Con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se iniciaría el desafío para la construcción de un sistema de rendición de cuentas entre ciudadanos y Gobierno con un verdadero equilibrio de pesos y contrapesos, sostuvo el senador Armando Ríos Piter.
Al posicionar a nombre de la fracción del PRD en el Senado de la República acerca del dictamen por el que se expide dicha ley, el legislador reconoció la suma de voluntades de todas las fuerzas políticas “para avanzar en la reconstrucción de la confianza social en el ejercicio de la función pública en una época de profunda crisis institucional derivada de escándalos de corrupción y conflictos de interés”.
Apuntó que la poca transparencia que existe y la ausencia o ineficacia de los mecanismos de fiscalización sobre las actividades federativas han fomentado abusos y corrupción.
Por ello, ser requiere construir sistemas simbióticos de rendición de cuentas, fiscalización y combate a la corrupción, pues la rendición de cuentas requiere de transparencia y al mismo tiempo instrumentos de fiscalización; “y ahí donde hay fiscalización y se detectan usos irregulares de recursos públicos tiene que haber combate a la corrupción”.
“Hoy tenemos una ley que nos permite un avance significativo pero hay que recordar que hay muchos elementos del sistema de rendición de cuentas que están pendientes”, dijo.
Señaló que el Grupo Parlamentario del PRD impulsó la incorporación de temas como la prohibición de reservar información en violaciones graves de derechos humanos e información relacionada con actos de corrupción; obligaciones de transparencia para los sujetos obligados, ya sean sindicatos, partidos políticos, grupos parlamentarios o fideicomisos públicos.
Además, plantearon dar claridad en las facultades del INAI, incorporar esquemas certeros para motivar la participación ciudadana y avanzar en el cumplimiento del compromiso de gobierno abierto, así como diversas disposiciones de transparencia en el sector energético.
No obstante, Ríos Piter advirtió sobre la insuficiencia de los canales de participación en el escrutinio público y denuncia de actos de opacidad y corrupción señalada por organizaciones no gubernamentales.
Reiteró que la ley es un avance, sin embargo, aseveró que se tiene que revisar palmo a palmo que las instituciones que se ven fortalecidas con estos cambios legislativos cumplan con las funciones que se les están encomendando.
“Y eso solamente es posible si mantenemos esa dinámica de acercamiento ahí donde la autoridad no cumpla, tenemos que utilizar la propia ley, sea a través del Poder Judicial o sea a través de cualquier otro procedimiento para garantizar que los alcances que hoy estamos celebrando se lleven verdaderamente hasta sus últimas consecuencias”, dijo.
En ese sentido, dijo, se debe poner en marcha el trabajo para concretar una Ley de Archivos, una ley que proteja los datos personales, y un andamiaje que le dé verdadero sentido y consistencia al Sistema Nacional Anticorrupción, así como una nueva Ley de Obra Pública.
“La única forma en la que será posible recuperar la confianza en las instituciones del Estado mexicano será así, con un nuevo andamiajes legal, pero especialmente exigiéndole a la autoridad que cumpla con lo establecido por la ley”, concluyó.
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