Proponen senadores del PRD prohibir usos indebidos de propaganda gubernamental


En México se han desarrollado prácticas en las que la propaganda gubernamental atenta contra el derecho a la información de la sociedad y es utilizada para promover la imagen de personajes políticos, sostuvo el senador Zoé Robledo, por lo que a nombre del Grupo Parlamentario del PRD presentó una iniciativa para prohibir su uso indebido.

Al fundamentar la propuesta, Zoé Robledo destacó que ésta fue la última iniciativa que redactó el senador Manuel Camacho Solís, donde señalaba que la comunicación entre autoridades y ciudadanos es un componente fundamental en una democracia, pero el esquema diseñado para esto podría utilizarse para promover la imagen personal de los funcionarios y no para informar.

Ante el pleno del Senado de la República, el senador chiapaneco resaltó que el modelo de comunicación política no está funcionando bien, pues el Gobierno, como empleado de los ciudadanos, está actuando de una manera irracional, tratando de convencer a su patrón de que está haciendo las cosas bien con mensajes repetitivos.

Apuntó que esta práctica lesiona severamente a la democracia, pues no contribuye a tener una sociedad mejor informada, además de que se destinan recursos públicos para fines personales y se facilita el control sobre los medios de comunicación mediante la asignación selectiva de contratos de publicidad.

Aseguró que el problema no está en el modelo electoral de compra o adquisición de medios como se ha tratado de abordar el tema, sino en la propaganda gubernamental y la gran cantidad de recursos públicos invertidos en ello.

“Los ciudadanos tienen que estar informados de la acción del Gobierno, desde luego que sí, pero no de esta forma, no con spots que no dicen nada, que en el umbral de percepción de los ciudadanos están prácticamente desaparecidos”, dijo.

Comentó que de acuerdo al informe El costo de la legitimidad, de las organizaciones Fundar y Artículo 19, en 2011, 27 entidades federativas gastaron 4,518 millones de pesos en propaganda; y en 2010 y 2011, la mayoría de los estados sobreejercieron los montos aprobados por sus respectivos congresos en publicidad oficial.

Reconoció que si bien la reforma constitucional de 2007 estableció un régimen con el cual se pretendió regular la propaganda oficial, ésta ha sido totalmente desvirtuada mediante campañas publicitarias y un conjunto de instrumentos, recursos y mensajes que son propaganda política.

Subrayó que con recursos públicos se difunden las posiciones políticas del gobierno federal, los estados y municipios; se promueve la imagen de los funcionarios; se compran abiertamente espacios a favor de las posiciones oficiales y en contra de las oposiciones.

Zoé Robledo lamentó que no haya voluntad política para cumplir con el objetivo de la ley y consideró la misma debilidad institucional y la incapacidad regulatoria conducen a que siempre se encuentren nuevas formas de eludir el cumplimiento de la ley, estimuladas por la impunidad que provoca una autoridad débil o incapaz.

Citó a Manuel Camacho, quien sostenía que es más saludable cambiar de un régimen que permite la propaganda oficial bajo ciertas limitaciones a otro que la prohíba de manera absoluta.

“Mientras no contemos con una autoridad reguladora fuerte que pueda hacer cumplir adecuadamente las diversas modalidades que establezcan para la propaganda oficial, siempre será mejor prohibirla para evitar que se abuce de ella en perjuicio de la democracia y del erario público”, advirtió.

Por ello, la iniciativa para modificar el Artículo 134 constitucional plantea que únicamente se permita la difusión de información gubernamental de suma importancia para la sociedad, como campañas de salud, educación y protección civil, y que en ningún caso incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Radio Televisión y Cinematografía; Estudios Legislativos, Segunda.

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