El senador Luis Humberto Fernández propuso tipificar los actos de corrupción como delincuencia organizada a fin de generar sanciones efectivas que desincentiven la participación en redes de corrupción.
Al fundamentar su propuesta para reformar diversos artículos del Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales, el legislador del PRD sostuvo que el Estado mexicano está vulnerado y carece de la capacidad suficiente para cumplir sus obligaciones constitucionales.
Mencionó que la naturaleza del problema de la corrupción que vive México está en las redes que vulneran el Estado de derecho, la democracia y el libre mercado y que constituyen una industria integrada, que cubre desde la planeación, la operación, el manejo financiero, el blindaje jurídico, hasta la cobertura política.
“México está enfermo de corrupción e impunidad. Parece un elemento omnipresente en la vida cotidiana, desde la gestión de servicios básicos o apoyos sociales que un ama de casa realiza para su hogar, los contratos multimillonarios que celebran los gobiernos, hasta el sistema financiero que en algunos casos ha servido para lavar dinero”, condenó.
De acuerdo con estadísticas, señaló, a principios de 2015, 60 por ciento de los mexicanos percibía un aumento en la corrupción, mientras que 36 por ciento la consideraba como el principal problema del país.
Fernández Fuentes destacó que el esfuerzo que el Estado realiza para combatir el narcotráfico es una estrategia prohibicionista y militar que cuesta vida y dolor, y que ha hecho que el gasto de seguridad esté entre los 10 más altos del mundo.
“La complicidad, la corrupción y la impunidad constituyen el motor que alimenta al narcotráfico; ante esta realidad, las políticas anticorrupción son prácticamente inexistentes”, dijo.
Aseveró que pese a las reformas que se han realizado al marco legal para sancionar la corrupción, estos esfuerzos son insuficientes por su falta de ejecución y mencionó que entre 2000 y 2013 se exhibieron 71 casos de corrupción por parte de 41 gobernadores; 16 fueron investigados y sólo 4 procesados y encontrados culpables.
Ante esta situación, el integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana consideró que con tantos fracasos e imposturas, el primer paso es reconocer la gravedad del problema.
“La corrupción es un acto de crimen organizado; el corrupto no actúa solo, normalmente opera sobre la base de la impunidad que dan las redes de corrupción, que son organizaciones integradas, con la participación de funcionarios públicos y empresarios privados para apropiarse bienes públicos”, agregó.
Fernández Fuentes señaló que el artículo 16, párrafo noveno de la Constitución establece define delincuencia organizada la organización de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada y “con el objetivo de desincentivar los actos de corrupción en el ejercicio del servicio público, se propone equipararlos con el crimen organizado”.
Esta propuesta, afirmó, es conveniente, pertinente y armónica con el sistema jurídico mexicano, además de que fortalecería a las fiscalías responsables de sancionar este tipo de conductas y sería un instrumento legal para desarticular las redes de corrupción y no atacar hechos aislados únicamente.
“La medida propuesta no resuelve el problema, ni la falta de valentía o voluntad política para enfrentarlo, pero sí ataca una de las aristas más dolorosas; ésta es la primera de un paquete de medidas que la fracción del PRD presentará para combatir la corrupción y fortalecer al Estado.”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos para su análisis y posterior dictamen.
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