Con el fin de mejorar el control y fiscalización de los recursos federales entregados a entidades y municipios, el senador Fernando Mayans Canabal propuso ampliar y fortalecer el campo de acción de la Auditoría Superior de la Federación.
Mediante una iniciática, presentada a nombre del senador Benjamín Robles, que pretende modificar los artículos 1, segundo párrafo; 15, fracción XVI; y 49 y 50, fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el legislador por Tabasco resaltó la importancia de los mecanismos de control y fiscalización en un sistema global de rendición de cuentas.
Recordó que en los últimos años el debate sobre la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas ha tomado relevancia en México; sin embargo, dijo, el debate se ha centrado principalmente en el ámbito federal, posponiendo el análisis a fondo de cómo rinden cuentas los gobiernos estatales y municipales.
“Esta omisión es preocupante porque desde los años ochenta México inició un proceso gradual de descentralización, particularmente en educación y servicios de salud, que dio como resultado una incalculable suma de recursos que hasta hoy, al menos en el sector educativo, eran ejercidos desde los estados y municipios”, señaló.
Mayans Canabal aseguró que el control y fiscalización son mecanismos para supervisar los actos de gobierno, pero no siempre implican la obligación de los gobernantes para informar de manera periódica sobre sus decisiones y acciones.
En este sentido, la Auditoría Superior de la Federación ha sido una de las instituciones más sólidas e importantes en el proceso de democratización del Estado, resultando su labor fundamental en la rendición de cuentas.
No obstantes, dijo el problema radica en si es suficiente o no la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría, partiendo del hecho de que en ocasiones sus recomendaciones no son tomadas en cuenta o que las denuncias o querellas peales que presentan, no son atendidas como debe ser.
Por ello, el tabasqueño propuso facultar a la ASF para fiscalizar y fincar responsabilidad independientemente de la naturaleza de la entidad, municipio o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, primera, para su análisis y posterior dictamen.
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