El senador Zoé Robledo informó que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, la cual preside, sostendrá reuniones con funcionarios federales y demás sujetos obligados con el propósito de contar la información completa sobre el apagón analógico.
El legislador señaló que el “Foro de consulta para conocer los puntos de vista de los sujetos obligados por la reforma en materia de telecomunicaciones” es parte del proceso de análisis de las iniciativas que fueron turnadas a la Comisión de RTC en materia de transición digital terrestre.
El legislador por Chiapas señaló que hay información muy dispareja respecto al estado actual del proceso del apagón, por eso “queremos desde la Comisión de RTC y en el PRD que antes de tomar cualquier decisión respecto al apagón, antes de cualquier proceso de dictaminación, tenemos que tener toda la información”.
Zoé Robledo apuntó que este miércoles 11 de noviembre, asistirá la subsecretaria de Desarrollo Regional de la Sedesol, Vanessa Rubio, para explicar cómo se realizó el padrón de beneficiarios, cómo se han atendido lo reclamos de beneficiarios que no acudieron al reparto de televisiones, así como de gente que cree que puede ser beneficiaria.
“La segunda funcionaria es Mónica Aspe, de la SCT, ella vendrá a explicar pues todo el proceso de lo que está obligada la SCT, es decir, la repartición de televisiones, cuántas han repartido, en qué lugares, dónde hay mayores rezagos y cómo piensan alcanzar sus metas”, agregó.
En esta primera etapa también asistirá un representante del IFT para ofrecer datos más certeros que se necesitan antes de tomar una decisión, particularmente sobre los estados y las ciudades donde ya se ha hecho el apagón.
Para la segunda etapa, apuntó el senador, se convocará a concesionarios públicos y privados, permisionarios y a los afectados.
El chiapaneco aseguró que si después de conocer la información completa de los funcionarios y de los otros sujetos obligados, “vemos que el apagón es posible, por supuesto que seguiríamos esa posición de que se respete el plazo constitucional, que es el 31 de diciembre”.
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