- No podemos ni debemos, bajo ninguna circunstancia, acostumbrarnos a la barbarie y a la violencia.
No puede existir impunidad. Ante el reciente linchamiento de dos encuestadores en Ajalpan, Puebla, debe aplicarse la ley.
No podemos ni debemos, bajo ninguna circunstancia, acostumbrarnos a la barbarie y a la violencia.
La grabación y la transmisión del linchamiento de estos dos hombres a través de los medios de comunicación, y particularmente en videos grabados por los mismos pobladores con sus teléfonos celulares y subidos por ellos mismos a la red de internet, muestran signos preocupantes de descomposición y de violencia que dañan el tejido social y a las instituciones.
En plena era de los derechos humanos, de la igualdad de género, de la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, de los matrimonios entre personas del mismo sexo, en la era del Internet, presenciamos a una turba matar y quemar a dos encuestadores.
Un hecho que llama la atención y que no deja de sorprendernos es que muchos de los que estuvieron presentes pudieron hacer algo para evitar que se culminara el linchamiento. En varias grabaciones se aprecian personas solamente filmando el hecho, riéndose o, de plano, participando.
El linchamiento de Ajalpan, tristemente no fue un hecho aislado. Estudios como “El linchamiento en México: recuento de una periodo largo (1988-2014)”, de Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, de la UAM, señalan, por ejemplo, que en los últimos 26 años se han registrado al menos 366 eventos de esta naturaleza, esto es, linchamientos considerados de modo genérico, en sus variantes de tentativa y consumación, en diferentes entidades federativas, lo que representa un promedio de 13.6 eventos por año o, si se quiere, más de uno por mes a lo largo de estos casi 27 años.
De acuerdo a este estudio, de 1988 a 1995, los casos de linchamiento son pocos, entre uno y nueve casos por año. Entre 1996 y 2009, el número de linchamientos aumentó significativamente, un mínimo de tres y un máximo de 27 casos con un promedio de 13.5 anualmente.
Los estados donde se concentran los linchamiento son el Estado de México, el Distrito Federal, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. En contraste, sólo cuatro de las 32 entidades federativas -Colima, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas- no presentan en estos 27 años un solo evento relacionado con linchamientos.
Esta investigación concluye que la impunidad fomenta conductas indeseables; hace que la comunidad tenga respuestas violentas generalizadas, aparentemente justificadas por una percepción de indefensión ante la ausencia de la protección que debe garantizar el Estado.
Son expresiones de la tensión acumulada y de desesperación en un marco de degradación social, pero también representan riesgos adicionales a la violencia delictiva.
El linchamiento consiste en la aplicación de un castigo “ejemplarizante” por parte de una multitud —ante la supuesta comisión de un delito— con diferentes niveles de participación: unos incitan a la acción y se involucran en su “planificación”, mientras otros la ejecutan. En ella no se concede al linchado ninguna oportunidad para aclarar su actuación, ni mucho menos se espera la actuación policial.
El gobierno estatal tiene la responsabilidad de impedir que hechos como los de Ajalpan se repitan, para lo cual será necesario terminar con la impunidad y garantizar que prevalezca el Estado de derecho. XXX TWITTER: @MBarbosaMX
