El mercado ilegal de armas de fuego en México continúa abasteciendo a la delincuencia común y a la delincuencia organizada ante esfuerzos de las autoridades que resultan insuficientes, y con ello la violencia se recrudece y las víctimas aumentan a un ritmo preocupante, afirmó la senadora Angélica de la Peña.
Dijo que de acuerdo a reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que va de este año se han registrado al menos 2 asesinatos por hora, aproximadamente 49 al día, y de seguir esta tendencia, 2015 cerraría con más 16 mil muertes violentas.
La legisladora del PRD detalló que en el mes de mayo se presentaron denuncias por mil 463 homicidios, más de la mitad de ellos cometidos con armas de fuego, “las víctimas han sido soldados, policías y presuntos delincuentes, al igual que candidatos a distintos cargos, jóvenes, niños y migrantes”, agregó.
Apuntó que el 70 por ciento de las armas introducidas ilegalmente a México provienen de los Estados Unidos, cifra reconocida en 2014 por la propia Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), y añadió que “un estudio de la universidad de San Diego reveló que aproximadamente 263 mil armas son traficadas anualmente a través de la frontera entre nuestros países”.
De la Peña Gómez indicó que aunado al tráfico internacional de armas, el mercado ilícito se ha nutrido con más de 17 mil armas de fuego de todos los calibres reportadas como robadas o perdidas en los últimos ocho años por cuerpos policíacos de los 2 mil 445 municipios y las 32 entidades federativas, cifras dadas a conocer por la organización Desarma México.
Comentó que entre esas armas “robadas” o “perdidas” podría haber algunos de los 10 mil rifles de asalto tipo G-36 que la empresa alemana Heckler & Koch vendió a gobiernos estatales entre 2009 y 2006, y que han provocado en Alemania un escándalo porque empleados de la empresa han sido procesados judicialmente ya que presuntamente permitieron que armas y sus accesorios, cuya venta había sido autorizado por su gobierno para ciertos estados de México, acabasen en otros lugares con problemas de violencia, como el estado de Guerrero.
La senadora Angélica de la Peña instó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a incrementar las medidas de registro, control y supervisión del armamento asignado a todos los cuerpos de seguridad, públicos y privados en el país; acelerar las investigaciones de todas aquellas armas robadas o extraviadas por policías municipales, estatales y federales y sancionar a los responsables.
“Parar el flujo de armas a la delincuencia organizada, exige cerrar las fronteras a este tráfico ilegal cambiando los esquemas y equipos de vigilancia y revisión; imponer rotación permanente del personal y estrictos controles de confianza; pero lo fundamental es que el gobierno mexicano exija a su contraparte norteamericana detener la venta indiscriminada de armas semiautomáticas y de alto poder en su territorio, por lo menos en los estados fronterizos con México”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
