Hace un año, la dirigencia del PRD anunciaba un nuevo protocolo interno para la selección de candidatos, en donde se contemplaban acciones de control ciudadano, transparencia y rendición de cuentas, para que dirigentes partidistas, funcionarios y legisladores del partido fueran considerados en la categoría de Personas Políticamente Expuestas, y tuvieran que someterse a un escrutinio riguroso de las autoridades.
Pese a ello, la semana pasada, Érik Ulises Ramírez Crespo, quien fue electo como presidente municipal de Cocula, Guerrero, en las elecciones del 7 de junio, fue detenido por fuerzas federales, junto con otras personas presuntamente vinculadas con el grupo delincuencial Guerreros Unidos y, a su vez, con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Tras la tragedia, el proceso electoral supuestamente contaría con medidas contundentes para filtrar candidatos, tanto por parte de los partidos, como de las autoridades de seguridad e inteligencia. Sin embargo, las citadas detenciones demuestran todo lo contrario, y un fracaso rotundo del Estado mexicano.
Después de los acontecimientos de Iguala, denuncié las dinámicas de corrupción y de impunidad que regían la vida política de mi entidad. Renuncié a ser candidato a la gubernatura, justo porque no estuve dispuesto a participar en esa dinámica.
En ese momento me pronuncié por un cambio de fondo. Los hechos evidenciaban la colusión de funcionarios con delincuentes, así como la infiltración de estos últimos en los partidos. Los hechos nos llamaban a cambiar 180 grados la forma de hacer política, de seleccionar candidatos, y la primera aduana eran las pasadas elecciones de junio.
Sin embargo, el pragmatismo miope, la inercia, las excusas y la falta de voluntad prevalecieron.
Un día después de la detención de Ramírez Crespo, el líder del PRD, Carlos Navarrete, dijo que cuando este hombre fue postulado como candidato «ni la PGR, ni el PRD» contaban con información que lo vinculara con el crimen organizado. Esta declaración demuestra la falta de mecanismos efectivos por parte del partido para asegurar la fiabilidad de sus candidatos y, también, la debilidad institucional de la autoridad.
Ante problemas tan profundos, la advertencia de expulsión del edil de las filas del PRD es una respuesta insignificante y ridícula.
Hoy, el PRD renueva su dirigencia. El nuevo presidente traerá a cuestas el déficit de credibilidad de un partido en crisis, que se niega a aceptar su responsabilidad y cambiar. De hecho, la forma viciada de la elección del nuevo presidente y secretaria general, la ausencia de democracia interna, así como la prevalencia de los acuerdos cupulares, son evidencia de que el PRD no quiere salir de su propio laberinto.
El partido aún más importante de la izquierda se apaga lentamente, por su falta de voluntad de cambio. Frente a una realidad extrema, hay que tomar medidas extremas y contundentes. Verdaderos giros de timón.
Quienes somos de izquierda debemos exigir que todo aspirante a un puesto de elección popular haya presentado sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses; que éstas sean auditadas y se identifique el origen y evolución de su patrimonio. También, se debe retirar el fuero a todos los niveles, comenzando por el Presidente y los legisladores federales, para evitar que sea utilizado como un escudo de impunidad.
Hoy, a un año de la detención de José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, y de un nuevo edil perredista relacionado con delincuentes de Guerreros Unidos, reitero que a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa los desapareció la corrupción y la impunidad imperantes. Y nada ha cambiado desde entonces en mi estado, en el país y mucho menos en el PRD.
La refundación que requiere México nos convoca a cambiar de manera radical. La simulación y la mentira deben extinguirse. Ese es el reto de mi generación y de los políticos si queremos una «Patria para todos», donde nuestros hijos puedan vivir y desarrollarse en armonía.
El autor es senador de la República por Guer
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