Elección de los dos nuevos ministros
La elección de los dos nuevos ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de la mayor transcendencia para la salud de la república. En este proceso, el Senado enfrenta un dilema: por un lado hacer un proceso obscuro, de negociación política de partidos y sectaria, que hará que un grupo logre la posición de un ministro, pero con cargo a la potencia de las instituciones; o la alternativa de un proceso con un debate de fondo, visible y transparente.
El proceso de elección de ministros está viciado de origen, está diseñado para que el Ejecutivo federal nunca pierda, de hecho, es una de las piedras fundacionales del presidencialismo mexicano. Es un proceso apurado, apretado, sin salida, con pocas posibilidades de escrutinio. Es personalísimo al presidente, quien presenta una terna de candidatos a ministros sin justificación o lógica alguna. Sólo propone los nombres; si el Senado rechaza la terna, entonces el Ejecutivo federal someterá una nueva. Si esta segunda terna también es rechazada, el presidente designa directamente a los ministros. Esto hace una proclividad natural al poder.
La duda fundamental en torno a la elección es la independencia de los intereses partidistas, sectarios o del presidente en lo personal, ya que la falta de justificación o conveniencia para la justicia o para el Estado hacen suponer que de ésta depende, pero tampoco los aspirantes hacen mucho para acreditar su independencia política.
La prueba de esto es que, durante las disertaciones de los aspirantes a ministros frente al Pleno del Senado, la independencia del Ejecutivo y la visión de la Suprema Corte como elementos fundamentales de la democracia mexicana no fueron una constante. La verdad sea dicha con tristeza, algunos de los aspirantes pronunciaron discursos pobres, llenos de obviedades y lugares comunes, sin ánimo de mostrar cuál es su filosofía jurídica frente a la realidad nacional.
La idea de la división de poderes es acotar el poder, evitar acciones arbitrarias y autoritarias que vulneren al ciudadano o la democracia.
La democracia constitucional es un sistema de engranes, en el cual cada una de las instituciones tiene una función para fortalecer todo el conjunto. La Suprema Corte está para limitar, no para servir al poder, pero las instituciones trabajan a través de personas, y si su actuar está comprometido con personas o partidos, la institución pierde su potencia.
En este contexto, el PRD enfrenta también un dilema: ¿cómo enfrentar este proceso? ¿Cómo ser un contrapeso efectivo al poder, sin volverse testimonial? ¿Cómo oponer, criticar e informar, sin devastar la ya de por sí poca credibilidad de las instituciones?
La respuesta del PRD ha sido hacer lo correcto y más conveniente para el Estado, no centrarse en nombres o propuestas, sino en perfiles e idoneidad. Apostamos a un proceso más abierto e incluyente.
De esta manera, el primer paso fue plantear que las ternas fueran integradas únicamente por mujeres, para avanzar en la equidad e igualdad sustantiva. Se logró que fuera aprobado un exhorto al presidente en este sentido. Sin embargo, el titular del Ejecutivo no reconoció la conveniencia del punto, pero por lo menos se evitó un retroceso.
También propusimos reformas a la ley que ya están en las comisiones del Senado para modificar el proceso y que participen en la elección académicos, barras de abogados y las voces honestas que tengan algo que decir sobre el tema.
Para hacer el debate más abierto y franco se planteó que los trabajos de la Comisión de Justicia fueran abiertos, en un formato más incluyente, que permita un escrutinio real y profundo de los aspirantes, lo que dará mayor transparencia y visibilidad al proceso.
Este, en apariencia pequeño, cambio permite que la sociedad tenga la misma información de la que disponemos los legisladores, pero también abrimos el micrófono a los líderes de opinión, académicos, colegios y asociaciones de abogados y organizaciones de la sociedad civil para que expresen sus preguntas y planteamientos que serán presentados. La idea no es sólo debatir o analizar, sino que estas ideas sean llevadas a la mesa de las negociaciones.
Es urgente cambiar el proceso, abrirlo y que permita un escrutinio que potencie y prestigie a la Suprema Corte y le dé mayor fuerza al Estado mexicano.
@LuisHFernandez
Senador de la República
