A la COP 21, con las manos vacías / Excelsior


El 28 de noviembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto emprendió su viaje a la cumbre de la ONU en París sobre cambio climático, también conocida como COP21. Pero llega con las manos vacías, porque le falta una ley esencial para cumplir el compromiso que asumió México para reducir 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030.

Se trata de la llamada Ley de Transición Energética (LTE), que además es indispensable para que nuestro país aproveche sus recursos naturales y se coloque a la vanguardia en materia de generación de energías renovables.

La LTE fue turnada al Senado de la República para su discusión y aprobación, a finales de 2014. Pero a un año de distancia se ha mantenido en la congeladora de la Comisión de Energía, que no la ha dictaminado, aunado a que el Ejecutivo no ha actuado de forma decidida para impulsarla.

Una de las explicaciones sobre la parálisis de la discusión de esta ley es el conflicto que existe entre sectores industriales. De manera particular, se ha hablado que el sector acerero ha impedido el debate en aras de proteger inversiones relacionadas con el uso de gas natural, que es un combustible fósil no renovable. El gobierno de la República y su partido han sido incapaces de tener una visión de largo plazo, por encima de intereses particulares y cortoplacistas.

Con este retraso, llegamos mal parados a la Cumbre, sin un marco jurídico que dé certeza respecto a las metas que habremos de cumplir, en términos de emisiones de gases con efecto invernadero y la generación de energías limpias.

También se nos escapa la oportunidad de avanzar en tres oportunidades fundamentales. Primero, mitigar el riesgo de dependencia de energéticos del exterior y de volatilidad en las tarifas eléctricas en el mediano y largo plazos. Segundo, cumplir las metas de emisiones a 2030 que hoy todavía le pueden dar a México liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático. Y tercero, brindar certeza jurídica a montos de inversión que pueden representar, al año, casi el doble que los de la industria automotriz o la minera.

Promover e invertir en energías renovables, como la solar o la eólica, diversificaría nuestras fuentes para producir energía, reforzaría la seguridad energética y combatiría el cambio climático.

Además, se trata de una industria altamente rentable. Se calcula que sólo en los primeros 14 años de implementación de la LTE, se generarían 180 mil empleos directos y una derrama de Inversión Extranjera Directa de alrededor de 5 mil millones de dólares al año.

México tiene un área de competitividad si aprovecha y potencia la transición energética, no sólo por la cantidad de recursos solares y eólicos con los que cuenta, y que según algunas proyecciones podrían convertirse en 26 mil MW de energía para 2020, sino también porque en el mundo se registra ya una tendencia a la baja en el precio de la tecnología para generar energía a partir de fuentes nofósiles, así como en los costos de la energía que se produce.

Es evidente que si no avanzamos en esta materia como país, desaprovechamos una oportunidad indispensable para nuestra soberanía energética y nuestro desarrollo.

Como militante de izquierda, yo voté en contra de la Reforma Energética. Sin embargo, de la mano de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, insistiré en que la minuta de la Ley de Transición Energética, sea aprobada en sus términos.

Los países con liderazgo son aquellos capaces de adelantarse a su tiempo. México está renunciando a la posibilidad de colocarse a la delantera en el mundo, como resultado de la falta de acuerdos y del sometimiento a intereses mezquinos. Tomemos el destino en nuestras manos y construyamos un horizonte ganador para México hacia el 2050, en donde gocemos de un liderazgo internacional en esta materia.

Twitter: @RiosPiterJaguar