Deslindar responsabilidades en IMSS de Sinaloa para prevenir más fallecimientos de recién nacidos: Angélica de la Peña


La senadora Angélica de la Peña propuso al Senado de la República exhortar al Gobierno del Estado de Sinaloa para que se investiguen y sancionen las posibles omisiones por parte de las autoridades  y personal del Hospital Regional Número 1 de Culiacán, Sinaloa, que tuvieron como consecuencia la muerte de 12 recién nacidos y se proporcione a las víctimas la protección y acompañamiento correspondiente.

 

En su proposición la legisladora del PRD apuntó que en los últimos meses se han suscitado las muertes de recién nacidos en hospitales de diversos estados de la Republica, entre los que destacan Guerrero, Chiapas, Oaxaca y últimamente el caso de Sinaloa, en donde se han registrado 12 decesos en las últimas dos semanas.

 

Recordó que el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya, confirmó que el pasado viernes 18 de septiembre  se detectó la presencia de una bacteria en algunos bebés que se encontraban en el área de terapia intermedia del Hospital Regional Número 1 de Culiacán, sin embargo dijo que no necesariamente la bacteria fue la causa del fallecimiento, pues los bebés estaban en terapia intermedia por otras situaciones, como ser prematuros o tener bajo peso.

 

De acuerdo con estadísticas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, el IMSS es la autoridad federal más señalada por ciudadanos en Sinaloa: de enero a agosto de este año, suman 39 quejas recibidas, un promedio de cuatro cada mes.

 

De la Peña Gómez resaltó que se han aprobado reformas constitucionales que han permitido avanzar en el proceso de adecuación de su legislación interna a la Convención de los Derechos de los Niños, entre las que destaca la reforma al artículo 4°, que incorpora la noción de sujetos de derecho, reconociendo que los niños y niñas son titulares del derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo, y estableciendo que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, mientras el Estado es responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

 

Y explicó que desde el 6 de enero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución por la que se modificó la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993 (NOM 007) que busca disminuir los daños obstétricos y los riesgos para la salud de las mujeres y de sus hijos en el marco de la atención del embarazo, el parto y el puerperio. Esta norma pone énfasis en la realización de actividades preventivas de riesgos durante el embarazo, así como la racionalización de ciertas prácticas que se llevan a cabo de forma rutinaria y que aumentan los riesgos o que son innecesarias. Asimismo, se plantea la necesidad de fortalecer la calidad y calidez de los servicios de atención médica durante el embarazo, el parto y el puerperio.

 

“El Estado tiene la obligación, mediante sus instituciones de salud, de otorgar el acceso y las condiciones óptimas para que a los usuarios les sea facilitado el disfrute del derecho a la salud, con el fin de que se pueda aspirar a una vida integral y de calidad; sin embargo, no sólo es necesario tener los elementos que permitan otorgar un servicio de salud a quienes lo solicitan, sino que es primordial contar con el recurso humano especializado en la materia, con personal capacitado para cualquier circunstancia de emergencia, que brinde certidumbre en el buen manejo de los procedimientos técnicos y conocimientos médicos, necesarios en la práctica de la protección de la salud y de la vida de las personas”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.

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