Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, durante el debate acerca del caso Ayotzinapa.
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores:
Realmente creo que es lamentable que acerca de un año de esta lamentable tragedia, no hayamos dimensionado en su justa magnitud los hechos que representan tanto las 43 desapariciones forzadas como las seis ejecuciones extrajudiciales cometidos en el municipio de Iguala de Guerrero, en septiembre del año pasado.
Y regresamos, como ha sucedido en los debates anteriores, en este Senado de la República a la misma retórica discursiva, en tratar de deslindar o perdonar responsabilidades a las acusaciones mutuas y a no querer entender que lo que ha sucedido en Iguala trasciende el ámbito local y da cuenta de la profunda crisis en la que se encuentra el Estado mexicano, la mayor crisis de violación de derechos humanos que hayamos tenido en la historia reciente del país, y el nivel de descomposición, corrupción e impunidad, que permea no solamente a las instituciones de seguridad pública y de inteligencia del Estado mexicano, sino que permea todos los órdenes de gobierno, e incluso, a los partidos políticos.
Y yo creo que deberíamos de asumirlo así, más aún, cuando Iguala es sólo el reflejo de un gravísimo problema de desapariciones forzadas, donde los últimos años, y lo reconoce la propia Secretaría de Gobernación, en nuestro país se han registrado 25 mil 700 personas desaparecidas.
Esa es la dimensión de la crisis en la que se encuentra el Estado mexicano.
Tenemos que asumir, independientemente de colores y de bancadas, que las primeras conclusiones del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha demolido, no solamente a la investigación realizada por la Procuraduría General de la República, sino que ha sepultado la poca credibilidad que existía en las instituciones mexicanas para la impartición de la justicia, pues de acreditarse las conclusiones, estas primeras conclusiones del Grupo de Expertos, se ha acreditado de que la autoridad en sus distintos órdenes, mintió, nos mintieron a todos los mexicanos, mintieron en su verdad histórica y en su verdad jurídica, mintieron, manipularon e hicieron todo lo posible por borrar toda huella y todo rastro sobre los hechos sucedidos en Iguala y en Cocula.
Todas las autoridades estuvieron informadas, como lo ha acreditado el Centro de Comunicación de Seguridad Pública del estado de Guerrero, el C4, quién hizo monitoreo de los estudiantes de la Normal desde la salida de la escuela, su paso por Chilpancingo, su llegada a la terminal de autobuses de Iguala, el registro de los nueve puntos donde fueron agredidos y del levantamiento de los estudiantes por parte de la policía municipal, y después, silencio absoluto, y el C4 tiene información de los acontecimientos que se presentaron después de que los muchachos fueron levantados no sólo por policías municipales, sino también por policías de otras corporaciones.
Mintieron, e incluso, alteraron la reconstrucción de los hechos y alteraron las escenas del crimen, como ha quedado demostrado en esa falta tesis de que los 43 estudiantes desparecidos fueron incinerados en el relleno sanitario de Cocula, lo cual no solamente era técnica y materialmente imposible, sino que hoy se ha quedado plenamente acreditado con peritajes apegados a las normas técnicas y científicas adecuadas.
Ha habido muchos incendios en ese relleno sanitario, el Grupo de Expertos ha hecho el seguimiento de muchos años de cuántas veces se registraron incendios en ese lugar, el 12 de octubre del 2010, el 16 de noviembre de 2013, el 28 de octubre de 2013, el 3 de noviembre del 2014, pero no hay registros de incendio del día donde presuntamente se incineraron a los estudiantes.
Por una razón muy sencilla, porque en primer lugar, y aquí está el reporte del pronóstico del tiempo del Centro de Protección Civil del estado de Guerrero, hubo lluvias esos días, y en Cocula, en el municipio de Cocula, el día 26 y el 27 de septiembre se registraron precipitaciones de 6 y 9 milímetros que hacían imposible que se mantuviera ese fuego, y cosas peor aún, de los restos que supuestamente se atribuyen a los muchachos desaparecidos, la Procuraduría General de la República, recogió estas prótesis dentales de porcelana, que una vez que se ha hecho la investigación y se ha interrogado a todos los padres de familia, ninguno de los muchachos tenía prótesis alguna, no solamente porque no tiene recursos para prótesis de esta naturaleza, sino que por su edad, no era necesario.
Son muchas las pruebas que podemos presentar aquí, pero nos mintieron, les mintieron a los padres de las víctimas, le mintieron a la sociedad en su conjunto, quisieron dar un carpetazo a la investigación, pero hasta ahora, habrá detenidos, autores materiales, pero no hay un solo autor intelectual detenido, porque el señor Abarca, lo dijo aquí la Senadora Padierna, está detenido no por las seis ejecuciones extrajudiciales o las 43 desapariciones forzadas, sino por el homicidio del compañero Hernández Cardona, que es la causa por la cual está detenido el señor Abarca.
Por eso nosotros decimos: que no haya impunidad, que se castigue a los autores intelectuales, sean dirigentes del partido que sea, sean representantes populares del partido que sean, residentes municipales, Diputados locales, Diputados federales o las autoridades de las corporaciones policiacas o de cualquier orden de gobierno involucrado, porque lo que hay que señalar es que también la presencia de presidentes municipales ligados a la delincuencia en Guerrero, no se reduce a Iguala.
Y por lo menos, la autoridad federal ha reconocido 18 municipios en la zona de tierra caliente gobernada por distintos partidos políticos, que han sido intervenidos por la propia autoridad federal, el caso de Arcelia, el caso de Cocula, el caso de Tixtla, el caso de Tololoapan, que no están gobernados por el mismo partido, sino la situación es distinta.
Y yo quisiera, por ejemplo, que en lugar de estar perdiéndonos en otros asuntos, mejor pidiéramos respuestas claras a la Procuraduría. Y yo quiero pedir respuesta a siete hechos concretos que constan en la investigación.
Por ejemplo. Durante la detención por parte de los policías municipales del autobús Estrella de Oro, de número 1531, bajo el puente conocido como el “Chipote” frente al palacio de justicia de Iguala, del cual todos los jóvenes estudiantes que iban a bordo se encuentran desaparecidos, participaron dos patrullas de la Policía Federal de Caminos y Policía Ministerial, y se confirmó la presencia de un agente de inteligencia militar.
Cuál no solo la policía municipal, sino solamente en este hecho intervienen miembros de la Policía Federal de Caminos, de la Policía Industrial y del Cisen, el puente se encuentra a 400 metros de las oficinas del Cisen en Iguala.
Una segunda pregunta. En el kilómetro 135, más 450 de la carretera México–Acapulco, donde atacaron el autobús de los Avispones, a la una 27 de la mañana del 27 de septiembre, la fiscalía de Guerrero levantó siete indicios dentro de los que estaba un dedo humano, del cual no solamente no haya análisis de ADN, sino que no se ha acreditado de quién era.
En materia de información, el coronel José Rodríguez Pérez, comandante entonces del 27 Batallón de Infantería declaró ante la Procuraduría sobre la existencia de un grupo denominado: Órgano de Búsqueda de Información, formado por elementos militares vestidos de civil, que operaron en Iguala ese día, y que tienen que entregarnos esa información.
Al igual que durante la conferencia de prensa que dieron los estudiantes en la calle de Juan N. Álvarez, y Periférico Norte, a los 30 minutos del día siguiente de los hechos, se tienen testimonios de periodistas y de otras personas de la presencia de miembros del Ejército y agentes del Cisen vestidos de civil que no han entregado la información al respecto.
Al igual que agentes del Cisen han declarado que por los antecedentes y 300 vínculos de los estudiantes con movimientos guerrilleros todo el tiempo han estado sujetos a ser monitoreados los estudiantes.
Y finalmente, uno de los mayores vacíos que existen en la investigación es el caso de Julio César Mondragón. El gobierno del estado de Guerrero informó a las nueve y media de la noche del 27 de septiembre de 2014 que el elementos del Ejército Mexicano fueron quienes dieron aviso sobre el hallazgo del cuerpo desollado de Julio César Mondragón en la calle del Andariego, frente a la empresa Coca-Cola, ya no más a 70 metros del C4, del cual sospechosamente se apagaron las cámaras de video vigilancia y no existe video.
Sin embargo, se localizó el equipo telefónico de Julio César Mondragón y se registró actividad de comunicación de ese teléfono tres días después de su asesinato, el 30 de septiembre a las 18:53 horas en un domicilio de Iguala, y evidentemente se presume que el propio homicida se quedó con el teléfono y la Procuraduría debería haber ubicado e identificado el lugar y la persona, eso está en el registro de las sábanas, de la llamadas telefónicas que están en poder de la Procuraduría.
Y hay que entender, una operación de estas dimensiones no puede tratarse de un hecho fortuito de un error, sino de una emboscada, debido que participaron todas las corporaciones policíacas del gobierno municipal, estatal y federal, agentes de inteligencia civil y militares, y esto requiere de una logística sofisticada que llegó al extremo de impedir que no solamente intervinieran oportunamente los paramédicos, sino que incluso los taxistas se negaran a mover a los estudiantes, esto fue una cacería de los normalistas.
Lo que requerimos de la Procuraduría son respuestas y acciones contundentes, ni nuevos peritajes ni dilación ni simulación, queremos que nos digan dónde están los 43 estudiantes, que se haga caso a la solicitud de los padres de la víctimas y que presenten a los estudiantes desaparecidos.
¡Vivos se los llevaron, y vivos los queremos!
Muchas gracias.
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