Es necesario constituir instituciones que garanticen la justicia y verdad jurídica en los casos de desaparición forzada, señalaron los senadores del PRD, Angélica de la Peña Gómez y Fidel Demédicis Hidalgo.
En este sentido, aseguraron que la aprobación del dictamen por el que se solicita al Estado reconocer la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas para que reciba quejas por parte de particulares, es un paso fundamental para reconocer el grave problema que tiene México en esta materia.
“Hoy se requiere de manera explícita que el Estado mexicano reconozca esta jurisdicción, esta competencia para que el Comité, no solamente, como acontece, reciba los informes periódicos de los Estados parte, sino también lo reciba por parte de particulares”, señaló la senadora De la Peña Gómez.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado dijo que además se estaría subsanando la falta que el Estado tiene como parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
“Es cierto que en materia de desaparición forzada de personas y entre particulares, la desaparición forzosa de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso y tenemos que obligadamente decidir de manera puntual lo que estas instituciones que estamos proponiendo deben hacer sin que le demos la vuelta al asunto con la propia ley de desaparición forzada”, aseveró.
En dicha ley, precisó, se debe decidir cuáles serán las instituciones que estarán encargadas de garantizar justicia y veracidad a las víctimas de desaparición forzada y sus familiares.
Por su parte, el senador Fidel Demédicis Hidalgo enfatizó que México tiene una historia negra en este tema y aseguró que el caso de los 43 normalistas desparecidos de Ayotzinapa es una muestra de cómo en el país se vive en un contexto de desapariciones en la que muchas veces participan agentes del Estado.
“Según cifras oficiales de la PGR de 2014, 22 mil 322 personas se encuentran actualmente en el estatus de no localizadas, de las cuales, 12 mil 532 corresponde al sexenio de Felipe Calderón y 9 mil 790 a hechos registrados durante el periodo de Enrique Peña Nieto”, mencionó.
Ante la gravedad de las desapariciones forzadas en México, Demédicis Hidalgo aseveró que el Estado debe adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un Registro Nacional de Desaparición forzada para conocer la verdadera magnitud de este flagelo.
Y redoblar esfuerzos para prevenir e investigar las desapariciones de los migrantes que cruzan el territorio nacional, pues, dijo, actualmente existen serias dificultades en materia de búsqueda e identificación de restos.
“Ante este panorama desalentador para los miles de familiares que se encuentran viviendo este drama de tener un miembro de la familia desaparecido, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, debiera de acatar con carácter de urgente este exhorto”, concluyó.
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