La semana pasada el dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, criticó el uso que hace Andrés Manuel López Obrador de los tiempos oficiales de Morena para promocionar su imagen personal.
Beltrones señaló que urge una nueva reforma electoral para evitar actos anticipados de campaña como este. AMLO, fiel a su estrategia de victimización, respondió acusando un “intento de censura” por parte del priista y “las mafias” que intentan frenarlo.
Asistimos, de esa manera, a la enésima reedición de un debate inacabado: el uso inequitativo y excesivo de recursos públicos para propaganda en los medios de comunicación. Hace tres años, el movimiento #YoSoy132 logró una enorme activación social al denunciar el uso de dinero para la manipulación mediática, lo cual constituye un obstáculo para el ejercicio libre y pleno de una democracia. Así, #YoSoy132 exigía el derecho a la información y la equidad en los medios de comunicación.
En respuesta a esta demanda, el 16 de julio de 2012, ya como presidente electo, Peña Nieto escribió en el diario Reforma que impulsaría una “instancia ciudadana y autónoma para supervisar la contratación con fines publicitarios, garantizando principios de utilidad pública, transparencia y acceso a la información”. Sin embargo, todo quedó en una promesa incumplida. El informe “Libertad de expresión en venta: Acceso a la Información y Censura Indirecta en Publicidad Oficial”, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., muestra que los gastos millonarios en este rubro son una constante y que, en su ejercicio, persisten la falta de transparencia, un diseño institucional y legal que permite la impunidad, y prácticas contrarias a la libertad de expresión e información. Tan sólo es sus dos primeros años de gobierno, Peña gastó casi 15 mil millones de pesos en publicitar su imagen. Nunca un Presidente había gastado tal cantidad de dinero en ese lapso, de acuerdo con dicho informe.
Este monto es similar al de los recursos destinados en 2015 a la investigación científica y el desarrollo tecnológico (13 mil 535.6 mdp) o al programa de escuelas de tiempo completo (12 mil 500.4 mdp), que busca mejorar la educación pública básica. También equivale a la mitad del presupuesto destinado este año al rubro educativo de Prospera (28 mil 275.9 mdp), que busca garantizar que la educación contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país.
Tenemos un reclamo social doble. Por un lado, la inequidad en la contienda política, con jugadores que se adelantan a los tiempos marcados para hacer proselitismo. Por otro, el derroche del dinero público, encaminado a la compra y venta de una imagen política, en lugar de ser utilizado en beneficio de la sociedad.
En cuanto a la promoción política adelantada, hoy se habla, una vez más, de la necesidad de una reforma electoral para que exista equidad en el uso de los tiempos oficiales, y para evitar que los dirigentes de los partidos políticos se dediquen a promover su imagen personal, por encima de las propuestas de los partidos que representan.
Para avanzar en este tema, nosotros promovimos un cambio a la ley desde el año 2012, pero la iniciativa sigue durmiendo el “sueños de los justos”. Pareciera que este problema sólo se intenta resolver cuando existe algún partido o personaje, que lo puede manipular a su favor y en contra de sus adversarios.
Pero hay que aprovechar que el debate está de nuevo sobre la mesa. Es momento de prohibir, de una vez por todas, la promoción pública de la imagen personal usando el dinero público. Esta prohibición debe aplicar para todos los actores públicos, ya sean funcionarios de cualquier orden de gobierno o legisladores, en el país, incluyendo a los presidentes de los partidos políticos y a todos aquellos que, a través de los partidos, reciben recursos públicos.
Se requiere una ley de regulación de propaganda gubernamental que evite el derroche de los recursos de los mexicanos y que, también, impida comportamientos oportunistas, y fuera de tiempo, que favorezcan a determinados personajes y desequilibren la cancha de la competencia política para los demás.
Hasta hoy, Peña Nieto y AMLO avanzan por la misma ruta en este tema: usar el dinero de la gente para hacerse campaña, ya sea como Presidente en funciones, ya sea para volver a intentar serlo. Veamos si alguno de los dos se desmarca de este comportamiento, que tanto enojo causa en la población.
