Quiero decir tres cosas que son sólo un pequeño botón de muestra de lo que ha significado nuestra ministra Olga Sánchez Cordero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; habrán de disculpar que la sienta tan nuestra.
La discusión alrededor del caso de Florance Cassez, cuyo trasfondo es el respeto irrestricto al debido proceso legal, y que se convirtió en la característica vertical de la Décima Época, porque significó entrar a una etapa en donde el Sistema de Justicia Penal en nuestro país cambia estructuralmente y por el que muchas personas han sido beneficiadas con su libertad o con la reposición de los procedimientos por las graves violaciones a sus derechos humanos.
El caso de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, también relacionado con el debido proceso, representaba una enorme injusticia contra estas mujeres acusadas de haber secuestrado a seis policías federales, entendiendo cómo son —en todos los sentidos— los policías federales en nuestro país; el proyecto para ordenarle al juez revocar la sentencia dictada y efectivamente ponerlas en libertad fue precisamente presentado por la ministra Sánchez Cordero.
Y un asunto más que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo y, por su contundencia, transcribo sus palabras: “La ley civil debe ser compatible con el Estado social, al margen de mis creencias religiosas, como integrante del más alto tribunal del país, en una República representativa, democrática y federal, cuyos principios democráticos reposan sobre la premisa de un Estado laico, no tengo porque imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos”.
Su trascendente trabajo, su filosofía y su actuar cotidiano convergen en una nueva perspectiva de los derechos humanos, de su protección y de su goce, porque como ella lo ha señalado, en los expedientes que revisa observa a personas con sufrimiento porque sus derechos han sido vulnerados y acuden al tribunal constitucional para acceder a la justicia.
Ella observa a titulares de derechos y señala: “nada legitima en mayor medida a una autoridad que la defensa de los derechos de las personas; nada le otorga más confianza de la ciudadanía a un órgano de poder que la defensa de los derechos de los gobernados”.
Olga, como jueza constitucional, ha sido congruente con sus compromisos para ir más allá de lo jurídico ortodoxo, observando el proceso garantista que ha sufrido —para bien— la propia Constitución.
La extrañaremos…
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
@angelicadelap
