Apagón analógico/ Siempre


Populismo, demagogia y propósitos electorales.

Las reformas constitucional y legal en telecomunicaciones constituyen uno de los grandes cambios para nuestro país. Por sus alcances, implicaciones en el desarrollo, y por los sectores y personalidades involucradas fue una de las que más debate desató en la pasada Legislatura.

Los avances más significativos en la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión fueron el establecimiento de reglas de competencia apegadas a la Constitución en materia de preponderancia, interconexión y nuevos competidores.

En materia de nuevos competidores, la reforma beneficiaría la capacidad de adquisición de las comercializadoras, lo que permitiría mejorar la oferta y paquetes de servicios para los usuarios finales.

Se fortalecería la autonomía del IFT, al cual le corresponde vigilar y sancionar los tiempos máximos de publicidad y las obligaciones de los concesionarios sobre derechos de las audiencias; supervisar que la programación y publicidad destinada al público infantil cumpla con la ley; y ordenar la suspensión de la programación que no cumpla con los lineamientos que emitan las secretarías de Gobernación y Salud en el ámbito de sus competencias.

La reforma posibilita la accesibilidad a personas con discapacidad y fortalece las concesiones de uso social e indígena en materia de regulación específica, reserva del espectro radioeléctrico y financiamiento.

Se determinó la autonomía editorial del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el cual estará sectorizado a la Secretaría de Gobernación y su Junta de Gobierno, tiene siete miembros: tres del Gobierno (Segob, SEP, Salud), tres ciudadanos y un presidente propuesto por el Ejecutivo federal y ratificado por el Senado.

Más allá de puntos de vista particulares o de grupo, la reforma en telecomunicaciones es un producto legislativo que debe cumplirse por medio de acciones ejecutivas que garanticen la correcta aplicación de la ley.

Pero también se debe tener la sensibilidad necesaria para poder incluir los cambios para garantizar su aplicación. Tal es el caso del llamado “apagón analógico”, el cual implica la transición de la transmisión de la señal de televisión analógica a la señal de televisión digital terrestre.

Esto significa que el 31 de diciembre de 2015 en toda la república mexicana existirá sólo televisión digital, la cual se basa en el sistema Digital Video Broadcasting (DVB) que se utiliza en Europa y el cual permite ordenar el flujo de la señal para la difusión de satélite, cable y terrestre. Pero también se puede adaptar a cada modo de transmisión. El apagón analógico se ha realizado de manera gradual o escalonada.

Debe reconocerse que existen muchos intereses detrás de esto y considero que debe tomarse una decisión, mediante la cual quienes no pueden tener materialmente una forma de acceder a la televisión digital al 31 de diciembre puedan hacerlo.

Estoy a favor de que se revise de manera genuina el tema para evitar que alrededor de seis millones de mexicanos, por cálculos incorrectos en los plazos y las posibilidades del cambio tecnológico, queden sin acceso a la televisión, que es parte de la convivencia social en esta época.

Este programa está plagado de populismo, demagogia y de propósitos electorales, y de eso hay pruebas. Hay pruebas de cómo se entregaron pantallas en épocas de campaña a cambio de compromisos de votar, eso debemos de decirlo con realismo.

El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado presentará una iniciativa de reforma al transitorio respectivo de la reforma constitucional para poder ampliar el plazo. Se trataría de un tiempo razonable que tiene que ver con la posibilidad para hacer el cambio tecnológico con apoyo financiero del Estado a las televisiones públicas. Tiene que haber una planeación mejor y una mayor eficiencia en la entrega de pantallas o de decodificadores, lo que funcione para que se pueda acceder.

Por otro lado, en el caso de las televisiones públicas, que no tienen recursos para la modernización tecnológica, pensaría en financiamiento público.

El Estado mexicano debe ser solidario con la realidad de cerca de seis millones de mexicanos que al 31 de diciembre, según han señalado encuestas del INEGI, quedarían sin acceso a una señal de televisión.

Tiene que ser sensible y realizar las adecuaciones necesarias para presentar la iniciativa de reforma al artículo transitorio correspondiente, porque, más allá de cualquier otra cosa, éste es un tema que se vuelve de requerimiento social.

Hay que estar atentos a un asunto que va a ser un reclamo de un sector muy amplio de la sociedad por lo que la televisión significa para la convivencia familiar.

Es muy simple de entenderlo, y si de ahí las empresas pueden tener una mejor planeación de su cambio tecnológico, pues que sea así.

@MBarbosaMX

Coordinador parlamentario del PRD