La senadora Angélica de la Peña Gómez solicitó al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, realizar el Registro Nacional de todos los Centros de Atención de Asistencia Social, así como diseñar los protocolos que garanticen que su funcionamiento y sus responsables estén apegados a la ley.
Además, mediante un punto de acuerdo, la legisladora del PRD pidió a la Cámara de Diputados considerar dentro de del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 recursos para dar cumplimiento a los requerimientos presupuestarios que se establecen en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
De la Peña dijo que en México existen albergues públicos y privados para niños con una situación jurídica y fiscal impredecible, debido a que operan sin una normatividad uniforme y una supervisión no estandarizada de los recursos donde no se conoce su procedencia.
Señaló que de acuerdo con información del DIF, a finales del 2013, en México se tenía registro de 25 mil 700 niños en situación de abandono, orfandad o que están separados de sus padres.
Sin embargo, “no existe del todo un sistema de protección hacia los infantes que se encuentran en este tipo de albergues, mucho menos la existencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento del objetivo para el cual fueron creados y que convierte a los infantes en víctimas de tratos crueles”.
Como el caso de “Casitas del Sur”, donde la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cateó y aseguró dos inmuebles del albergue y 126 menores fueron rescatados.
“Es impostergable que el Estado y la sociedad en general optimicen la operación de este tipo de establecimientos, a través de una normatividad más rigurosa que garantice el registro obligatorio de este tipo de espacios, así como mejoras legales orientadas con normas internacionales y nacionales ya existentes”, mencionó.
En este sentido, externó que el Estado está obligado a promover y proteger los derechos de todos los mexicanos, y en especial, de los niños en situación de vulnerabilidad que viven en algún tipo de albergue, pero la mayoría de estos se encuentran en situaciones precarias, sin un registro oficial y violando las garantías de los mismos.
La senadora concluyó que es responsabilidad y obligación del Estado valer todas y cada una de las leyes y normas que permiten llevar acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes alojados en albergues y orfanatos.
El primer resolutivo del punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, mientras que el segundo de ellos a la Cámara de Diputados para su posterior análisis y dictamen.
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