Intervención en tribuna del senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a efectuar el reconocimiento del Estado Mexicano a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada.
Fidel Demédicis Hidalgo, (FDH): Muchas gracias, Presidente, con su venia.
Compañeros senadores, compañeras senadoras, México tiene toda una historia negra en el tema de las desapariciones forzadas, y sería importante que los Senadores de la República vinieran a fijar aquí su posición para saber si están de lado del dolor y del sufrimiento del pueblo y en defensa de los derechos humanos, de quienes hoy padecen este terrible flagelo, o están a favor de que México siga siendo un país en donde la impunidad recorre nuestra patria sin ningún control.
La desaparición forzada de personas es la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma cometida por agentes del Estado, o personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la “aquiescencia”, del Estado, seguida de la falta de información, o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de las personas, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
Damos esta definición porque es importante que la sepamos diferenciar de otro tipo de desapariciones que también son forzadas, sólo que son forzadas hechas por particulares, en el caso del secuestro, que también es un flagelo que lastima profundamente a nuestro país.
Cuantas veces vamos a preguntar o van a preguntar las personas por sus familiares con el Ministerio Público, ya sea federal o del fuero común, y lo primero que le dicen: aquí no lo tenemos, y después de presión de parte de alguna autoridad o de algún legislador, como es nuestro caso, resulta que sí lo tenía, nada más que le fueron a dar una paseadita, y eso es común en nuestro país, compañeras y compañeros.
El caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es una muestra de cómo en México se vive en un contexto de desapariciones generalizadas, en la que muchas veces participan agentes del Estado cometiendo el delito de desaparición forzada, concluyó el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, en su informe final sobre México.
El Comité insistió que lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, no solo es un caso, o de desaparición forzada, sin que ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado Mexicano en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y la búsqueda de personas desaparecidas.
En este tema México no cuenta con una información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad.
Según cifras oficiales de la PGR, en 2014, 22 mil 322 personas se encuentran actualmente en el estatus de no localizadas, de las cuales 12 mil 532 corresponden al sexenio de Felipe Calderón, y nueve mil 790 a hechos registrados durante el periodo de Enrique Peña Nieto, sin contar, por supuesto, las que no se denuncian por diferentes motivos, demora que haya venganza de quienes ejecutan el acto, pérdida de confianza a las instancias de procuración de justicia, tanto federal como del fuero común.
En estos casos las personas afectadas prefieren no denunciar porque hay convencimiento de que no se hará nada, los restos que se encuentren en fosas clandestinas a lo largo y ancho de México, el cuadro de las desapariciones forzadas en México es dantesco, terrorífico, y lo más graves ignorado por el Estado Mexicano.
Ante la gravedad del caso, de las desapariciones forzadas en México, fortalecido el estado de emergencia que vive el país en el tema de las desapariciones con las recomendaciones del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, quien sostiene, las desapariciones forzadas en México son generalizadas y la mayoría de ellas impunes, la impunidad se demuestra porque existen numerosos caso denunciados y la casi inexistencia de condenas por este delito. Miles de desapariciones forzadas, y solo seis han sido condenadas.
México no cuenta con un registro nacional de desapariciones forzadas, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo, por lo que México debería adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas, México debe redoblar esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de los migrantes que cruzan el territorio nacional.
Existen serias dificultades en materia de búsqueda de personas desaparecidas, identificación de restos y, en particular, que la búsqueda de las personas desaparecidas no se inicia en forma inmediata.
Ante esta panorama desalentador y de desesperanza para los miles de familiares que se encuentran viviendo este drama de tener un miembro de la familia, desaparecido, el ciudadano Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, debiera de acatar sin “chistar”, y con carácter de urgente este exhorto del Senado de la República, que lo conmina a efectuar el reconocimiento a la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
Si desoye este llamado del Senado mexicano, Enrique Peña Nieto sólo confirmará que lo que menos le interesa es el dolor y el sufrimiento de quien tiene familiares desaparecidos de manera forzada, y lo que menos le interesa entonces serían los derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas.
Compañeros Senadores, compañeras Senadoras, hoy un grito desgarrador recorre México de norte a sur y de este a oeste, ni una desaparición forzada más, y vivos se los llevaron, vivos los queremos. Por su atención, gracias.
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