Intervención en tribuna de la Senadora Dolores Padierna para fijar postura sobre la Ley de Transición Energética


VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN EN TRIBUNA DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA PARA FIJAR POSTURA SOBRE LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Sen. Dolores Padierna Luna: Con su venia señor presidente.

Es un hecho, el cambio climático y el calentamiento global constituyen la principal amenaza para la vida del planeta. Las cifras están a la vista. La producción y el consumo de energía es la causa principal del desarreglo climático. México se encuentra entre los diez países que más contribuyen a la contaminación de la atmosférica.

 

Independientemente de los resultados de la Conferencia de Paris es un imperativo categórico que nuestro país disminuya la generación de gases y compuestos de efecto invernadero.  Sólo de esa manera podrá contribuir de manera significativa al esfuerzo de la comunidad internacional para mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C.

 

Es por esa razón que la transición energética no puede esperar. México necesita cambiar de un modelo basado en la extracción y exportación de petróleo crudo, en la quema de los combustibles fósiles y en el derroche y la ineficiencia; es urgente que nuestro país adopte un nuevo modelo basado en el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, en la sobriedad energética, en la mínima generación de residuos y emisiones  y en la menor huella de carbono.

 

El tema fundamental de la transición energética no ha sido abordado con la importancia y seriedad que requiere. En la primera mitad del siglo pasado, se pensaba que era necesario abordarlo porque el petróleo se iba a acabar y por ese motivo se deberían desarrollar nuevas fuentes de energía; sin embargo, esto no ocurrió y en la actualidad los combustibles fósiles siguen siendo preponderantes.

Posteriormente, empezaron a surgir los temas ambientales que implicaban la necesidad de la transición energética por los efectos negativos que el uso de combustibles fósiles ocasionaba al medio ambiente.

A pesar de los esfuerzos, la oferta de energía primaria prácticamente no se ha modificado. En 1990, el 90% de la oferta energética provenía de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). En 2014 sólo se redujo a 89%, es decir, solo se redujo en 1% en 24 años.

El dictamen de la minuta por la que se crea la ley que hoy discutimos, la Ley de la Transición Energética. Ofrece varios y valiosos aportes que sin duda contribuyen con su aprobación y por eso se aprobó en la Cámara de Diputados;  sin embargo,  se queda corta con respecto al esfuerzo que se necesita realizar.

 

El problema no está en el origen de la iniciativa, el cual se remonta a la elaboración apresurada de la Secretaría de Energía hacia finales del año pasado, con miras a paliar los errores y omisiones en materia de sustentabilidad que tuvo la reforma energética.

 

Se olvidaron de las energías renovables y de la transición energética en la reforma energética, esa fue la principal crítica que se hicieron, muchos críticos de la reforma.

 

La propuesta de Ley  que discutimos presenta varias fallas:

La primera consiste en hacer girar la transición energética alrededor de las “energías limpias”, concepto que es utilizado a nivel internacional por organismos como el Banco Mundial, la Agencia Internacional de Energía y el Consejo Mundial de Energía, pero cuyo origen es situado por especialistas del lado de los cabilderos de los combustibles fósiles que se oponen a toda iniciativa de limitar la extracción de petróleo, gas natural y carbón.

En realidad ninguna energía es limpia, todas contaminan, aunque ciertamente unas más que otras. Ante ese hecho la definición de “energías limpias” es una definición necesariamente a modo y, por lo tanto funcional, a los objetivos económicos, o de negocios más que con los objetivos ambientales para aquellos que están diseñando estas políticas públicas.

Así, en esa definición que se retoma de la Ley de la Industria Eléctrica, es posible considerar que las energías fósiles son relativamente limpias cuando su movilización cumple con los umbrales máximos de emisiones o residuos y cuando los procesos que las transforman en energía final cumplen con  los criterios mínimos de eficiencia, en ambos casos esos umbrales y criterios son establecidos por una autoridad regulatoria, la Secretaria de Energía, es decir, esto nos lleva a que frecuentemente va a implicar juicios de valor asociados a intereses económicos en juego.

La propuesta de Ley de Transición Energética, tal como se presenta el día de hoy, consistente en operar una transición energética en dos etapas: la primera del carbón y los derivados del petróleo al gas natural importado y, la segunda, del conjunto de combustibles fósiles –tanto convencionales, como no convencionales– a las fuentes renovables y a la energía nuclear. Esta transición en dos etapas, no prioriza al cuidado del medio ambiente, pareciera que solo busca poner a salvo los negocios privados, pero posterga la transición energética que realmente se necesita en México.

 

Una de las principales limitaciones de esta ley es que prácticamente la estrategia y las metas se limitan a la generación de energía eléctrica y dejan de lado la utilización de energía para otros propósitos, implícitamente se pudiera entender que el futuro energético del país estará centrado en el uso de la energía eléctrica, lo que indudablemente sería deseable; sin embargo, durante un plazo que no es corto, se continuarán usando fuentes de energía, distintas de la eléctrica, para el consumo final y por ello, deberían de ser consideradas dentro de la estrategia de transición.

 

Es importante señalar que la generación de energía eléctrica solo es causante del 19% de gases de efecto invernadero, el sector transporte es el que más contamina, ya que es responsable del 26.2% de las emisiones y otros, como la industria aporta 17.2%, entre otros sectores.

 

Por ello, la ley debería ser más explícita y comprensiva en que la política y los programas incluyan la sustitución de combustibles fósiles, no solo para la generación de energía eléctrica, sino para todos los sectores, en particular para el automotriz, para el transporte, el de la industria.

 

Ante la privatización del sector energético, como consecuencia de la reforma de 2014, las posibilidades de que el Estado asegure que la transición energética se de en los términos de la estrategia, se reducen, ya que, las empresas privadas siempre anteponen sus intereses económicos sobre los de la protección al medio ambiente.

 

Por ello, la Ley debería ser más precisa y contundente en que el otorgamiento de permisos, autorizaciones, concesiones y contratos, estuviera en función de la Estrategia y del Programa Especial de Transición Energética y no sólo limitar las facultades de las autoridades, a que promuevan los elementos de planeación que se cumplan, que promuevan que estos elementos se cumplan. En este sentido, la ley no fortalece lo suficiente la capacidad regulatoria del Estado, que es indispensable para lograr una transición energética efectiva.

 

La Ley de Transición Energética que hoy se discute es otro intento por, como se establece en el Artículo 1 de la Iniciativa: “regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos”.

 

Ya desde la definición del objetivo en está Minuta se reconoce que existen limitantes para que la transición energética dé resultados, en materia de reducción de emisiones contaminantes en el corto plazo, ya que el uso de las energías que la Ley denomina como limpias, está condicionado a mantener la competitividad de los sectores productivos, sin que en la Ley se establezca que tiene prioridad el medio ambiente.

 

La Ley obliga a la Secretaría de Energía a definir la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más limpios en la que se deberá establecer metas a fin de que el consumo de energía eléctrica se satisfaga mediante un portafolio de alternativas que incluyan  la eficiencia energética y una proporción creciente de generación de Energías Limpias, en condiciones de viabilidad económica.

 

Nuevamente se advierten dos objetivos encontrados: la producción a partir de energías limpias y las condiciones de viabilidad económica.

 

Dada la privatización es la viabilidad económica la que prevalecerá.

 

Otro tema fundamental, que provocó en gran medida que esta minuta permaneciera casi un año sin discutirse, porque el Pleno de la Cámara la mandó desde el 15 de diciembre de 2014, fue el tema de los Certificados de Energía Limpia (CEL´s).  Con la implementación de este mecanismo la industria estaría obligada a comprar certificados si no cumplen con las metas o bien pagan multas, pagan sanciones.

 

Por ello, los organismos empresariales de alto consumo energético, sostuvieron un intenso cabildeo con algunos senadores en estos días, aquí en el Senado, para inconformarse y presionar para flexibilizar la aplicación de estos certificados y lograron imponer sus intereses, según leemos en este  añadido que se leyó sin consultar a nadie el día de hoy.

 

Se argumenta que se pospone por 4 años la aplicación de los certificados de energías limpias, o sea, hasta que se acabe este gobierno, ya el nuevo vera, a ver qué hace, pero Peña Nieto no hará nada para cambiar las energías limpias obligando a los empresarios a tener estos certificados, se argumenta que la intención es otorgar flexibilidad en el cumplimiento de las obligaciones en materia de energía y de certificados de energías limpias.

 

Se admite que la iniciativa a condición, cumplimiento de las metas de energías limpias y la eficiencia energética a que las metas se alcancen de una manera económicamente viable porque la integración de las energías limpias es un objetivo que no puede cumplirse acosta de la viabilidad económica y será la Secretaría de Energía la que decida qué significa viabilidad económica.

 

Ya lo decíamos, la prioridad política energética de este gobierno son los negocios, no el medio ambiente, ni tampoco el aprovechamiento racional de los recursos, estos aparecen en esta ley  como objetivos secundarios.

 

Posponer por 4 años la aplicación de los certificados de energías limpias es un contrasentido a la ley; los empresarios no quieren gastar dinero adicional en el cuidado del medio ambiente, pero como saben que no lograrán oponerse toda la vida, tal vez acepten algún día esta medida ya veremos, quién gana en el siguiente sexenio con los nuevos legisladores tendrán que volver a cabildear para que esta norma no se les aplique.

 

Al final de cuentas este nuevo artículo transitorio tiene la finalidad de rebajar las obligaciones de las empresas en materia de energías limpias y eficiencia energética. Se alarga la transición y de por sí estaba aligerada por basarse en energías limpias, ahora los empresarios harán todo lo posible para que la Secretaría de Energía sea elusiva en la aplicación de la ley.

 

Finalmente, sabemos que de nueva cuenta el Congreso deja para una mejor ocasión, para otro sexenio hacer una ley con los mejores elementos para eliminar los aspectos que verdaderamente induzcan a un cambio de modelo energético y que se respete un marco legal, responde este marco legal que estamos hoy discutiendo   una coyuntura , a una reunión internacional que ocurrió en París a ver si al menos los mínimos objetivos que se fijan en esta iniciativa y los resultados que aquí se están proponiendo ojalá no se pospongan pues indefinidamente.

El PRD va a votar a favor,  pero quisimos hacer estos señalamientos graves de los cuales adolece esta iniciativa, gracias.

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