Intervención en tribuna de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 5, la fracción XV del artículo 10, las fracciones I y IV del artículo 19 y se ADICIONA la fracción VIII al mismo, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Lorena Cuéllar Cisneros, (LCC): Con su permiso, señor presidente; Compañeras y compañeros senadores:
A pesar de los distintos esfuerzos que se han alcanzado para el reconocimiento de los derechos fundamentales, el derecho al trabajo depende de múltiples factores que interaccionan entre sí, tales como los termómetros económicos, los parámetros educativos de competencia e incluso las condiciones sociales de cada grupo de habitantes.
Por ende, facilitar a los trabajadores el que puedan ejercitar sus derechos laborales es una situación que requiere la generación de condiciones idóneas tanto en materia legislativa, como presupuestal e institucional, y la implementación de medidas que no solo permitan el acceso al trabajo, sino a uno de calidad, con las prestaciones correspondientes, en donde las labores se realicen con apego a las normas de seguridad, protegiendo la integridad física y mental del trabajador, entre otras características que debe tener la realización de cualquier trabajo decente, como lo estipula la Organización Internacional del Trabajo.
El concepto de trabajo decente, contempla que todo trabajo tiene, debe estipularse en un contrato, con una remuneración justa por las actividades realizadas y con el derecho a recibir prestaciones sociales básicas, entre otras disposiciones, con la finalidad de que los trabajadores puedan desempeñar sus labores en ambientes seguros, cuenten con un crecimiento y capacitación, puedan superarse profesionalmente e incluso mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Este concepto forma parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y los Estados miembros han aceptado el compromiso de conseguir las metas planteadas.
En este sentido, pareciera ser que este reto es aún más grande para las economías que están en desarrollo, ya que de acuerdo con la OIT, en su Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2014, la principal fuente de ingresos de los hogares sigue siendo la remuneración que se recibe directamente de un empleo y donde gran parte de estos empleos se generan en el sector informal, mismo que opera fuera del marco normativo pero genera gran parte del flujo de capital en estos países.
En el caso de México, la situación no es tan diferente, en los últimos años no se han podido crear los puestos de trabajo suficientes, en cuanto a calidad y cantidad, manteniendo grandes tasas de ocupación en el sector informal, rotativo, sin especialización, capacitación, prestaciones, salarios suficientes o condiciones adecuadas de trabajo, dando como resultado, una problemática que lleva mucho tiempo sin encontrar solución y que solo se ha ido agravando por la falta de atención por parte de las autoridades en la materia.
En este contexto, las políticas en nuestro país deben facilitar que el campo laboral transite cada día más a la formalidad, fomentando la inversión, el crecimiento y la generación de empleos suficientes y de calidad.
Uno de los sectores que más se ven afectados en esta temática, es el conformado por las personas adultas, ya que se encuentran en una situación en la que su edad es determinante para que las empresas les nieguen injustificadamente los puestos de trabajo o los acepten sin cualquier tipo de prestación adicional, con plazas temporales, sin contrato, en áreas de poca jerarquía y con un pago inferior, sin que este sea suficiente para solventar sus gastos más elementales.
Además, hay que considerar que muchos de ellos cuentan con alguna enfermedad que genera costos médicos adicionales que muchas veces deben cubrir solos y en otras circunstancias, carecen de pensiones o seguridad social.
Esta serie de factores solo da lugar a que sus derechos se violenten de forma reiterada y no puedan gozar de una vejez digna.
Esto se transforma en un factor de vulnerabilidad para la seguridad económica de este grupo, donde sus ingresos se reducen y aumenta la probabilidad de pobreza en sus hogares.
Es por esta situación, que muchos de los adultos mayores se ven en la necesidad de aceptar trabajos bajo condiciones que atentan contra el pleno ejercicio de sus derechos personales, laborales, sociales, económicos, etc.
En nuestro país viven alrededor de 11.7 millones de adultos mayores, lo que representa al 9.7 de la población total, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con una tasa de participación económica del 33 por ciento, mismo que disminuye conforme se incrementa su edad, llegando a 10.6 por ciento en aquellos que se encuentran en una vejez avanzada.
Ahora, de estos porcentajes, se desprende que la mitad trabaja por cuenta propia o en trabajos temporales y un 4.9 por ciento realiza actividades sin pago, lo que se considera por diversas organizaciones internacionales como “trabajo vulnerable” al no contar con lo establecido por la ley para cualquier empleo formal, siendo alarmante que aproximadamente la mitad de ellos no reciba prestaciones y en muchas ocasiones gane menos de 1 salario mínimo.
Continuando esta dirección, la realidad es aún más cruda cuando los datos revelados por la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social de 2013, nos indican que solo una cuarta parte de los adultos mayores cuentan con una pensión, misma que en ocasiones resulta insuficiente para cubrir sus gastos, lo que obliga a un gran número de personas a verse en la necesidad de trabajar tan sólo para “sobrevivir”, convirtiendo así, a muchos trabajadores que vivían en situaciones más favorables en su juventud y vida adulta, en personas carentes de empleo o con trabajos que los mantienen en situaciones de pobreza y vulnerabilidad.
Incluso, el panorama actual, nos permite encontrar a muchos trabajando en puestos relegados de sus cargos o realizando actividades básicas a pesar de que se encuentren capacitados para poder hacer tareas más complejas y en muchas ocasiones, aunque se les “acepte” a prestar sus servicios dentro de alguna empresa, no se les entregan prestaciones y se les exige contar con algún tipo de seguridad social.
Lo que pudiera parecer irónico cuando notamos que el porcentaje de personas que es derechohabiente es reducido, negando así, la obtención del puesto a un gran número de adultos mayores, que sin más opciones tienen que recurrir a fuentes informales de trabajo.
Esta compleja situación requiere atención inmediata, considerando además que múltiples proyecciones revelan que la demografía del país se está transformando gradualmente, pasando de presentar altas tasas de población joven a un incremento en la población que pertenecerá a este grupo que está siendo sometido a condiciones de vulnerabilidad.
Es por estas razones que el Estado mexicano debe priorizar acciones que resuelvan la problemática y velar porque sus derechos humanos sean respetados, aún en el complejo escenario, merecen gozar de todos sus derechos si deciden prolongar su vida laboral.
Es cuanto, señor presidente.
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