
“Al sumar las facultades y capacidades de estos tres sistemas, se está potenciando la capacidad de control del Estado sobre sí mismo”, aseguró.
También se establece la creación de unidades de vinculación dependientes del Comité de Participación Ciudadana a fin de que el ciudadano pueda promover políticas públicas, denunciar actos de corrupción o solicitar protección por afectaciones a sus derechos derivadas de dichos actos.
Asimismo, se sientan las bases para crear una plataforma nacional, similar a la de transparencia, que permitirá aprovechar las tecnologías de la información y homologar los mecanismos y procedimientos para sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción.
En la iniciativa presentada al Pleno del Senado se establece la obligación del servidor público de presentar declaración de intereses y la de presentar copia de la declaración fiscal.
El guerrerense destacó que con el objetivo de abonar a la recuperación de la confianza de la ciudadanía a sus instituciones, la ley contempla de manera expresa la protección de los denominados “whistleblowers” o “lanceursd’alertes”, informantes de buena fe que divulgan información de interés público que fue reservada de manera incorrecta o indebida.
Finalmente, la propuesta del senador del PRD tiene entre sus objetivos el bueno gobierno, para lo cual plantea diez principios que deben caracterizar a toda función pública.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y posterior dictamen.
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