La vigencia de derechos humanos constituye un factor primordial para la legitimidad y viabilidad de un Estado. Una de las variables de mayor peso para considerar que una sociedad y su gobierno son democráticos y modernos es el respeto a los derechos humanos.
En México existe un gobierno electo por el voto libre y secreto de sus ciudadanos, el ejercicio del poder público se divide en tres poderes, existe un pacto federal que establece 31 estados y un Distrito Federal, existen órganos autónomos del Estado mexicano; en materia específica de derechos humanos, hay una comisión nacional y comisiones estales en cada una de las entidades del país; sin embargo, México atraviesa por una crisis de credibilidad y de violación de los derechos humanos.
México no es un Estado en donde todas y cada una de las acciones de gobierno violen o atenten contra los derechos humanos, pero debe reconocerse que existen áreas de impunidad que permiten que este tipo de hechos existan y se reproduzcan en varias regiones del país, lastimando seriamente la convivencia social y la credibilidad de las instituciones.
Un país en donde las necesidades en materia de educación, trabajo, salud, vivienda se garanticen al cien por ciento, pues constituyen grandes tareas nacionales que paulatinamente deben irse cumpliendo.
El problema es muy amplio y complejo. Entre la multitud de factores que influyen en esta crisis se encuentra el círculo vicioso entre la impunidad y la violación de los derechos humanos. El mejor aliciente para cometer un delito o violar un derecho, se encuentra en la posibilidad de que dicha conducta no sea sancionada.
De acuerdo con las observaciones preliminares de la visita de integrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), realizada del 28 de septiembre al 2 de octubre, México vive una grave crisis en esta materia.
En su informe preliminar se señala que: “La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans, entre otros. La violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y contra periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos”.
¿Cuál es la causa de esta crisis según la CIDH? “Los problemas descritos son resultado —dice el informe— de una situación estructural que México padece desde hace décadas. El día de hoy se cumple el 47º aniversario de la masacre ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La masacre continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual, del total de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto. (…) La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es causa y consecuencia de la impunidad que persiste desde la llamada ‘guerra sucia’ y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día.”
Se destaca la situación prevaleciente en los estados fronterizos con Estados Unidos de América: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, entidades que sienten de manera particular la violencia relacionada con el narcotráfico y al crimen organizado. Las principales zonas de tránsito de migrantes: el Istmo de Tehuantepec y los corredores migratorios de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz y Tamaulipas, también resienten la violencia relacionada con el tráfico de drogas y armas, y a la trata de personas. Estados como Michoacán y Guerrero han visto el surgimiento de las “autodefensas” y policías comunitarias.
En su informe, la CIDH reconoce los esfuerzos gubernamentales que en los últimos años se han realizado en la defensa de los derechos humanos y concluye que los avances en materia de protocolos, códigos y leyes, la respuesta estatal enfrenta insuficiencias y obstáculos en su implementación. La CIDH detectó una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas.
Ante esta circunstancia, el gobierno desestimó el punto de vista de la CIDH. En esta materia lo importante será no caer en los extremos o en las descalificaciones. Se trata de integrar un diagnóstico correcto para encontrar soluciones a esta crisis.
No hay que esperar a que el informe definitivo de la CIDH esté listo para tomar cartas en el asunto. La totalidad de las recomendaciones que se realizan son atendibles para reducir la distancia entre lo que las leyes establecen y la realidad que viven miles de compatriotas.
@MBarbosaMX
Coordinador del Grupo Parlamentario del
PRD en el Senado.
