- La dolorosa tradición de la corrupción
No es ninguna sorpresa que el Chapo se haya escapado nuevamente de las autoridades mexicanas. Lo había hecho en 1991 cuando, una vez capturado, salió libre con un soborno; en 2001 escapó del penal de Puente Grande y en 2015 del penal de alta seguridad del Altiplano.
De hecho, se está convirtiendo en una dolorosa tradición. Todos los casos muestran un factor en común: complicidad de actores del gobierno. Esto es lo grave, ya que más allá de la anécdota, el tema de fondo es que hasta hoy el Chapo ha podido más que el Estado mexicano.
Es un tema de la más alta preocupación, no se trata de un bandolero aislado, no es Chucho el Roto, ni Robin Hood; es el líder de la organización privada más grande y con mayor poder en México. Esta organización que se denomina cártel tiene una implicación delincuencial pero también económica, dado que un cártel es, entre otras cosas, “un grupo de empresas independientes que ha pactado introducir reglas que modifican la competencia, la restringen y establece un control monopolístico del mercado”.
Hoy los cárteles son organizaciones que presentan procesos económicos integrados que incluyen desde el derecho de piso que paga el taquero de la esquina en el barrio, hasta el lavado de dinero e inversiones en el sistema financiero internacional, pasando por el secuestro e incluso actividades productivas como la minería, la pesca, la ganadería y la agricultura. Ésta es una mezcla de empresas legítimas e ilegales, con una presencia importante en las economías locales y nacional.
El control y potencia económica no son producto de la suerte, son estructuras construidas con la complicidad y complacencia de muchos gobiernos locales, alimentados en la corrupción e impunidad.
Esta organización ha logrado tener cuadros especializados, profesionalizados, ideologizados, que utilizan alta tecnología y tienen un control de costos muy eficiente. En síntesis, todo lo que el Estado mexicano debió hacer en materia de seguridad en los últimos años y no hizo.
La potencia del crimen organizado, sumado a las incapacidades, errores de cálculo y rumbo por parte de los gobiernos de todos los niveles y símbolos políticos representan un gran peligro para el país, ya no sólo a nivel de seguridad pública, o para el desprestigio de la nación. Lo que está en juego es la capacidad del Estado mexicano.
Experiencias como la de Escobar Gaviria en Colombia muestran que es posible enfrentar enemigos de esta naturaleza y calado, pero se requiere una decisión de Estado para enfrentar costos y tomar decisiones, lo que no ha pasado en México. No se observa una decisión del Ejecutivo federal para resolver el tema. La evidencia de lo anterior es que simplemente no hay señales de esto, pareciera que el presidente de la república le tiene más temor a sus amigos y colaboradores, que al ridículo internacional.
Es un grave error pensar que el narcotráfico es un tema de seguridad pública, es una prioridad de seguridad nacional y será definitorio en la viabilidad del Estado y la nación mexicana.
No hay una ruta clara para enfrentar el problema, sin duda pasa por reconocer lo delicado y frágil de la situación nacional, y entender que narcotráfico, crimen organizado y corrupción son un mismo problema. De hecho, el narcotráfico es sólo un segmento de la industria de la corrupción en México.
En todo caso, la única forma de avanzar en la construcción de un Estado más sólido es que los intereses privados y delincuenciales no prevalezcan sobre el público y el nacional, esto es, combatir la corrupción.
@LuisHFernandez
Senador de la República
