Negarla no es una opción
En marzo de este año el gobierno mexicano se vio inmerso en una polémica al descalificar el informe del relator especial de la ONU sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E. Méndez, pues éste señaló que en México la tortura era una práctica generalizada.
Siete meses después, el 9 de octubre pasado, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura condenó a México por las torturas cometidas contra cuatro hombres por parte de elementos del Ejército en Baja California en junio de 2009.
Se trata de la primera decisión sobre un caso individual contra México que emite este órgano. En su decisión, el comité concluye que México violó los artículos 1, 2, en relación con el artículo 1, 12, 13, 14, 15 y 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, una de las convenciones más importantes de las Naciones Unidas, de la cual México es parte desde 1986 y reconoce la competencia del Comité contra la Tortura para conocer de comunicaciones individuales el 3 de mayo de 2002.
El 16 de junio de 2009, Ramiro Ramírez, Rodrigo Ramírez, Orlando Santaolaya y Ramiro López fueron detenidos sin orden de aprehensión en Playas de Rosarito, Baja California, como principales sospechosos de un secuestro.
Durante la aprehensión, el traslado y el arraigo en las instalaciones militares del 28 Batallón de Infantería, ubicadas en la ciudad de Tijuana, fueron sometidos repetidas veces a actos de tortura y malos tratos, incluyendo golpes, descargas eléctricas, simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, extracción de uñas y amenazas de muerte con el fin de forzarlos a autoinculparse de los delitos de secuestro y posesión de armas.
A la fecha, las cuatro víctimas se encuentran en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro “Noroeste”, en el municipio de Tepic, Nayarit, y presentan graves problemas de salud a raíz de la tortura y la ausencia de atención médica adecuada.
El comité determinó que el Estado mexicano es responsable de haber cometido tortura en contra de las cuatro víctimas; de no haber tomado medidas eficaces para impedir los actos de tortura durante su detención y arraigo en instalaciones militares; de haber omitido una investigación de oficio, inmediata e imparcial sobre los hechos de tortura; de no haber reparado a las víctimas y sus familiares de los daños que se les ocasionó; y de dictar el auto de formal prisión sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura.
Adicionalmente, el comité reitera la necesidad de eliminar la figura penal del arraigo del ordenamiento jurídico, así como ajustar el Código de Justicia Militar a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para asegurar que toda violación de derechos humanos sea competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria.
Lo anterior constituye una decisión emblemática que evidencia el conjunto de malas prácticas que dan paso a un uso endémico y generalizado de la tortura en México durante muchos años. Asimismo, se trata de la primera ocasión en que el Comité contra la Tortura declara la responsabilidad de un Estado parte por no haber atendido satisfactoriamente la solicitud de medidas provisionales para evitar daños irreparables, al no ofrecer el tratamiento médico especializado que requería Ramiro López en atención a sus graves lesiones auditivas.
Sin duda que el estricto cumplimiento de esta resolución permitirá constituir un paso más hacia el fortalecimiento en el combate contra la tortura y el reconocimiento de las víctimas en México, particularmente en el marco del proceso de elaboración de la Ley General sobre Tortura. La pregunta que debemos respondernos es: ¿la negación de la realidad sigue siendo una opción para el Estado mexicano?
@angelicadelap
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República
